Administraciones, lobos y radiomarcaje, un coctel oscuro

Hoy 14 de febrero quiero hacerme eco de una noticia de hace ya unas semanas. Aunque el tiempo no me da para más y otras historias me lo ocupan, no quiero dejar pasar por alto algo de notable trascendencia y de lo que nos venimos lamentando desde hace décadas los naturalistas, y que tiene que ver con esas administraciones que teóricamente velan por el interés público, pero que a la hora de la verdad no lo hacen siempre, o desde luego nunca cuando de lo que hablamos es del lobo ibérico (Canis lupus signatus).

Una administración pública es el conjunto de instituciones u organismos públicos de ámbito estatal, autonómico, provincial o local que sirven a los intereses generales de los ciudadanos con objetividad, prestando los servicios públicos que les sean competentes y cumpliendo la legislación vigente, que es, por supuesto y dicho sea de paso, lo mínimo que esperamos de ellas.

Vale, sabiendo esto sería lógico pensar que las instituciones son valedoras del interés general y cumplen la Ley. Dicho de otra manera, estaríamos todos de acuerdo en que, en ese hipotético supuesto, sería innecesario que la sociedad civil fiscalizara sus actuaciones. Pero lo lógico aquí sería lo ingenuo cuando hablamos del binomio Administración / lobo; sería en realidad, para qué engañarnos, como vivir en los mundos de Yupi. ¿Una institución pública poniéndose de parte de la conservación, protección y defensa de esta especie?, ¡¡pero hombre, por Dios, a dónde vamos a llegar!! Y es que la historia se vuelve muy terca, y se empeña en demostrarnos que los organismos públicos han estado siempre del lado del gatillo y la mira telescópica, y nunca del lado de la protección del cánido.

La noticia de hace unas semanas a la que hacía referencia en la primera frase reza lo siguiente: "El TSJA ordena entregar a los ecologistas toda la documentación sobre los radiomarcajes de lobos"; y tras el título, la entrada amplía: "Los jueces dan la razón a la asociación ASCEL, que defendió su derecho a acceder al expediente, e insta al Principado a remitírselo".

¿Pero cuáles fueron los antecedentes que han terminado con una nueva sentencia judicial contraria -otra más, ¡y van ya tantas!- a una institución pública y sus opacas maniobras en la gestión del lobo?

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) había solicitado ya en noviembre de 2021, tanto a la Universidad de Oviedo como al CSIC, información sobre el proyecto de radiomarcaje que el Principado de Asturias estaba llevando a cabo, y al propio ejecutivo asturiano en febrero de 2022 ante las anomalías que parecían rodear el proyecto llevado a cabo por un gobierno autonómico empeñado en eliminar lobos en vez de protegerlos, y tras las sospechosas muertes por furtivismo o desapariciones de ejemplares con collares GPS (entre un 14% y un 23% de los animales radiomarcados desde 2017). El FAPAS igualmente había solicitado información a la misma Universidad de Oviedo que, a través del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad, (constituido por la citada universidad, el CISC y el propio Principado de Asturias) parece ser la responsable de realizar sobre el terreno los trabajos de seguimiento encargados por el ejecutivo autonómico, al detectar lobos con collares GPS, algunos de ellos lesionados, por evidentes intentos de captura en vivo, que aparentemente solo podrían corresponder con el proyecto autonómico de radiomarcaje.

Todos estos temores y sospechas más que fundadas de que las cosas se estaban haciendo mal y, quizás, con una finalidad real que a más de uno pudiera parecerle bastante menos loable de lo que la institución autonómica decía (habida cuenta del historial lobicida que precede a dicha administración y a los ejemplares marcados que ya habían muerto), se parecieron confirmar un día 1 de septiembre de 2022 cuando ocurre un incidente con un investigador que dice tener 5 trampas de captura en vivo en la zona y que es llevado a declarar a las dependencias de la Guardia Civil tras caer la mascota de un vecino en una ellas sin señalizar y de localizarse en la zona una cámara de fototrampeo, todo ello aparentemente sin disponer de todos los preceptivos permisos reglamentarios.

Con todos estos preliminares, que el estudio científico de una universidad no trascienda públicamente a través de publicaciones académicas o divulgativas después de seis años de investigaciones y que del mismo no se sepa absolutamente nada de nada tras el paso de más de un lustro desde su inicio ya resulta algo más que extraño y sospecho, debido a los antecedentes que hemos comentado, por tratarse de una especie de la que se mantiene todo en el más hermético oscurantismo, y porque se trata de la iniciativa de una administración autonómica que siempre se ha prodigado en declaraciones y, lo que es más grave, actuaciones contrarias a la conservación y protección del lobo. Como el mismo FAPAS denuncia en su artículo "Lobos radiomarcados; un fraude sin precedentes" Ni siquiera, el trabajo de seguimiento del lobo ha sido utilizado por el Gobierno de Asturias para realizar los documentos técnicos que reflejan el censo poblacional de esta especie en la región". Entonces, si años de investigaciones y seguimiento no están sirviendo para la realización de los censos poblacionales, todos nos preguntamos para qué diablos se está llevando a cabo este proyecto científico, qué se está haciendo con toda esa información obtenida, y, lo que da más miedo, si dicha información está realmente a salvo o no.

La verdad es que, partiendo de quienes parten, nos ponen muy difícil no dudar de los objetivos reales de este tipo de investigaciones, así como de que existan filtraciones interesadas o del posible uso y abuso final que se pueda hacer de esa información privilegiada, máxime cuando varios de estos animales radiomarcados ya han caído furtivamente por lazos y disparos, o han desaparecido sin dejar rastro alguno a pesar de llevar un collar. Resulta un temor fundado que este tipo de estudios acabe siendo usado contra la especie por terceras personas, ¿verdad?, y tanta opacidad y oscurantismo en lo que podría ser simplemente una investigación científica más no hace sino acrecentar los temores en este sentido.

Volviendo a la noticia que da pie a esta nueva entrada y enlazando con todo lo anteriormente dicho, hay que recordar e insistir que este derecho a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente está regulado por una Ley (la 27/2006 de 18 de julio, que transpone a nuestra legislación nacional las directivas europeas 2003/4/CE y 2003/35/CE) que se supone el Principado de Asturias debería cumplir. Sin embargo, el gobierno del socialista Adrián Barbón, haciendo gala de un insultante desprecio a la ciudadanía y a las leyes, ni siquiera llegó a tramitar la solicitud de información, al considerar que ¡¡¡ASCEL no era un actor interesado en el expediente!!! Hay que ser muy prepotentes y anti-demócratas para, desde una administración pública que está al servicio del interés de la sociedad, negarle a la misma algo que le pertenece y que viene regulado por Ley, como es en este caso el derecho a la información en materia de medio ambiente a una asociación que ha hecho por esta especie más de lo que era esperable conseguir, viendo al Goliat contra el que se tiene que enfrentar constantemente. ¿Cómo puede alegar el ejecutivo autonómico que ASCEL no es parte interesada en las acciones que ese gobierno lleve a cabo en relación al lobo ibérico? Es simplemente ofensivo. Como ofensivo es que sea el modus operandi habitual de estas instituciones en su gestión de la especie, pues su opacidad y secretismo son el pan nuestro de cada día.

¿No habría sido mucho más fácil que estos proyectos de radiomarcaje, si no tenían en realidad nada que ocultar, se hubieran caracterizado por la transparencia y la justificación del interés científico? Y es que cuando no hay transparencia hay sospecha, y todo parece indicar que algo se está haciendo mal en detrimento del interés general.

Pero sigamos. Tras el necesario recurso contencioso administrativo que elevó la asociación en abril de 2023 para obligar al gobierno autonómico a cumplir la Ley, hemos conocido por fin la sentencia firme en febrero de este año 2024, en la que el tribunal ordena al ejecutivo proporcionar a la ONG el citado expediente, censurando y reprendiendo al ejecutivo autonómico su actitud contraria a la Ley, justificando en su escrito que "... la falta de tramitación del expediente administrativo y la invocación de una pretendida falta de interés legítimo para solicitar la información, ... / ... es una conducta especialmente reprochable de la Administración".

Pero, amigos, cuando hablamos en plural al hacer referencia al oscurantismo y las malas praxis en las actuaciones de estos organismos públicos en relación a la protección del lobo es porque es el modo de actuar de todas ellas, y la historia reciente viene a demostrárnoslo. Como dirían algunos, ahí está la hemeroteca para desengañar a los incrédulos. Hoy mismo, por ejemplo, aparece en la prensa nacional que ASCEL ha denunciado también a la Junta de Castilla y León por unos hechos que igualmente están relacionados con ese sospechoso y repentino interés -como si de una infección vírica se tratara- por radiomarcar lobos que les ha entrado a las mismas instituciones que antes los tiroteaban como si no hubiera un mañana. Así, en la provincia vallisoletana miembros de esta asociación descubrieron otro lazo de captura en vivo y hasta cinco cámaras de fototrampeo, además de otra de vigilancia fija, en un camino público y sin señalizar, algo a lo que obliga la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. No es algo subjetivo que las instituciones públicas deben ser las primeras en dar ejemplo del escrupuloso cumplimiento de la Ley, para que moralmente puedan después hacerla cumplir al resto de los ciudadanos con verdaderos argumentos. Sin embargo, aquí, además de este vergonzoso incumplimiento de la legislación, se ha puesto nuevamente en peligro la integridad física de las personas y de los animales, tanto domésticos -como ya sucedió en Asturias- como silvestres -como también denunciaron en el Principado los miembros del FAPAS-. Y hablando de Valladolid, obviamente se nos viene a la cabeza que hace tan solo unos meses ASCEL denunció ante las fuerzas de seguridad la muerte de varios lobos en esta provincia castellana.

Las cuantiosas partidas presupuestarias que el MITERD pone a disposición de las comunidades autónomas para llevar a cabo la protección y conservación efectiva del lobo ibérico no deberían estar siendo usadas para otros fines que no sean esos mismos, pero aquí parece que la duda de la sospecha envuelve inevitablemente el destino que hacen de estas inversiones esas CCAA que siempre se caracterizaron por la férrea persecución de la especie. Es lamentable que debamos ser los ciudadanos los que tengamos que vigilar, y denunciar en su caso ante los tribunales o los cuerpos de seguridad del Estado, a las mismas instituciones públicas que deberían, muy por el contrario, velar por el interés general y el estricto cumplimiento de la Ley. La propia inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) en septiembre de 2021 solo tuvo lugar tras otro Recurso Contencioso Administrativo que interpuso ASCEL ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras el silencio administrativo con el que el MITERD respondió al procedimiento reglado de inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas que impulsó dicha asociación, algo que era de obligado cumplimiento.

Sí señores, los hechos y el paso del tiempo son cabezones y nos vienen demostrando un par de cosas: la primera y más deplorable, que es la sociedad civil la que tiene que fiscalizar a las instituciones públicas y, en su caso, obligarlas a cumplir con su cometido de servidores de lo público, al menos cuando hablamos del lobo; y, segundo, que la protección de esta especie se dirime más de lo que debería ser lógico en un país moderno en los juzgados. Lo grave es que esto va más allá de ser una cuestión puntual relacionada meramente con el medioambiente, es un cáncer extendido entre gestores y políticos que supone un modo de gestionar lo público sin pensar en lo público (la sanidad después de la pandemia o la educación son dos buenos ejemplos).

Tras la protección del lobo en 2021 las cosas no parecen haber cambiado en exceso, la lucha por su protección efectiva continúa. Y ahí nos encontrarán las administraciones, vigilantes y atentos a sus acciones.