La responsabilidad de la Junta

Esta vez intentaré ser conciso, lo juro, pero igual de claro que siempre. Hace solo dos días dedicaba la entrada previa a hacer algunas reflexiones personales -pero compartidas por un gran número de personas- sobre la necesidad de prohibir por Ley la caza en determinados espacios y circunstancias alegando, entre otras cosas, la larga experiencia acumulada que tenemos en muertes de osos por disparos durante la práctica de esta actividad (y otras especies, como linces, por ejemplo), en cuyos casos los cazadores implicados siempre han alegado en su defensa que el suceso solo fue un desafortunado "accidente de caza". En otras ocasiones directamente los osos han desaparecido para siempre sin dejar rastro justo al comenzar la temporada cinegética, ¡qué casualidad!. Y en otras ni siquiera se tiene constancia de su desaparición hasta que años después se localiza fortuitamente algún ejemplar en un estado de conservación tan malo que imposibilita ya conocer las causas de su muerte.

Hace solo dos días de esas reflexiones. Pues bien, ayer 27 de febrero la Fundación Oso Pardo se hacía eco de la reciente sentencia dictada contra el cazador que disparó y mató a una osa en noviembre de 2020 en un Espacio Natural Protegido que casi podríamos denominar como un "sumidero de osos", ya que es en lo que parece se ha convertido el norte de Palencia por la escandalosa gestión que viene haciendo la Junta de Castilla y León, y más concretamente en el Parque Natural Montaña Palentina. En esta sentencia se condena al delincuente a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para la caza, así como a pagar a la Junta de Castilla y León 17.505,95 € en concepto de responsabilidad civil, siendo esta una cantidad muy inferior a la solicitada por la fiscalía y la propia FOP. Según explica la misma fundación en su nota, esta "... reducción obedece a que la sentencia considera que debería haberse suspendido la cacería en el momento en el que se tuvo conocimiento de la presencia de la osa con el osezno en la zona a cazar". Esto es extraordinariamente relevante porque viene a decir que la Junta de Castilla y León es responsable también de la muerte de esa osa por AUTORIZAR la batida a sabiendas de su presencia con la cría. Vamos, lo mismo que venimos denunciando desde hace años sectores sociales en favor de la protección efectiva de las especies más vulnerables y contrarios a una actividad cinegética que ya se ha demostrado en demasiadas ocasiones como muy peligrosa, tanto para las personas como para las especies protegidas.

Ecologistas en Acción Palencia, entidad que se personó igualmente en la causa, llegó a solicitar la imputación por prevaricación por omisión del propio Director del Parque Natural Montaña Palentina, así como de la Directora de la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas (otra vez coincidiendo la fraudulenta protección de un espacio natural con la muerte legal de sus animales para diversión de una minoría), ya que " ... todas las pruebas y testigos coincidían en que la cacería no debió celebrarse de ningún modo en ese lugar y que ambos Directores disponían de información suficiente sobre la presencia de la osa y la cría. No es la primera vez que se ha disparado a ejemplares de oso pardo en el transcurso de la celebración de cacerías en la Reserva Regional de Caza (14 de octubre de 2012 en Vañes, el 18 de noviembre de 2917 en Pernía, el 1 de noviembre de 2022 en Vañes). Como han reconocido en sede judicial ambos directores, no es un problema nuevo y son plenamente conocedores del conflicto ...".

Por poner otro ejemplo de tantos, en el post que titulé Caza, furtivismo y descontrol denunciaba el caso de las actividades cinegéticas que se llevaron a cabo en el mismo lugar donde se había liberado un cachorro de oso rescatado por unos vecinos cuando estaba a punto de morir, y recuperado por los veterinarios de la Junta de Castilla y León: un rececho al corzo al día siguiente de la liberación y una batida al jabalí dos días después. Leerlo, sin desperdicio, pero os darán arcadas comprobar cómo la Junta de Castilla y León antepone la protección de la caza a la de la fauna. 

En fin, amigos, una completa vergüenza. Es más de lo mismo. Pero aunque el hartazgo de observar cada día este tipo de actuaciones administrativas -direccionadas en favor de la caza y en detrimento de la conservación de nuestra biodiversidad- sea tan mayúsculo, no vamos a cejar en nuestro empeño de señalar a los que consideramos directos responsables de esta caótica y surrealista gestión.

- Se autoriza a unos privilegiados cazar en manchas de monte en las que se refugian especies protegidas, arriesgando las vidas de dichos animales.

- Cuanto menos, se autoriza a los cazadores a molestar y perturbar a dichas especies, algo que en realidad está prohibido por la ley.

- Se autoriza todo ello a pesar de los numerosos "desafortunados accidentes de caza" ya ocurridos. 

- Por el contrario, se prohibe el tránsito al resto de ciudadanos y se nos echa del lugar si en la zona se va a cazar.

- Pero es que, además, los responsables últimos de la administración conceden las autorizaciones aun sabiendo de la presencia de estos animales, poniendo por lo tanto en un grave peligro su integridad.

Y volvemos al conflicto increíble que comentábamos en el blog hace tan solo un par de días: todo esto sucede a menudo en terrenos cinegéticos que forman parte de los Espacios Naturales Protegidos, siendo en muchas ocasiones Reservas Regionales o Nacionales de Caza, es decir cotos públicos que nos cuestan dinero a todos los españoles. Las administraciones se lo tienen que hacer mirar. Desde el gobierno central para aprobar leyes que, no solo prohiban la caza en todos los ENPs del país, sino que endurezcan las condiciones en las que esta actividad peligrosa para el resto de los ciudadanos se pueda practicar, hasta los autonómicos para que de una puñetera vez legislen de verdad en materia de medio ambiente con un poco de cordura, anteponiendo la conservación efectiva de la fauna y el derecho de la ciudadanía a disfrutar de un medio ambiente sano y protegido, a los intereses de un colectivo minoritario cuya actividad resulta peligrosa para la conservación de las especies vulnerables y para la integridad de las propias personas.

¿Verán nuestros ojos el reconocimiento institucional de estos problemas? ¿Entonarán alguna vez el mea culpa y pondrán sobre la mesa las herramientas que solucionen estos conflictos? ¿Legislarán por fin en favor del interés general y de la verdadera y escrupulosa conservación del medio ambiente? ¿Se restringirá algún día la caza en determinadas circunstancias para velar por los derechos de la mayoría de los ciudadanos y de la propia conservación ambiental? ¿Se endurecerán por fin las condiciones en las que esta actividad se podrá realizar como esparcimiento?

Soy pesimista, pero seguiremos atentos a las barbaridades de las administraciones.