El verbo "dimitir"

Ayer numerosos medios de comunicación (1,2,3, etc) se hacían eco de la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que acaba de declarar ilegal la autorización de cazar 339 lobos (entre 2019 y 2022) aprobada por nuestro penoso gobierno autonómico, ratificando así una vez más la gestión contraria al bien público que ha venido haciendo la Junta en materia de medioambiente, y en especial en la protección de la biodiversidad de nuestra región, de la que el lobo (Canis lupus signatus) es una pieza fundamental y necesaria. Desde la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, garante de la especie y denunciante ante los tribunales de dicho plan ejecutor, piden que se asuman por ello responsabilidades políticas y sean cesados todos los implicados de este enésimo varapalo judicial.

Que la Junta de Castilla y León ha sido verdugo directo o instigador de la muerte de cientos de lobos, tanto al norte como al sur del Duero -muchos de ellos con recursos públicos, tanto humanos como económicos- es lo suficientemente grave como para que rueden ahora algunas cabezas políticas. Desde el año 2008 autorizaron sin ningún escrúpulo el sacrificio, nada más y nada menos, que de 1.847 ejemplares de una especie que en realidad se encontraba en un Estado de Conservación Desfavorable e Inadecuada -que es algo que no decide ningún gobierno autonómico, y tampoco la Junta de CyL-, con una población falta de variabilidad genética que actualmente es solo algo mayor que la del lince ibérico, de unos 2.500 individuos frente a los más de 2.000 del felino. La obstinación por acabar con cuantos más lobos mejor al mismo tiempo que decían querer su conservación ha parecido tener rasgos sencillamente psicopáticos. La obsesión lobicida del Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial, ese ser llamado Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, el no menos incalificable José Ángel Arranz Sanz, vuelve a quedar en evidencia con esta nueva sentencia contraria al gatillo y la mira telescópica, y pone en un brete la capacidad de estos señores para llevar a cabo su trabajo.

Es un suma y sigue de desencuentros judiciales que deberían ser suficientes para que los ceses se hicieran efectivos ya: el primer plan de gestión del lobo de 2008 también fue echado abajo en los tribunales, como lo sería unos años más tarde el segundo de 2016, y como fueron tumbados por los jueces los odiosos Planes de Aprovechamientos Comarcales para la especie de la temporada 2010-2011, primero, los de la temporada siguiente, después, lo mismo que los de 2015-2016, y finalmente los de 2018-2019. El último tirón de orejas se lo dio incluso Europa con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la manifiesta ilegalidad de matar esos 339 lobos. Ahora esta última sentencia de la justicia española solo certifica que ese curioso modelo de "protección y conservación" del cánido no es el correcto. Vamos, que no es ni medio normal masacrar institucionalmente una especie que presenta un estado de conservación malo. Y son los ciudadanos, principalmente a través de esta ONG, y los jueces quienes se lo tienen que recordar a esta cada vez más patética Junta de Castilla y León: NO SE PUEDE MATAR LOBOS. ¿Cómo hay que decírselo a estos señores?

Pero claro, ¿qué podemos esperar de una administración que si por algo se ha caracterizado ha sido por fomentar e inflar peligrosamente el conflicto, en vez de por minimizarlo, mintiendo con el estado de conservación del depredador, y polarizando el problema con demagogia y falsas dicotomías entre "lobo o ganadería", dando cancha a los intereses de un sector privado que muy a menudo se niega a poner medios de protección en sus explotaciones, y despilfarrando el dinero público en matar y matar ejemplares, mientras critica a la sociedad civil por defender un interés común y público como lo es nuestra biodiversidad. Y todo esto con el único fin de rascar votos en el medio rural. La indecencia política de estos señores es mucho más que descomunal, es infinita. Esto ya quedó muy bien demostrado tras el desastre de los incendios de la sierra de La Culebra cuando ningún alto cargo dimitió o fue cesado, y cuando ni siquiera se hizo autocrítica de la nefasta responsabilidad que se tuvo en la gravedad final de lo ocurrido como consecuencia de las decisiones políticas tomadas a priori.

En este blog ya he pedido varias veces la dimisión de este horrible Consejero y lo vuelvo a hacer ahora. No sabes hacer tu trabajo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y tu ineptitud y torpeza nos cuesta mucho dinero a la sociedad; no te ganas el sueldo que cobras, ni lo mereces, porque además lo haces con pleno conocimiento de causa. Si hubiera un delito en nuestro Código Penal que condenara la incompetencia política que costara dinero al erario público, serías juzgado y condenado, no lo dudes. Pero lo peor es el coste que tus decisiones han tenido a nivel ambiental. En el futuro lo sucedido en La Culebra y la gestión del lobo en nuestra región serán dos símbolos de cómo la sucia política puede destruir nuestra naturaleza, y de cómo lo peor de aquella afecta de un modo directo a nuestro medioambiente, por ejemplo con una pésima política forestal o autorizando el exterminio de cientos de lobos.

"Dimitir" es el infinitivo de un verbo intransitivo que significa que un ser que nos produce un gran desprecio renuncia a su poltrona para siempre y nos deja por fin tranquilos a los demás, ciudadanos de bien a diferencia del susodicho. Existe el verbo "dimitir", señor Juan Carlos Suárez-Quiñones, se lo subrayo por si no es de su conocimiento; úselo, por favor, en primera persona del singular de indicativo. Y si lo hace en plural junto con José Ángel Arranz y algún otro responsable de la muerte de cientos de nuestros lobos ibéricos, pues muchísimo mejor, ¡'ande va usted a parar!, la sociedad se lo agradecerá, téngalo por seguro, en la misma medida en que lo hará nuestra naturaleza.

Dimitan, pues, no les cabe otra salida si tienen un mínimo de verguenza.

La burbuja social de la caza

Hace unos días trasteé como otras muchas veces por el Parque Regional de la Sierra de Gredos, máxima figura legal de protección de la naturaleza gestionada por la comunidad autónoma castellano-leonesa, análoga a la figura de protección que ostentan los parques nacionales de gestión estatal. Estas figuras de protección llevan implícito en su propio espíritu dos aspectos fundamentales, hasta el punto de llegar a ser parte de su propio ADN. Por un lado, obviamente la custodia y amparo de la biodiversidad que en el ecosistema en cuestión se pretenda conservar, así como sus valores geológicos, etnográficos, etc. Y por otro lado, que la declaración de las citadas figuras de protección representen un activo añadido para el disfrute de toda la sociedad española, a la par que generador de un estímulo económico en las comarcas afectadas.

Pues bien, aunque ya no me sorprenda, una vez más regresé a casa muy cabreado por algunas situaciones que venimos sufriendo muchos usuarios de este parque regional, condicionados por el uso cinegético que del mismo espacio hace la Reserva Regional de Caza de la Sierra de Gredos y ese minúsculo porcentaje de personas que se divierten con un arma entre las manos. Por mucho que lo intenten justificar haciendo malabarismos dialécticos, no es compatible la gestión de protección ambiental que se hace en un parque natural o regional, con la matanza de fauna por parte de ningún coto o reserva de caza que comparta los mismos terrenos. Matar animales por diversión no soluciona problemas ambientales, sino que los genera. Además, hacer que convivan en un mismo espacio un elevado número de turistas con unos cuantos cazadores es un evidente factor de riesgo para los primeros, no respetándose a veces ni siquiera las rutas excursionistas balizadas y homologadas.

O se protege, o se mata, pero estas dos filosofías opuestas no pueden convivir desde ningún punto de vista en el mismo territorio. Por desgracia, no nos engañemos, son problemas que suceden también en el resto de espacios naturales protegidos españoles, a excepción de los parques nacionales. Sería muy interesante conocer el número de personas que se acercan a cazar a este parque regional y el de los que lo hacemos para otros usos recreativos. Con seguridad, por cada cazador seremos muchos centenares los excursionistas y montañeros que nos acercamos a Gredos al cabo del año; sin embargo, la práctica de la caza deportiva que practica ese reducido número de personas y el uso que dicho colectivo hace del espacio, nos condiciona al resto de usuarios, inmensa mayoría, siendo además una actividad contraria a la conservación y protección de la fauna. 

Pero esta vez ¿cuál es el por qué de ese mosqueo? Pues la foto de debajo es lo suficientemente explícita como para entender mi enfado. Me explico.

¿Qué vemos en ella? Pues vemos el típico cintajo de plástico contaminante (que todos tendríamos prohibido abandonar en el campo, y máxime en un espacio natural protegido) con el que los cazadores señalan los puestos de tiro en las batidas al jabalí, al ciervo, al zorro y, como sucede en muchas ocasiones, a todo lo que se cruce. Una sucesión así de llamativas cintas a lo largo de una pista o cortafuegos conforma la línea de tiro (con un número indeterminado de puestos/rifles) a la que serán empujados los animales del lugar mediante las rehalas de perros y los voceros que las dirigen en esas modalidades tan faltas de ética y humanidad como son las batidas y las monterías. ¿Y qué más vemos en la foto? Pues intuimos una ladera que asciende por la derecha de la imagen y vemos que baja por la izquierda de la misma hacia el valle. Y observamos también y con estupefacción que la pista en donde se situarán todos los tiradores -cada uno junto a su cintita- se presenta tapizada de piornos, hasta el punto de que cubriría a gran parte de las especies animales que por allí pudieran atravesar. En definitiva, vemos un lugar con, mala no, malísima visibilidad, lo que impediría identificar con tiempo suficiente qué es lo que viene, se aproxima o cruza por el camino. Y es precisamente ahí, en un entorno sin visibilidad, donde se sitúan los tiradores con el dedo en el gatillo, ansiosos por apretarlo. ¿Os imagináis una situación más peligrosa para la gente que, como yo hace unos días, pueda estar de excursión por allí?, porque las batidas se señalizan en los accesos principales y obvios, en las entradas de los caminos, junto a las carreteras, en las pistas forestales, etc. pero no en cada una de las múltiples sendas y vericuetos que puede haber en la montaña. ¿Qué pasa si en ese valle hay excursionistas o montañeros que no proceden de esos puntos de inicio en los valles, sino de arriba? ¿Qué pasa si hay un extraviado y va monte a través? porque estamos hablando, señores cazadores, de un parque regional donde las actividades de montaña son practicadas por cientos de excursionistas que se reparten por gargantas, valles, cuerdas y lagunas, cada fin de semana y festivos. Cientos. ¿Cómo se puede ser tan irresponsable de poner la línea de rifles a lo largo de una pista que no tiene una visibilidad perfecta, como sí sucedería por ejemplo a lo largo de un cortafuegos amplio y limpio?

Todos los años hay diversos accidentes mortales de caza en nuestro país, pero no parece que sea una prioridad minimizarlos, ni para los cazadores ni para las administraciones. Buen ejemplo de ello es la alucinante reducción de las distancias de seguridad que existían con anterioridad para cazar en las proximidades de los núcleos urbanos (ahora a 150 m), vías de comunicación (ahora a 50 m de las autopistas, autovías y carreteras) o vías de ferrocarril en uso (ahora a 25 m) en la nueva Ley de Caza de CyL de 2021, Artículo 30, sobre las zonas de seguridad. Es sencillamente escandaloso. Pero que esta falta de responsabilidad suceda, además, en un espacio natural protegido que atrae a miles de excursionistas y montañeros es, como mínimo, demencial.

No es, sin embargo, el riesgo para las personas el mayor problema -aunque sí el más grave si un día llega a ocurrir una desgracia- puesto que en general todos podremos advertir la presencia de una batida con suficiente antelación. El mayor problema es que en una pista así solo se puede "tirar a bulto" en la mayoría de los casos, puesto que la vegetación impide ver qué viene, qué cruza y qué diablos es. En un terreno así solo queda disparar primero y comprobar después si lo que ha caído es un jabalí o, por el contrario, una especie no cinegética. O peor aún, una especie protegida. Salvo los ciervos que superan la altura del matorral, el resto solo serán manchas fugaces atravesando la pista en un visto y no visto. Alguien ve algo marrón, un lomo pardo que pasa entre los piornos y simplemente aprieta el gatillo en las décimas de segundo que esa mancha móvil es visible, porque acto seguido desaparecerá definitivamente. Si lo que cae en vez de un jabalí es un lobo ... se silenciará, entre risas y palmaditas en la espalda; si lo que revientan es un gato montés en vez de un zorro ... en fin... mala suerte,... pa'l matorral irán sus restos; si es un corzo fuera del período en el que se puede cazar ... pues mira, pa'la saca y aquí mutis por el foro. Unos pocos osos ya han sufrido las consecuencias de demasiados dedos ansiosos sobre los gatillos, pero no aprendemos. O, peor aún, simplemente no le importa un bledo a nadie.

La irresponsabilidad es terrible. 

Es curioso que entre las muchas prerrogativas que se aplican a los cazadores respecto de otros colectivos que también usamos el campo como lugar de esparcimiento, encontremos el abandono sistemático de estos cintajos de plástico, además de los consabidos cartuchos de caza que los excursionistas vamos viendo por doquier (¡qué raro, no, con lo amantes del campo que son!) y que muchos vamos retirando del suelo en cada excursión, como sucedió el otro día, sin ir más lejos. Los organizadores de carreras de trail o de bicicleta de montaña tienen obligación de retirar toda la señalización que sitúan en cruces y veredas, lógicamente. Es algo que todos comprendemos y que los propios organizadores de los citados eventos deportivos llevan interiorizado en la actualidad. Entonces, ¿por qué los cazadores son una excepción a esta norma tan básica de no abandonar mierda en el campo? (sintomático, sin duda, del "muchísimo amor" que profesan por la naturaleza) ¿Alguien me lo puede explicar? 

- Sí, yo, -dirá alguno-: es que esos puestos de caza son usados de nuevo en la siguiente temporada cinegética, y así no tienen que ponerlos de nuevo cada año, ni tienen que subir los días previos a la batida para instalarlos, lo que implica un trabajazo de la leche.

Y dio yo: ¡¡¡y a mí qué diablos me importa eso!!!, el campo hay que dejarlo limpio, señores cazadores amantes de la naturaleza, exactamente igual o mejor a como estaba antes de llegar nosotros a él, y eso les incumbe también a ustedes. En los eventos deportivos se retiran las cintas, aunque al año siguiente se vuelva a celebrar la misma carrera. ¿Entonces?, ¿tienen algún problema los cazadores en hacer ellos lo mismo? ¿Y lo tienen, cuando esto sucede incluso en un espacio natural protegido, como en el caso de este parque regional? Pues pareciera que sí, que tuvieran el problema de sentirse amparados en todo lo que hagan, de imaginarse por encima de los demás y de creerse los dueños del mismo campo que pisamos todos. Pareciera, en definitiva, que se creen con más derechos y menos obligaciones que la gran mayoría de la sociedad.

Estas actitudes confirman -aún más si cabe- a esta sociedad moderna preocupada por la sostenibilidad ambiental, que los cazadores están muy lejos de ser "los primeros conservacionistas" del planeta, como a veces ellos se arrogan para sí ante los medios de comunicación (será ironía cuando lo dicen, digo yo, ¿no?). Porque todos estos hechos se vienen a sumar a una cada vez más amplia retahíla de evidencias que vienen a confirmar que el mundo de la caza está verdaderamente alejado de la sociedad. Viven en una burbuja aislada de la realidad actual. Privilegios como poder circular con sus 4x4 por pistas que permanecen prohibidas a otras actividades recreativas en el campo; que las modificaciones de las Leyes de Caza autonómicas suavicen, o incluso eliminen, ciertas restricciones existentes anteriormente a la actividad como en lo referente a las distancias de seguridad a núcleos de población o vías de comunicación que mencionaba anteriormente; que terrenos particulares puedan ser incluidos en los cotos sociales sin la autorización de los propietarios, que se ven así obligados a comunicar previamente (si se enteran a tiempo) su No Autorización, cuando lo lógico y justo sería hacerlo al revés, que aquellos que deseen incluirlos en el acotado lo autoricen; que los perros que usan para su actividad se vean excluidos de las mismas consideraciones que el resto de perros en la nueva Ley de Bienestar Animal; o que a ellos increíblemente sí se les permita molestar y perturbar a la fauna protegida, con batidas al jabalí en laderas con nidificación de buitres negros, por ejemplo, o con presencia de osas con crías o de cachorros de lobo; y que incluso se les permita cazar en Espacios Naturales Protegidos, expulsando de ellos al resto de usuarios (bajo penas de sanción graves en Castilla y León, con multas de 2.000,01€ a 10.000 €), no hacen sino incrementar el aislamiento social de ese mundo añejo y cada vez más trasnochado en el que viven los amantes del gatillo y la sangre. No tenemos muy lejos aún el recuerdo de cuando varias comunidades autónomas -entre ellas la de Castilla y León- permitieron a los cazadores seguir practicando su actividad letal durante el confinamiento por la COVID-19 en base a una absurda "urgencia ambiental", inventada para privilegiarlos, mientras los demás estábamos enjaulados en nuestras casas. De risa la disculpa que esgrimieron.

Y que esa discriminación positiva que ampara la actividad cinegética suceda además en todos los parques naturales es simplemente indignante, cuando no solo condiciona el uso recreativo y turísitico de los mismos para el resto de los ciudadanos -insisto una y otra vez, inmensa mayoría-, y representando un riesgo evidente, sí o sí, para los excursionistas, además de para las especies protegidas y las no cinegéticas. La caza sigue siendo, por desgracia, una actividad mimada por todas nuestras administraciones autonómicas y nacionales muy por encima de lo que debería ser lógico, y esto sucede a pesar de ser la responsable de numerosos accidentes de caza que involucran a otros usuarios del campo, a pesar de la coacción que impone sobre nuestro derecho al libre tránsito por el territorio a la inmensa mayoría de los españoles, y muy a pesar de los graves problemas ambientales de diferente índole que están asociados a la propia actividad, como algunos incendios forestales, el uso del veneno -especialmente en los cotos de caza menor-, el absurdo y contraproducente control de predadores, o la sempiterna manía de soltar animales de granja, con las derivas genéticas e hibridaciones que llega a generar.

Y es que con ellos gestionando así el 80% del territorio español es literalmente imposible que nuestros campos se encuentren en buen estado de conservación, ¿o es que a alguien puede extrañarle que todas esas ingerencias no afecten negativamente a nuestra naturaleza?, ¿es esta la manera que tienen de demostrarnos su amor por ella?, ¿o lo es simplemente por sus propios intereses?