El verbo "dimitir"

Ayer numerosos medios de comunicación (1,2,3, etc) se hacían eco de la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que acaba de declarar ilegal la autorización de cazar 339 lobos (entre 2019 y 2022) aprobada por nuestro penoso gobierno autonómico, ratificando así una vez más la gestión contraria al bien público que ha venido haciendo la Junta en materia de medioambiente, y en especial en la protección de la biodiversidad de nuestra región, de la que el lobo (Canis lupus signatus) es una pieza fundamental y necesaria. Desde la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, garante de la especie y denunciante ante los tribunales de dicho plan ejecutor, piden que se asuman por ello responsabilidades políticas y sean cesados todos los implicados de este enésimo varapalo judicial.

Que la Junta de Castilla y León ha sido verdugo directo o instigador de la muerte de cientos de lobos, tanto al norte como al sur del Duero -muchos de ellos con recursos públicos, tanto humanos como económicos- es lo suficientemente grave como para que rueden ahora algunas cabezas políticas. Desde el año 2008 autorizaron sin ningún escrúpulo el sacrificio, nada más y nada menos, que de 1.847 ejemplares de una especie que en realidad se encontraba en un Estado de Conservación Desfavorable e Inadecuada -que es algo que no decide ningún gobierno autonómico, y tampoco la Junta de CyL-, con una población falta de variabilidad genética que actualmente es solo algo mayor que la del lince ibérico, de unos 2.500 individuos frente a los más de 2.000 del felino. La obstinación por acabar con cuantos más lobos mejor al mismo tiempo que decían querer su conservación ha parecido tener rasgos sencillamente psicopáticos. La obsesión lobicida del Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial, ese ser llamado Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, el no menos incalificable José Ángel Arranz Sanz, vuelve a quedar en evidencia con esta nueva sentencia contraria al gatillo y la mira telescópica, y pone en un brete la capacidad de estos señores para llevar a cabo su trabajo.

Es un suma y sigue de desencuentros judiciales que deberían ser suficientes para que los ceses se hicieran efectivos ya: el primer plan de gestión del lobo de 2008 también fue echado abajo en los tribunales, como lo sería unos años más tarde el segundo de 2016, y como fueron tumbados por los jueces los odiosos Planes de Aprovechamientos Comarcales para la especie de la temporada 2010-2011, primero, los de la temporada siguiente, después, lo mismo que los de 2015-2016, y finalmente los de 2018-2019. El último tirón de orejas se lo dio incluso Europa con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la manifiesta ilegalidad de matar esos 339 lobos. Ahora esta última sentencia de la justicia española solo certifica que ese curioso modelo de "protección y conservación" del cánido no es el correcto. Vamos, que no es ni medio normal masacrar institucionalmente una especie que presenta un estado de conservación malo. Y son los ciudadanos, principalmente a través de esta ONG, y los jueces quienes se lo tienen que recordar a esta cada vez más patética Junta de Castilla y León: NO SE PUEDE MATAR LOBOS. ¿Cómo hay que decírselo a estos señores?

Pero claro, ¿qué podemos esperar de una administración que si por algo se ha caracterizado ha sido por fomentar e inflar peligrosamente el conflicto, en vez de por minimizarlo, mintiendo con el estado de conservación del depredador, y polarizando el problema con demagogia y falsas dicotomías entre "lobo o ganadería", dando cancha a los intereses de un sector privado que muy a menudo se niega a poner medios de protección en sus explotaciones, y despilfarrando el dinero público en matar y matar ejemplares, mientras critica a la sociedad civil por defender un interés común y público como lo es nuestra biodiversidad. Y todo esto con el único fin de rascar votos en el medio rural. La indecencia política de estos señores es mucho más que descomunal, es infinita. Esto ya quedó muy bien demostrado tras el desastre de los incendios de la sierra de La Culebra cuando ningún alto cargo dimitió o fue cesado, y cuando ni siquiera se hizo autocrítica de la nefasta responsabilidad que se tuvo en la gravedad final de lo ocurrido como consecuencia de las decisiones políticas tomadas a priori.

En este blog ya he pedido varias veces la dimisión de este horrible Consejero y lo vuelvo a hacer ahora. No sabes hacer tu trabajo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y tu ineptitud y torpeza nos cuesta mucho dinero a la sociedad; no te ganas el sueldo que cobras, ni lo mereces, porque además lo haces con pleno conocimiento de causa. Si hubiera un delito en nuestro Código Penal que condenara la incompetencia política que costara dinero al erario público, serías juzgado y condenado, no lo dudes. Pero lo peor es el coste que tus decisiones han tenido a nivel ambiental. En el futuro lo sucedido en La Culebra y la gestión del lobo en nuestra región serán dos símbolos de cómo la sucia política puede destruir nuestra naturaleza, y de cómo lo peor de aquella afecta de un modo directo a nuestro medioambiente, por ejemplo con una pésima política forestal o autorizando el exterminio de cientos de lobos.

"Dimitir" es el infinitivo de un verbo intransitivo que significa que un ser que nos produce un gran desprecio renuncia a su poltrona para siempre y nos deja por fin tranquilos a los demás, ciudadanos de bien a diferencia del susodicho. Existe el verbo "dimitir", señor Juan Carlos Suárez-Quiñones, se lo subrayo por si no es de su conocimiento; úselo, por favor, en primera persona del singular de indicativo. Y si lo hace en plural junto con José Ángel Arranz y algún otro responsable de la muerte de cientos de nuestros lobos ibéricos, pues muchísimo mejor, ¡'ande va usted a parar!, la sociedad se lo agradecerá, téngalo por seguro, en la misma medida en que lo hará nuestra naturaleza.

Dimitan, pues, no les cabe otra salida si tienen un mínimo de verguenza.