La majadería del siglo

Que lo sepáis todos, MATAR decenas, centenares o incluso miles de individuos de una especie en situación vulnerable es un método inmejorable de protección, conservación y recuperación de la misma.

Esto es lo que se desprende al menos de las esperpénticas declaraciones realizadas por el Portavox de la Junta de Castilla y León, Carlos Javier Fernández Carriedo, a raíz de las críticas recibidas tras la publicación del último Censo regional de lobo ibérico 2022-2023. Entonces, si esto es así, ¿cómo es que estamos despilfarrando tanto dinero público en laboriosos y lentos programas de conservación en especies como el lince ibérico, el águila imperial, la perdicera, el visón europeo o el quebrantahuesos? Es mucho más barato -y para unos poquitos también más divertido- repartir escopetas a diestro y siniestro y comenzar a matar linces, imperiales y perdiceras, visones europeos o quebrantas. Incluso osos, señores, vamos a matar todos los meses entre 5 y 10 osos. Según ellos y su revolucionaria teoría, de aquí a unas décadas nos van a salir los plantígrados por las orejas.

Y es que a raíz de la publicación del citado nuevo censo del lobo, algunos dirigentes han vuelto a insistir en el mismo razonamiento psicotrópico que ya hemos oído anteriormente a altos cargos de Medio Ambiente en diversas oportunidades: La caza del lobo hace aumentar la especie. 

Hay que ser majaderos para decir majaderías. Y esta, amigos, es supina. Me gustaría que nos dijeran estos lumbreras a los que pagamos un sueldo que no se ganan y que menos aún se merecen, un solo estudio científico que avale que matar animales de una especie en estado de conservación desfavorable aumenta sus poblaciones. Un solo estudio, señores. Uno. Darme una sola investigación científica o académica que acredite vuestra majadería y retiraré el adjetivo. Es que es tan inconcebible que alguien pueda defender y obcecarse en hacernos creer semejante sandez, que habría que inventar una palabra que no existe para explicarlo. Os retratáis a vosotros mismos y vuestra necedad. ¡Ah, no, que no hay ningún estudio que lo avale!, que es simplemente la misma mierda política que escupen por sus bocas para manipular a la gente, para justificar lo injustificable y, de paso, seguir tirándole la caña a cazadores y ganaderos, que luego les acaban volviendo a votar aunque sus tierras hayan sido arrasadas por un incendio cuya gravedad ellos ampliaron. La misma ineptitud por la que se le exige ahora a Mazón que dimita (aparte de la propia gestión de la DANA, no nos podemos olvidar que había eliminado con anterioridad la Unidad Valenciana de Emergencias haciendo gala de una gran irresponsabilidad en una comunidad donde las riadas son habituales), es la que Juan Carlos Suarez-Quiñones demostró tener en 2022 cuando se negó a activar el nivel máximo de riesgo de incendios para ahorrar dinero en medio de una hola histórica de calor extremo. Que la derecha niegue el cambio climático y lo tache de ideológico es la misma irresponsabilidad política en Valencia y en Castilla y León, señores. ¿De verdad este espectro político está capacitado para hacer frente a los tiempos que vienen? Máxime cuando el calentamiento global y la conservación de la biodiversidad se han convertido en aspectos muy importantes para nuestra sociedad.

Tras la publicación del censo pudimos leer titulares como el siguiente, en ileon.eldiario.es: Denuncian la "desinformación" de Castilla y León con los datos del nuevo censo del lobo y exigen a Quiñones que dimita. El partido Pacma y la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) acusan a Medio Ambiente de usar a favor solo de la caza las cifras "ridículas y poco creíbles" por una "obsesión enfermiza" por favorecer a los cazadores.  Como bien destacan en este artículo "... las manadas de esta especie apenas han aumentado poco más del 3% en los doce años transcurridos desde el último censo, que data de 2012, en las cinco provincias al norte del Duero, incluyendo León, y eso a pesar de que ya no se permite la caza desde el año 2021 y que la Junta lleva años alertando de una proliferación insostenible".  Menuda mierda de propaganda hace la Junta, ¿no?. No concuerda mucho esa "expansión insostenible" del lobo, como ellos alegan y que en realidad no es más que pura ciencia ficción, con ese ridículo aumento del 3% respecto del censo de 2012-2013, o la reducción del 50% de las manadas en la provincia de Salamanca, por ejemplo, cuando en el anterior censo se contabilizaban 6 y en este la mitad, o cuando en menor medida también encontramos una reducción en las provincias de Burgos, en donde se pasa de 21 grupos a 18, en la de Palencia donde se pasa de 38 a 35, o en la de Zamora donde se reduce de 49 a 46. Y aún se sostiene menos esa falacia de desaforada expansión (insisto, de un ridículo 3% en una década) cuando la comparamos con la del lince, que ha sido del 66% en ¡¡¡solo tres años!!!.

Y ya que hablamos del lince ... ¿cómo se come que a una especie -el lobo- con dos mil y poco ejemplares se la quiera conservar a tiros, mientras que a otra joya zoológica -el lince- con 2.021 felinos censados sigamos mimándolo entre algodones (como es lógico, por supuesto)? ¡¡¡Uuuyyy, no les daré ideas, a ver si van a querer también conservar al lince a tiro limpio ahora que se lo van a reintroducir en el cortijo de Castilla y León!!!, al fin y al cabo, según ellos "la caza hace aumentar la especie" y las cifras poblacionales de ambos carnívoros -lobo y lince- son ya muy similares.

De hecho, pronto habrá más linces que lobos. Al lince lo seguiremos tratando como se merece, invirtiendo denodados esfuerzos en recuperarlo, y al lobo ... bueno, al lobo ... en fin ... en lo que esté protegido no podemos oficialmente "ejecutarlo por su bien", para que aumente su población, digo, pero ya lo hacen los ganaderos y los furtivos por nosotros. Y entre tanto ... nosotros ... pues eso, miramos para otro lado, que eso se nos da también genial, somos grandes expertos en ambas estrategias: matar lobos porque sí y dejar que otros lo hagan también, ¿por qué no?.

No nos podemos olvidar cuando hablamos del problema que supone la eliminación legal de ejemplares de una especie apical que se encuentra en un evidente mal estado de conservación, el añadido del gravísimo efecto que el furtivismo acarrea al taxón en cuestión. Nuestras administraciones NUNCA han hecho absolutamente NADA para luchar contra ese tipo de delincuencia. Lacra que no olvidemos se cobra la vida de centenares de lobos cada año, aún después de haber sido protegida con el LESRPE. Para nuestras administraciones este gravísimo problema, contra el que tanto alzó la voz Luis Mariano Barrientos, nunca ha sido algo a tener en cuenta. Y son centenares los lobos que han ido muriendo de esta forma anualmente desde hace décadas. Centenares que se sumaban un año sí y otro también a los centenares que ya eliminaban legalmente las administraciones regionales mediante cupos de caza deportiva o en acciones de control letal de la población. Con el paso de los años se han sumado demasiados miles de lobos muertos. Eso estancó el crecimiento de la población a finales del siglo pasado -lo que algunos científicos denominaron eufemísticamente "estabilidad"-, pero la Junta de Castilla y León sigue empeñada en asegurar que matar lobos es bueno para la especie. 

Lo voy a repetir para que tomemos conciencia de lo que supone el párrafo anterior: han sido decenas de miles los lobos masacrados legal e ilegalmente en las últimas décadas.

¿Cómo pueden decir estos sujetos que matar lobos hace aumentar la población?

Sois un insulto a la inteligencia. DIMITID.

Este hombre es un cachondo

No me digáis que no. Este tipo es un guasón incomprendido del que todo el mundo despotrica en esta bendita comunidad autónoma y al que al final hasta le voy a coger cariño y todo. Ayer nuestro consejero estrella de la Junta de Castilla y León, el susodicho Juan Carlos Suárez-Quiñones, dio una rueda de prensa después del Consejo de Gobierno para que los medios de comunicación se hicieran eco de "su verdad". A ella lo llevaron unos vasallos sentado en su poltrona, de la que no se puede levantar porque, como ya sabéis, está grapado desde hace 9 largos años, largíííííísimos años. Las malas lenguas dicen que incluso duerme en ella por miedo a que se la quiten, pero yo no me lo creo. El caso es que en la rueda de prensa dio su opinión respecto de la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que tira por tierra de nuevo su gestión del lobo y alegó que ... ¡¡tachín, tachín!! ... el Gobierno de España había engañado y mentido a los jueces, y por eso estos habían sentenciado en contra de su "modélico plan de aprovechamientos cinegéticos del lobo". ¿Qué os parece?, ¿no creéis que es genial este tipo? Acaba de dejar de un plumazo a los jueces como gilipollas, y al mismo tiempo acusa al Gobierno de mentirnos a todos los ciudadanos y de falsear los datos. Él, precisamente él, acusa a otros de mentir y de falsear los datos; es que es genial, ¿no es bromista de verdad este hombre? Falsear datos, dice, ¡qué tío!. El caso es que debe estar mayor ya y por eso se olvida (siempre) de mencionar en las ruedas de prensa y ante los medios de comunicación pequeños detalles ..., ¡na', minucias sin importancia!, como que NO ES EL GOBIERNO el que decide si el estado de conservación de una especie es o no favorable, y mucho menos aún su comunidad autónoma (¡Dios nos libre de semejante posibilidad!), sino un Comité Científico que valora de manera independiente y en base a criterios objetivos el estado de conservación de una especie, y que esto se hace de una manera global en su área de distribución, no por circunscripciones administrativas, que los bichos silvestres hasta ahora no votan por Comunidades Autónomas, que yo sepa. 

¡Qué majo el hombre!, ¿no? Yo creo que no es mal chico, lo que pasa es que desde la altura de su poltrona no vislumbra bien el mundo real. Si alguien tiene alguna palanca para desgraparlo de su trono seguro que lo agradecerá, os recompensará con su sabiduría y demostrado buen hacer. 

El verbo "dimitir"

Ayer numerosos medios de comunicación (1,2,3, etc) se hacían eco de la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que acaba de declarar ilegal la autorización de cazar 339 lobos (entre 2019 y 2022) aprobada por nuestro penoso gobierno autonómico, ratificando así una vez más la gestión contraria al bien público que ha venido haciendo la Junta en materia de medioambiente, y en especial en la protección de la biodiversidad de nuestra región, de la que el lobo (Canis lupus signatus) es una pieza fundamental y necesaria. Desde la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, garante de la especie y denunciante ante los tribunales de dicho plan ejecutor, piden que se asuman por ello responsabilidades políticas y sean cesados todos los implicados de este enésimo varapalo judicial.

Que la Junta de Castilla y León ha sido verdugo directo o instigador de la muerte de cientos de lobos, tanto al norte como al sur del Duero -muchos de ellos con recursos públicos, tanto humanos como económicos- es lo suficientemente grave como para que rueden ahora algunas cabezas políticas. Desde el año 2008 autorizaron sin ningún escrúpulo el sacrificio, nada más y nada menos, que de 1.847 ejemplares de una especie que en realidad se encontraba en un Estado de Conservación Desfavorable e Inadecuada -que es algo que no decide ningún gobierno autonómico, y tampoco la Junta de CyL-, con una población falta de variabilidad genética que actualmente es solo algo mayor que la del lince ibérico, de unos 2.500 individuos frente a los más de 2.000 del felino. La obstinación por acabar con cuantos más lobos mejor al mismo tiempo que decían querer su conservación ha parecido tener rasgos sencillamente psicopáticos. La obsesión lobicida del Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial, ese ser llamado Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, el no menos incalificable José Ángel Arranz Sanz, vuelve a quedar en evidencia con esta nueva sentencia contraria al gatillo y la mira telescópica, y pone en un brete la capacidad de estos señores para llevar a cabo su trabajo.

Es un suma y sigue de desencuentros judiciales que deberían ser suficientes para que los ceses se hicieran efectivos ya: el primer plan de gestión del lobo de 2008 también fue echado abajo en los tribunales, como lo sería unos años más tarde el segundo de 2016, y como fueron tumbados por los jueces los odiosos Planes de Aprovechamientos Comarcales para la especie de la temporada 2010-2011, primero, los de la temporada siguiente, después, lo mismo que los de 2015-2016, y finalmente los de 2018-2019. El último tirón de orejas se lo dio incluso Europa con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la manifiesta ilegalidad de matar esos 339 lobos. Ahora esta última sentencia de la justicia española solo certifica que ese curioso modelo de "protección y conservación" del cánido no es el correcto. Vamos, que no es ni medio normal masacrar institucionalmente una especie que presenta un estado de conservación malo. Y son los ciudadanos, principalmente a través de esta ONG, y los jueces quienes se lo tienen que recordar a esta cada vez más patética Junta de Castilla y León: NO SE PUEDE MATAR LOBOS. ¿Cómo hay que decírselo a estos señores?

Pero claro, ¿qué podemos esperar de una administración que si por algo se ha caracterizado ha sido por fomentar e inflar peligrosamente el conflicto, en vez de por minimizarlo, mintiendo con el estado de conservación del depredador, y polarizando el problema con demagogia y falsas dicotomías entre "lobo o ganadería", dando cancha a los intereses de un sector privado que muy a menudo se niega a poner medios de protección en sus explotaciones, y despilfarrando el dinero público en matar y matar ejemplares, mientras critica a la sociedad civil por defender un interés común y público como lo es nuestra biodiversidad. Y todo esto con el único fin de rascar votos en el medio rural. La indecencia política de estos señores es mucho más que descomunal, es infinita. Esto ya quedó muy bien demostrado tras el desastre de los incendios de la sierra de La Culebra cuando ningún alto cargo dimitió o fue cesado, y cuando ni siquiera se hizo autocrítica de la nefasta responsabilidad que se tuvo en la gravedad final de lo ocurrido como consecuencia de las decisiones políticas tomadas a priori.

En este blog ya he pedido varias veces la dimisión de este horrible Consejero y lo vuelvo a hacer ahora. No sabes hacer tu trabajo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y tu ineptitud y torpeza nos cuesta mucho dinero a la sociedad; no te ganas el sueldo que cobras, ni lo mereces, porque además lo haces con pleno conocimiento de causa. Si hubiera un delito en nuestro Código Penal que condenara la incompetencia política que costara dinero al erario público, serías juzgado y condenado, no lo dudes. Pero lo peor es el coste que tus decisiones han tenido a nivel ambiental. En el futuro lo sucedido en La Culebra y la gestión del lobo en nuestra región serán dos símbolos de cómo la sucia política puede destruir nuestra naturaleza, y de cómo lo peor de aquella afecta de un modo directo a nuestro medioambiente, por ejemplo con una pésima política forestal o autorizando el exterminio de cientos de lobos.

"Dimitir" es el infinitivo de un verbo intransitivo que significa que un ser que nos produce un gran desprecio renuncia a su poltrona para siempre y nos deja por fin tranquilos a los demás, ciudadanos de bien a diferencia del susodicho. Existe el verbo "dimitir", señor Juan Carlos Suárez-Quiñones, se lo subrayo por si no es de su conocimiento; úselo, por favor, en primera persona del singular de indicativo. Y si lo hace en plural junto con José Ángel Arranz y algún otro responsable de la muerte de cientos de nuestros lobos ibéricos, pues muchísimo mejor, ¡'ande va usted a parar!, la sociedad se lo agradecerá, téngalo por seguro, en la misma medida en que lo hará nuestra naturaleza.

Dimitan, pues, no les cabe otra salida si tienen un mínimo de verguenza.

El lobo y los medios de comunicación

En estos tiempos que sufrimos es incuestionable que se reafirma ese refrán, tan manido como incontestable, de que el hombre es el único animal que siempre tropieza en la misma piedra. Que no aprendemos de nuestros errores es algo que nadie en su sano juicio podría negar, ¿verdad? Y como en otros tiempos sucediera, hoy también caemos en el error de utilizar la propaganda, en vez de los fríos datos, como una eficaz herramienta de guerra. Y sí, digo bien, de "guerra", porque hoy en día la política la entienden nuestros gobernantes (de un modo miserable, por qué no decirlo y llamar a las cosas por su nombre) como una guerra sucia y sin cuartel contra un, no ya adversario político, que es lo que en realidad son, sino un enemigo al que hay que destrozar y, si se puede, también arruinar. No hay piedad para el que piense distinto en política, y todo es factible de ser usado en esa guerra fraticida. Sí, es vomitiva la política que se practica en nuestros parlamentos; lo sabemos todos, como lo saben ellos. 

Pero, además, la tosca propaganda de toda la vida hoy ha evolucionado a una sofisticada desinformación tan poderosa como los tanques y las balas. Estos días el principal grupo político de la oposición, con su habitual hipocresía y deslealtad en cuestiones de Estado, se lleva las manos a la cabeza porque el gobierno actual pretenda implantar en este país de pandereta lo que todos ellos, sin embargo, habían ya consensuado sin discusión en el Parlamento Europeo en relación a defender el menoscabado derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz y a ser protegidos de las mentiras y la desinformación maliciosa, cuyo único fin es el de manipularnos para que no podamos pensar con criterio ni, por lo tanto, decidir con conocimiento. En definitiva, para ponernos una venda en los ojos. 

Porque hoy en día la política ha llegado a unos niveles de miseria tan grandes, tan descomunales, que los partidos políticos -todos ellos, pero en este caso en la oposición- llegan a votar en contra de lo mismo que antes exigieron, y hasta algunos jueces se convierten por derecho propio en nuevos jornaleros del tablero político. Si esto no es la guerra del "todo vale" se le parece mucho. Y para hacer una política tan rastrera se necesita, sí o sí, la participación y la connivencia de los medios de comunicación, la pata fundamental sin la cual la desinformación no se viralizaría. ¿Recordáis aquello de que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad?, pues en eso estamos.

Y aquí llegamos al meollo que nos atañe en este blog, pues en esta tesitura sobre la verdad y la mentira, y sobre esta última como arma utilizada para hacer oposición política y manipulación social, el lobo se convierte en una ficha más de esa despreciable y perversa propaganda, y se cristaliza como un peón más de ese tablero de ajedrez en el que se pelean nuestros políticos. Y entró sin quererlo y sin merecerlo, porque premeditadamente se esconde su papel de aliado de la ganadería y fundamental en el ecosistema, para continuar mostrándolo como el lobo feroz de aquellos cuentos que todos tenemos en nuestro imaginario infantil, muy a pesar de que la ciencia actual desmiente todos los planteamientos medievales que lo crucificaban, por erróneos, desfasados y caducos. En muchas de las entradas en las que he tratado la realidad de lo que yo he dado en llamar el conflicto inventado, responsabilizo directamente a muchas de nuestras administraciones de la situación generada con el paso de las décadas, inflando un conflicto menor para obtener un rédito político. Pero también responsabilizo a sindicatos agrarios y a muchos medios de comunicación como cooperadores necesarios para desquiciar la situación; a unos por bocazas demagogos, y a otros por voceros de los bocazas y de las instituciones lobicidas.

  

Y ejemplos de la responsabilidad que tiene el peor periodismo en esta manipulación social hay muchos. De entre los cientos de noticias amarillistas y sensacionalistas que manipulan a la sociedad con sus mentiras podemos resaltar varias, por sintomáticas de qué se cuece en la mass media. Así el 22 de abril de 2022 publicaba en este blog la entrada que titulé Patética Jara y Sedal. En ella denunciaba cómo esta editorial alarmaba sin fundamento científico sobre la inminente posibilidad de que los lobos ibéricos atacaran a los niños de los pueblos, haciendo uso para ello de un viejo libro en el que se afirmaban cosas tan delirantes como que los lobos gallegos eran antropófagos, a diferencia de los castellanos, y que se podían dividir, además, en dos categorías: las lobas que atacaban solo a niños, y los machos o las manadas que ya hacían lo propio con personas adultas pero especialmente con las mujeres, llegando a elaborar una alucinante tabla de qué mataban unos y otros en función de su propio peso. 

Así mismo, al final del artículo titulado El lobo, i-responsable, del 31 de enero de 2022, también me hacía eco de esta lamentable revista cinegética cuando mentía sin el menor rubor en un artículo y redes sociales al inculpar en un primer momento a los lobos del ataque a una vaca en el sistema central. Esta afirmación categórica la respaldaba con un vídeo que supuestamente lo demostraba, cuando en realidad se veía claramente en las imágenes que se trataba de unos perros descontrolados, tres de ellos de color pajizo y un cuarto incluso jardo, en blanco y pardo. Simplemente metieron cizaña para alimentar el odio al depredador y se quedaron tan anchos, aunque se vieron obligados a corregir lo escrito posteriormente dada la viralización de las críticas recibidas por semejante manipulación de la realidad.

Otro buen ejemplo de la obscena guerra mediática que se libra contra la conservación del lobo desde ciertas doctrinas escoradas a la derecha lo denuncié en la entrada La sandez de la semana el 31 de octubre de 2021, tan solo un mes después de que fuera publicado en el BOE la inclusión del lobo en el LESRPE. En esta ocasión un periódico castellano-leonés (El Español) regaló una entrevista a Luis Alberto Calvo -inmerecida y politizada vistas las barbaridades que dijo sobre el lobo y sobre la gestión que de la pandemia hizo en aquel momento el gobierno-, a la sazón Presidente del Consejo General de Veterinarios de España, para ahondar por enésima vez en el mismo alarmismo manipulador, insistiendo sobre el riesgo que para las personas representaba la presencia de la especie, y alertando malintencionadamente de un infundado peligro para los niños.

Todo este tipo de maquinaciones y exabruptos soltados a la sociedad tras una máscara de periodismo, así como las consabidas opiniones que hacían referencia a una desaforada expansión de la especie, o de que se encontraba en buen estado de conservación -contradiciendo expresamente lo dicho por el Comité Científico-, así como la machacona reiteración de que la ganadería extensiva no iba a soportar la previsible "plaga" de lobos que su protección iba a provocar, se enmarcaban dentro de la vehemente campaña desinformativa que se generó en gran parte de los medios de comunicación conservadores tras ser listada la especie.

Por supuesto noticias tendenciosas con el mismo tufo antilobo que las anteriores llenan y llenan cientos de páginas en los diarios de nuestras regiones loberas desde el mismo momento en el que la especie se convirtió en una inmejorable arma arrojadiza entre los políticos, y en un elemento clave (junto con la defensa de la caza y las corridas de toros) para disputarse como perros de presa los votos del medio rural, como si la caza, los lobos y las corridas fueran los asuntos más importantes para la gente del campo. Y parece que realmente fuera así, que esas tres cuestiones son infinitamente más trascendentales que la desaparición de las escuelas rurales y de los servicios bancarios en nuestros pueblos, la pérdida de calidad de la atención médica -cuando la hay-, los precios por debajo de los costos de producción, la competencia desleal de productos traídos de fuera de la UE, la burocracia excesiva, la PAC como telón de fondo, las pésimas infraestructuras de comunicación que existen en muchas regiones apartadas, la desaparición de los transportes públicos, la brecha digital y la pésima atención de las operadoras de telefonía móvil que aún mantienen amplias zonas, en especial de montaña, sin cobertura, ... y un largo etc. Pero todos estos y otros problemas que sufren las gentes del campo son ninguneados por cierto sector ideológico que ha hecho bandera de la defensa de la tauromaquia, la caza y la persecución del lobo, llegando a convertir estas tres cuestiones en los tres pilares fundamentales en los que basar la búsqueda del voto rural. Mira que es casualidad que en los tres temas siempre haya animales que acaban muriendo, y algunos incluso después de ser largamente torturados para solaz y divertimento del público.

En esta coyuntura los medios de comunicación son cooperadores necesarios en la cizaña, desinformación y manipulación que la política lleva a cabo con el lobo, son parte fundamental del ecosistema político-manipulador. Lo vimos, por ejemplo, cuando el gobierno castellano-leonés transmitió a toda la prensa unas cifras infladas y falsas del número de lobos existentes en nuestra región, cuando hablaban de 179 manadas (tampoco os creáis mucho esta cifra de grupos, porque partiendo de quien parte el dato ... uuufff, no es fácil creerse nada de lo escupido por su boca) y 1.600 lobos en la comunidad autónoma. Si esos datos bajo sospecha fueran realmente ciertos, la media de lobos por manada sería de prácticamente 9 ejemplares, lo que es una cifra desorbitada que en ningún estudio científico serio es admitido a nivel internacional. Esto sucede porque nadie contabiliza la población sumando los nuevos cachorros nacidos, dado que la mortandad es enorme en esa franja de edad. En ningún paíssss ... excepto en España, claro. Sería como censar la población de águilas imperiales sumando los huevos que son puestos cada temporada, en vez de calcular la población añadiendo los pollos que realmente acaban volando. Con el lobo no, con el lobo nuestras patéticas administraciones autonómicas y los científicos que se venden a ellas contabilizan también los cachorros que nacen de media, aunque la mayoría no lleguen a adultos. De todo ello hablamos en el post titulado Parte del problema tan solo cinco días después de la publicación en el BOE de la modificación del LESRPE, y veíamos cómo los medios de comunicación de la región, tanto los de ámbito local y provincial, como los regionales, publicaban sin miramientos los datos que el lobicida gobierno autonómico les daba sin tan siquiera dar la palabra a las organizaciones conservacionistas o a expertos independientes para que pudieran opinar al respecto de las mismas, o matizarlas. Aquellas cifras mentirosas iban a misa y no fueron cuestionadas por ningún periódico o televisión. Sí señor, así es de serio y profesional gran parte de nuestro periodismo. ¡Como para que el público pueda opinar con conocimiento de causa! Imposible.

En esta lucha sin cuartel por la desinformación y la manipulación en lo que al conflicto del lobo se refiere el 8 de este mes de septiembre leí un artículo que va incluso más allá, porque pudiera haber quien entendiera que en su último párrafo el firmante estaba haciendo directamente apología de un delito: matar una especie protegida. El artículo en cuestión lo tituló "Lobo que vea, lobo que mato" y lo firmó un tal Román Álvarez en La Gaceta de Salamanca, el típico periódico local, folclórico, carente de rigurosidad, sin nadie experto en materia ambiental, y por supuesto incondicional defensor del PP. Y es que en ese último párrafo el autor dice que "Por eso, en las zonas donde los ganaderos también son cazadores, y quien más y quien menos tiene una autorización de armas para caza mayor, a alguno le he oido decir : Lobo que se ponga en el punto de mira puede darse por muerto, porque lobo que vea, lobo que mato". A esta aseveración de un futuro delincuente el periodista sentenció acto seguido, y aquí viene lo grave: "Visto lo visto, no seré yo quien se lo reproche." Genial de la muerte, esto es chachi piruli, un periodista diciendo a todos los lectores del periódico que él no le reprocharía nada a un delincuente que cometiera ese delito en cuestión, matar a un ejemplar de una especie protegida. Vamos, lo que viene a ser darle el beneplácito por la heroicidad de cometer el ilícito. Si eso no es apología de un delito contra la fauna, se le parece mucho.

Pero bueno, no es que me asombre tampoco, puesto que este periódico siempre se caracterizó por despreciar e ignorar las opiniones de las ONGs conservacionistas y ecologistas (leer la entrada Pormishuevismo publicada el 31 de marzo de 2023 en el que comprenderemos la implicación de este y otros periódicos en la defensa de proyectos destructivos del medioambiente charro, no tiene desperdicio), cuando no por criticarlas y acosarlas abiertamente si osaban denunciar irregularidades de alguna administración pública gobernada por la derecha. Recuerdo muy bien la rabiosa campaña que La Gaceta de Salamanca comandó hace muchos años contra Ecologistas en Acción de Salamanca cuando esta ONG denunció, en defensa de los intereses de los salmantinos, al consistorio de la ciudad, gobernado por el Partido Popular, por iniciar las obras de un puente sin varios de los permisos necesarios y pertinentes; así, por sus santos bemoles, además de por despilfarrar sospechosamente 500 millones más de lo necesario de las antiguas pesetas para la compra de los terrenos. Entenderéis esta situación de persecución si leéis el post que titulé A la caza del ecologista y que publicábamos aquí el 22 de marzo de 2023, tampoco tiene desperdicio, de verdad, ayuda a comprender cómo los periódicos no se limitan a contar noticias de una manera objetiva, sino que toman partido decidido por los grupos políticos, con el riesgo de manipulación que para el lector ingenuo ello puede suponer, contando solo una versión del problema, despreciando la opinión disidente, ensalzando medias verdades, o directamente tergiversando los hechos.

En fin, nada nuevo bajo el sol. Que los partidos conservadores nunca mostraron el más mínimo interés por el medio ambiente ni por su conservación es algo que todos podemos comprobar. Y que estos periódicos locales y regionales siempre bailan al son de la derecha, tampoco. ¡Lástima que le saliera a este periódico el tiro por la culata cuando hizo una encuesta sobre la idoneidad de la protección del lobo!, ¡pobres!, ¿tragarían sapos cuando se dieron cuenta que la mayor parte de la sociedad defiende, al contrario que ellos, la conservación de la biodiversidad?  

Pero volvamos al asunto, que me disperso. ¿Cómo puede ese periodista decir que él no le reprocharía al delincuente matar a un animal protegido?..., ¿lo aplaudiría entonces?..., ¿ese personaje con carnet de periodista está amparando la comisión de ese delito concreto?..., ¿puedo yo, por esa regla de tres, robarle a ese ganadero un cordero o un ternero alegando que tengo hambre?, porque le quisiera señalar que es tan mío y del resto de los españoles ese lobo como suyo es su ganado. Si él mata nuestro lobo, el lobo de todos, ¿puedo yo y podemos los demás matar su cordero o su ternero?..., ¿nos tomamos la justicia por nuestra cuenta, entonces, señores?..., ¿ojo por ojo y diente por diente según nuestra conciencia y criterio, prescindiendo de las leyes, señor periodista?..., ¿es esto lo que usted está alegando que se puede hacer?

¿De verdad ese lamentable profesional de la opinión no es consciente de la gravedad de su última frase, al no criticar la comisión de un delito? Le voy a aclarar una duda a este sujeto y a una parte de la sociedad que, o bien mira para otro lado ante esta cuestión, o bien la respalda directamente, como si no tuviera graves implicaciones: matar a un ejemplar de una especie protegida es un delito tipificado como tal en el código penal, por lo tanto un ganadero que mate a un lobo, además de ganadero es un DELINCUENTE, exactamente igual a como lo será el político corrupto que arrampla con dinero público, el empresario que trafique con drogas o el jubilado que atraque un banco; serán todos ellos ganaderos, políticos, empresarios y jubilados, pero también serán delincuentes. Delincuentes a los que hay que censurar, y delincuencia a la que hay que criticar y combatir. Estamos locos si los periódicos normalizan algún tipo de delincuencia, habremos ido un paso más allá, nos habremos demostrado que vivimos en una sociedad enferma, en una democracia bananera, habremos cruzado una línea roja si justificamos según qué delitos. Un delito es un delito, señor. Que usted no lo critique en su altavoz mediático, que minimice su gravedad y que de su última frase se pueda derivar que lo aprueba resulta tremendamente peligroso.

Estos pocos ejemplos de la guerra sucia que muchos medios de comunicación afines a la derecha, a las corridas de toros y a la caza han declarado a nuestro gran depredador ponen de manifiesto el gravísimo problema que tenemos en nuestro país con las mentiras, la desinformación y la manipulación que rodea en la actualidad todo el conflicto del lobo. No veremos a este lamentable periodismo profundizar en la responsabilidad real de los propios ganaderos en el aumento del conflicto por los numerosos fraudes cometidos, por la enorme y mal llamada picaresca, por la falta de medidas preventivas, por el abandono en el monte del ganado al que revisan de vez en cuando con unos prismáticos desde el coche, etc. Ni lo veremos indagando sobre la verdadera culpabilidad que los perros tienen en multitud de ataques que son atribuidos invariablemente al lobo.

  

Ni tampoco escarbarán estos rotativos de tres al cuarto en las dudosas actuaciones de las administraciones autonómicas que solo saben gestionar con el rifle, y en porqué diablos se niegan a realizar peritajes genéticos en los ataques; ¿tienen miedo acaso de que la realidad científica desvele que un gran porcentaje de los expedientes contabilizados como ataques de lobo no sean en realidad tales? Desde luego sería una patata muy caliente difícil de manejar ante un sector muy bien organizado, que hace mucho ruido, que exige la muerte del depredador y que representa muchos votos en las elecciones, ¿verdad?. Y los votos mandan, claro; es mucho mejor posicionarse del lado de los exaltados que de la conservación del patrimonio natural de todos los españoles. ¿No haría bien el buen periodismo en hurgar en esta cuestión y en otras muchas, igual de silenciadas? ¿No deberían estos medios de comunicación exigir una explicación a las CCAA de porqué solo en España los mercenarios que realizan los censos para estas administraciones se empeñan en inflar las cifras de la población utilizando entre 8 y 10 lobos por grupo, cuando en Europa se usa la mitad? Este periodismo complaciente con los gobiernos populares no escarba tampoco en los beneficios que aporta a los ganaderos la presencia del lobo como controlador de las enfermedades que transmiten los herbívoros silvestres al ganado. Ni se cuestiona porqué en regiones como Andalucía, Extremadura, Murcia, Valencia o Cataluña -donde no hay lobos- la ganadería está tan en crisis o incluso peor que en las regiones con presencia del cánido, desmintiendo así la inexistente relación entre la protección del lobo y el declive de la ganadería extensiva en las regiones del NW ibérico, algo con lo que nos tienen más que aburridos.

  

A este periodismo provinciano y con estrabismo tampoco le interesa ni una pizca profundizar en el oscuro y terrible mundo del furtivismo que padece esta especie. Especie que, se lo recuerdo porque se niegan ni a considerarlo como telón de fondo, está protegida por la Ley, como protegidos están los osos, los linces o las rapaces.

Pero claro, todas estas consideraciones no tienen ninguna importancia cuando de lo que se trata es de usar la bronca -en este caso el conflicto inventado del lobo- como arma arrojadiza para luchar contra el enemigo político y como herramienta para recaudar votos. Esto es lo único que vale. Pensar que nuestros políticos, de una tendencia ideológica u otra, van a gestionar en base al interés general y no al suyo partidista sería ingenuo. Tan ingenuo como creer que los medios de comunicación van a ser profesionales y van a contar a sus lectores o espectadores "toda la verdad de la realidad"; toda, sin sesgar, sin ocultar información, sin amarillismo ni sensacionalismo, buscando el dato que las partes implicadas tantas veces callan, dando voz a todas las partes y no solo a las que interese en base a una ideario cerrado. Vamos, lo que viene siendo hacer periodismo con honestidad, y no vendido a un partido. Así es como también se construye la democracia, con la verdad por delante, informando con veracidad, siendo inquisitivos y sin casarse con nadie. Le duela a quien le duela, porque hacer las cosas bien es también patriotismo, condición que se arrogan muchos de los que mienten, engañan, tergiversan u ocultan la verdad al ciudadano, como se apropian de la condición de demócratas sin merecerlo. Porque manipular al ciudadano no es de demócratas, señores, ni de patriotas.

En fin, que se hace evidente que en relación al lobo y en muchas otras cuestiones que nos afectan a unos y otros en nuestro día a día el periodismo actual se ha mimetizado mucho, demasiado, con la burda propaganda dirigida.

La Junta de Castilla y León hizo las cosas muy mal

Y el resto de administraciones regionales también. Y lo sabían. 

En un comunicado de prensa fechado ayer 29 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencia que el lobo no puede ser cazado en una región mientras el estado de conservación de la especie no sea favorable a nivel estatal, e incluso transfronterizo o a nivel de región biogeográfica. 

La sentencia supone un nuevo tirón de orejas a estas administraciones lobicidas que tenemos la desgracia de aguantar en este santo país, y les deja claro a todas ellas que no se puede gestionar mediante la caza esta especie o cualquier otra mientras tengan un estado de conservación desfavorable, en cuyo caso esta actividad cinegética solo puede ser restringida o incluso prohibida. El comunicado de prensa que emite el TJUE no tiene desperdicio y resume muy bien lo ocurrido en Castilla y León. Su título ya lo dice todo: El lobo no puede ser declarado especie cazable en el ámbito regional cuando su estado de conservación a nivel nacional es desfavorable. 

La nota de prensa recuerda que la Junta de Castilla y León declaró al lobo en virtud de una ley regional como especie cazable al norte del río Duero, aprobando en base a ello los execrables Planes de Aprovechamientos Comarcales del Lobo en las temporadas cinegéticas de 2019 a 2022 para eliminar 339 ejemplares, y que fue recurrido en contencioso-administrativo por ASCEL. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León -que sorprendentemente no prohibió la aplicación de los Planes de Aprovechamientos Comarcales del Lobo como medida cautelar- preguntó al TJUE sobre la compatibilidad de dichos planes con la Directiva Hábitats, habida cuenta de que el Estado español había remitido un informe a la Comisión Europea en 2019 -con información recabada entre 2013 y 2018- que señalaba que el estado de conservación de la especie era "desfavorable-inadecuado" en las tres regiones biogeográficas que el lobo ocupa en la península ibérica, a saber: Mediterránea, Atlántica y Alpina, dos de ellas pertenecientes a la citada Comunidad Autónoma. Finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que la ley regional es contraria a la Directiva Hábitats, como no podía ser de otra manera.

Punto. No se puede flirtear la legalidad comunitaria a cambio de un puñado de votos rurales, que es al fin y al cabo el verdadero interés que mueve a estas administraciones regionales cuando dicen amparar al ganadero, algo que desde luego no hacen, y menos aún con estas medidas cosméticas que desprenden un tufo populista repelente, de carácter meramente partidista y político, en vez de atajar los verdaderos problemas estructurales que vive el campo en un mundo globalizado: desmantelamiento de la sanidad en el medio rural, una educación de segunda, una enorme brecha digital, penosas comunicaciones y transporte, ausencia de servicios bancarios, competencia desleal con productos de fuera del UE, márgenes de beneficios cada día más exiguos y ridículos, una exagerada carga burocrática, etc., etc., etc., lo que en su conjunto está provocando el despoblamiento rural, la desafección de las generaciones jóvenes y la falta de relevo generacional. Usemos la cabeza, pues, no es el lobo el que cierra ganaderías, es el abandono administrativo al que se ven abocados nuestros pueblos.

Si las administraciones matan lobos están del otro lado de la Ley y del interés general de los españoles, porque el propio TJUE recuerda que "La Directiva sobre los hábitats se adoptó con el fin de alcanzar un objetivo esencial, de interés general, perseguido por la Unión: la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, contribuyendo a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres". Perseguir este objetivo sí sería gobernar para el interés general del conjunto de la ciudadanía, y sería hacerlo por encima del interés privativo y particular de un sector económico concreto que, insisto, no tiene ninguna razón al centrar en el lobo su ira, ya que este animal es el menor de sus problemas , cuando no un verdadero aliado, por mucho que se empeñen en llorar exagerando en ocasiones su responsabilidad, muchas veces incluso inventándosela, y siempre exigiendo su exterminio. Sigue habiendo demasiada testosterona en el campo, que en general parece que solo sabe relacionarse con la fauna y la flora eliminando todo lo que le estorba, aunque luego exija cobrar las subvenciones europeas que incluyen condicionantes de sostenibilidad ambiental y de conservación de la biodiversidad.

El Medievo lo dejamos atrás hace mucho tiempo, señores, aunque a algunos nostálgicos de la fuerza bruta le cueste aún reconocerlo; los tiempos cambian, y no, por mucho que para algunos sea su libro de cabecera, el cuento de Caperucita Roja, el lobo y el héroe cazador ya no se lo cree nadie. 

Hay varias frases muy significativas en la nota de prensa que remite el TJUE que deseo transcribir, incluso con el propio resaltado en negrita que ellos mismos hacen:

"En efecto, el lobo no puede ser declarado como especie cazable en una parte del territorio de un Estado miembro cuando su estado de conservación a nivel nacional es desfavorable. ... / ... 

De este modo, cuando dichas medidas (se refiere a las posibles medidas de gestión) incluyen normas relativas a la caza, están destinadas a restringirla, y no a ampliarla. Por consiguiente, si es necesario, la caza puede incluso prohibirse. ... / ...

Por otra parte, una decisión que autorice la caza de una especie debe estar justificada y basarse en los datos relativos a la vigilancia de conservación de dicha especie. ... / ... Pues bien, la Comunidad de Castilla y León no tuvo en cuenta al elaborar el plan controvertido, el informe de 2019, según el cual el lobo se encontraba en un estado de conservación desfavorable en España. ... / ...

En cualquier caso, las evaluaciones del estado de conservación de una especie y de la conveniencia de adoptar medidas de gestión deben efectuarse teniendo en cuenta el informe elaborado por los Estados miembros cada seis años en virtud de la Directiva, así como los datos científicos más recientes ... / ... Estas evaluaciones deben llevarse a cabo no solo a nivel local, sino también a nivel de la región biogeográfoica, o incluso a nivel transfronterizo. ... / ...

Pues sí, señores, tanto la prensa nacional como la regional y local, además de varios noticiarios televisivos nacionales, ya se han hecho eco del nuevo varapalo judicial que ha recibido la administración regional gracias a su negligente gestión ambiental en nuestro territorio. Y además hay que decirlo muy alto y claro: ¡esto sucede una vez más!, porque van ya tantas sentencias contrarias a la administración castellano-leonesa en materia ambiental que se vuelve bochornoso e indecente que su Consejero siga aferrado a su asiento con uñas y dientes. DIMITE de una vez por todas, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por el bien de nuestro territorio. Y sinceramente lo digo como lo creo: este señor está siendo el Consejero de Medio Ambiente más nefasto que ha tenido nunca esta comunidad; pero claro, ¿qué se puede esperar de un sujeto que en su momento culpó al ecologismo de parte de la responsabilidad de los gravísismos incendios de La Culebra ocurridos hace dos veranos, cuando él se negó -en contra del criterio de los profesionales- a adelantar la campaña de incendios en un comienzo de temporada con temperaturas ya extremas porque le parecía un gasto innecesario, agravando exponencialmente las consecuencias una vez iniciados los incendios? Las redes sociales, las televisiones nacionales y la prensa echaron humo:

Pero él sigué ahí, grapado a su sillón.

Y yo sigo diciéndote DIMITE. Y, además, ahora también por mentir a los ciudadanos: ¿cómo puedes tener la desfachatez de seguir negando la mayor, a raíz de esta sentencia del tribunal europeo, declarando ante los medios de comunicación que cuando tú aprobaste aquella ley regional que lo declaraba especie cazable y los subsiguientes aberrantes Planes de Aprovechamientos Comarcales del Lobo la especie se encontraba en situación de conservación favorable, si nunca ha estado en el último siglo en esa situación y hasta en la misma nota de prensa el citado tribunal deja escrito negro sobre blanco precisamente que el Estado español había remitido un informe en 2019 en el que dejaba meridianamente claro que su estado de conservación era, muy por el contrario, "desfavorable-inadecuado", como ya hemos transcrito en los primeros párrafos, y como los propios periodistas pueden leer por sí mismos en el comunicado de prensa emitido por el propio tribunal? Mientes a la opinión pública, y lo sabes. Pero te da igual.

Tu caradura, Suárez-Quiñones de mis pesadillas, solo es tan grande como tu desastrosa gestión del medioambiente castellano-leonés. DIMITE, por mentiroso o por inepto, pero DIMITE.

Los lobos hoy aúllan de tristeza

Llevo semanas retrasando una nueva entrada en este blog por pura pereza. Ese maldito pecado capital dilata en el tiempo esos días vacíos en los que mis pensamientos no se traducen en negro sobre blanco, y permanecen flotando por la habitación sin quererse detener no vaya a ser que los atrape y los arroje contra un folio. Pero hoy no he podido hacer otra cosa que ponerme inevitablemente frente a esa hoja virtual en blanco y teclear, bien entrada ya la madrugada. Imposible evitar unas letras siquiera. Y es que hoy es un día triste porque hemos perdido a un referente sin parangón en la defensa del lobo en nuestro país, Luis Mariano Barrientos nos ha dejado silenciosamente, dejándonos a todos nosotros un poco huérfanos y con un nudo en el corazón. Hace tan solo unas horas, en la tarde de ayer 29 de junio, un compañero de ASCEL me remitía la triste noticia.

Esta noche todos los lobos de la península ibérica aúllan de tristeza, porque se ha ido una persona buena que dedicó toda su vida a la protección y conservación de la especie, y lo hizo de la única manera que él sabía y podía: en cuerpo y alma, con una enorme honestidad. Reconocido tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras, alzó constantemente su voz contra la que siempre consideró (acertadamente) la peor lacra de cuantas asedian a la especie: el furtivismo. Igual que alzó su voz contra el ninguneo que algunos estudiosos hacían de este problema, y el dedo acusador contra esas administraciones hipócritas y falaces que mataban lobos mientras predicaban su conservación. Como él mismo encabezaba en su cuenta de Twiter o X siempre nadó contra corriente, nunca se resignó a doblar las rodillas y estudió desde los años de la ingenuidad la vida de los lobos en el corredor de la muerte. Así fue este gran naturalista, beligerante hasta el final con la persecución furtiva de nuestro gran depredador, y hasta 2021 también con la legal. Incansable y tenaz. No me consuela que se fuera con la satisfacción de ver a la especie por fin protegida por nuestra legislación en todo el territorio nacional gracias al trabajo enorme de esa asociación de la que él mismo fue cofundador, porque nunca dejó de ser consciente de que la lucha contra su persecución aún será muy larga, pues los malos no descansan.

Haber compartido con él algún amanecer tras los telescopios fue un privilegio; haber compartido con él conversaciones un placer; haber compartido, además, su amistad un regalo. Desde aquí todo nuestro cariño y afecto a su familia y amigos. 

Y a ti, Luis, que sepas que la manada siempre te aullará.

¡Pero qué pesados!

¿De verdad no es posible que las administraciones hagan bien su trabajo? ¿No tienen acaso importantes equipos jurídicos que les asesoren de lo que está permitido y lo que no?, para que no acaben despilfarrando, digo, el dinero de los ciudadanos pagando siempre las costas procesales de juicios que están perdidos de antemano. ¿De verdad son tan mediocres nuestros gobernantes como para que una y otra vez tiren nuestro dinero por un sumidero, cargando además de trabajo a un sistema judicial ya de por sí muy saturado, ralentizando con su irresponsabilidad otros procesos judiciales más urgentes? Llamarlos mediocres es quedarse corto.

Dice la RAE del término "Lamentable" que es algo "... digno de llorarse". Pues nuestros políticos y lo que hacen lo son. Son lamentables y muchas más cosas. Por ejemplo, patéticos (penosos, lamentables o ridículos), pésimos (sumamente malos, que no pueden ser peores), detestables (execrables, aborrecibles), cínicos (que actúan con desvergüenza descarada), arrogantes (soberbios), prepotentes (que abusan de su poder), y un largo etc. En fin, que son realmente unos pesados, o, lo que es lo mismo, unos servidores de lo público "insufribles, y difíciles de soportar" según el diccionario, además de unos asquerosos en su acepción de personas "que causan repulsión moral".

Vale, ya me he desfogado, aunque la lista de adjetivos que usaría sería mucho más larga, pero entonces la línea que los diferenciaría del insulto se volvería demasiado fina, y yo prefiero limitarme a "calificar". En un momento de nuestra historia en la que la sociedad española está hasta la mismísima coronilla de nuestros políticos y del modo en el que mancillan lo que debería ser una política generosa y servicial, resulta realmente muy difícil no ser crítico con ellos, y verdaderamente complicado no ser duro con esa casta que se cree superior, por encima del bien y del mal, mirándonos con un cierto desprecio desde lo alto de sus tribunas. Y da igual el nivel al que se haga la política, ya sea de ámbito nacional, autonómico o provincial. "Esos señores de los que usted me habla" tienen un serio problema de desconexión con la sociedad de la que son servidores, lo que está provocando un insoportable hartazgo y una desafección de la sociedad que va a costar muchos años recuperar.

El 22 de marzo podíamos leer en la web de Onda Cero un titular que decía lo siguiente: EL TSJC declara nula la extracción de lobos autorizada por el Gobierno de Cantabria en 2022. Y en el subtítulo previo al desarrollo de la noticia leíamos que Estima el recurso de Ecologistas en Acción al entender que no se ha justificado que no haya alternativas a matar ejemplares. Esta noticia de Onda Cero hace referencia a la sentencia dictada por la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sobre el único recurso presentado por dicha asociación ecologista contra una de las seis resoluciones del ejecutivo cántabro mediante las cuales pretendía matar 10 ejemplares de lobo en la región. 

Tras leer aquella noticia hace unos días, era evidente que dicho tribunal sentenciaría en la misma línea en el resto de recursos presentados con igual propósito por ASCEL contra las seis resoluciones aprobadas por el gobierno de Cantabria en el verano de 2022, a pesar de que una especie protegida NO SE PUEDE MATAR, "y lo saben", parafraseando a Julio Iglesias. Pues el caso es que, efectivamente, ayer pudimos leer en El diario digital de Cantabria y en ifomo Noticias, entre otros medios, la confirmación de que el TSJC da un nuevo tirón de orejas a estos políticos que gobiernan dicha comunidad como si fuera su cortijo, sentenciando lo mismo en tres de los seis recursos presentados por ASCEL y resueltos ya por el tribunal. Faltan aún las sentencias de los tres juicios restantes, pero ya nadie espera que los juzgados den la razón al gobierno cántabro dado que tanto las resoluciones del ejecutivo como los recursos son idénticos. Alguno me dirá que tendría que estar contento en vez de enfadado, pues al fin y al cabo el tribunal nos ha vuelto a dar la razón una vez más a los que anteponemos la protección del lobo a la sinrazón y falta de argumentaciones de sus perseguidores. Pero lo cierto es que no lo estoy. En absoluto. Todo lo contrario, estoy muy enfadado porque estoy harto de estos políticos a los que pagamos sueldos que no se merecen y que nos provocan una enorme repulsa moral; estoy harto de la pésima gestión de esas administraciones, lo que les hace perder numerosas veces los juicios a los que son llevados por la sociedad civil, que se ve obligada a fiscalizar sus acciones y decisiones constantemente; estoy harto de que seamos los ciudadanos los que paguemos con nuestros impuestos las costas judiciales que las CCAA pierden; y, además, estoy harto de que gestionar mal les salga gratis. Son las ONGs una vez más las que tienen que velar porque esos pésimos señores cumplan las leyes y hagan las cosas bien, o al menos que no las hagan mal. 

¿Por qué me cabrean tanto estas nuevas noticias?, ¿tienen acaso algo que las diferencie de otras muchas similares publicadas con anterioridad, en esta y otras comunidades con presencia del lobo? Pues lo cierto es que en el fondo, aunque son iguales, más de lo mismo, esta vez observamos un pequeño gran matiz: el hecho de que en este caso se hace muy difícil ocultar la mala intención del gobierno cántabro. Sí, digo bien, su alevosía. 

Me explico. Si el ejecutivo autonómico tenía decidido eliminar 10 lobos en la región, llama mucho la atención que para ello apruebe ¡6 resoluciones distintas! en vez de solo una. Entonces, ¿por qué decidieron hacerlo así?, se preguntará alguno. Pues nada es casualidad, chicos. Os resultará muy sencillo de entender el por qué si pensáis que cada Recurso Contencioso-Administrativo que una modesta asociación conservacionista tenga que elevar por separado ante la sala judicial implica un desgaste económico independiente, y por lo tanto mayor. Exactamente seis veces mayor que presentar uno solo. A ello habría que añadir, además, el subsiguiente desgaste de trabajo humano, también superior aunque no cuantificable. Sinceramente lo pienso, hay que ser malas personas para, siendo servidores de lo público, elucubrar la manera de esquivar la vigilancia de esa sociedad civil a la que dicen servir. Si sabes que estás haciendo las cosas bien, ¿qué más te da que una ONG te denuncie ante los tribunales?, estos últimos al fin y al cabo te darán la razón. Pero claro, si sabes que tu gestión comporta en sí misma una mala praxis buscas un modo de sortear la supervisión de esas asociaciones ciudadanas altruistas, haciéndolas daño en donde más les duela, si es posible. En sus arcas, por ejemplo. ¡Qué!, ¿os suena de algo eso de fraccionar en seis un macro-proyecto para esquivar, por ejemplo, los temidos Estudios de Impacto Ambiental?, pues eso mismo es lo que han pretendido hacer desde el Gobierno cántabro, solo que intentando que las ONGs no puedan asumir los gastos de tantos Recursos de Alzada, primero, y Contencioso-Administrativos, después, además de procuradores, etc. Cualquier ciudadano que tenga un mínimo de mente analítica se dará cuenta de ello. Pero les ha salido rana, porque los tribunales nos han vuelto a dar la razón, oooootra vez.

Pareciera que somos la sociedad civil su enemigo, ¿verdad?, cuando se suponía que ellos son servidores del interés general nuestro. Pero se os ha visto el plumero por enésima vez, señores. Cumplir la ley a rajatabla en materia de medioambiente no os debe parecer algo muy relevante en vuestra guerra sucia contra el lobo, sabiendo que esas resoluciones no se ajustaban a Ley para ejecutarse. Añoráis los años de las Juntas de Extinción de Animales Dañinos y Protección de la Caza, porque sois iguales a aquellos funcionarios de mediado el siglos XX, habiéndose quedado a vivir vuestra mentalidad anclada en décadas muy, muy, muy lejanas. Sois prehistoria ya. El tiro y la mira telescópica es el pasado. El presente es la sostenibilidad, la conservación y la protección. 

Y os da igual pagar las costas de 6 resoluciones contrarias en vez de una sola -como debería haber sucedido si no hubiérais decidido fragmentar la que debería ser una única resolución en seis distintas para hacer daño a ASCEL-, simplemente porque no lo hacéis con vuestros salarios. Sí, por desgracia la democracia no es perfecta, porque si lo fuera os cuidaríais mucho más de hacer las cosas bien, para no tener que abonar de vuestros exclusivos bolsillos los perjuicios económicos que causáis a la sociedad con vuestra mala intención y con vuestra nefasta gestión, que es lo que debería suceder. 

¿Cómo no voy a estar muy enfadado con estos pésimos gestores de lo nuestro cuando lo único que me causan es una profunda repulsa moral?

Imposible no estarlo, ¿no os parece?

¡¡Chapeau por ASCEL y por los juzgados, que esta vez sí acordaron como medidas cautelares la prohibición de matar esos diez lobos hasta la resolución de los juicios!!, lo que en otras ocasiones no ha ocurrido, habiendo muerto decenas de lobos que los juzgados no supieron proteger con medidas cautelares obvias.

Administraciones, lobos y radiomarcaje, un coctel oscuro

Hoy 14 de febrero quiero hacerme eco de una noticia de hace ya unas semanas. Aunque el tiempo no me da para más y otras historias me lo ocupan, no quiero dejar pasar por alto algo de notable trascendencia y de lo que nos venimos lamentando desde hace décadas los naturalistas, y que tiene que ver con esas administraciones que teóricamente velan por el interés público, pero que a la hora de la verdad no lo hacen siempre, o desde luego nunca cuando de lo que hablamos es del lobo ibérico (Canis lupus signatus).

Una administración pública es el conjunto de instituciones u organismos públicos de ámbito estatal, autonómico, provincial o local que sirven a los intereses generales de los ciudadanos con objetividad, prestando los servicios públicos que les sean competentes y cumpliendo la legislación vigente, que es, por supuesto y dicho sea de paso, lo mínimo que esperamos de ellas.

Vale, sabiendo esto sería lógico pensar que las instituciones son valedoras del interés general y cumplen la Ley. Dicho de otra manera, estaríamos todos de acuerdo en que, en ese hipotético supuesto, sería innecesario que la sociedad civil fiscalizara sus actuaciones. Pero lo lógico aquí sería lo ingenuo cuando hablamos del binomio Administración / lobo; sería en realidad, para qué engañarnos, como vivir en los mundos de Yupi. ¿Una institución pública poniéndose de parte de la conservación, protección y defensa de esta especie?, ¡¡pero hombre, por Dios, a dónde vamos a llegar!! Y es que la historia se vuelve muy terca, y se empeña en demostrarnos que los organismos públicos han estado siempre del lado del gatillo y la mira telescópica, y nunca del lado de la protección del cánido.

La noticia de hace unas semanas a la que hacía referencia en la primera frase reza lo siguiente: "El TSJA ordena entregar a los ecologistas toda la documentación sobre los radiomarcajes de lobos"; y tras el título, la entrada amplía: "Los jueces dan la razón a la asociación ASCEL, que defendió su derecho a acceder al expediente, e insta al Principado a remitírselo".

¿Pero cuáles fueron los antecedentes que han terminado con una nueva sentencia judicial contraria -otra más, ¡y van ya tantas!- a una institución pública y sus opacas maniobras en la gestión del lobo?

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) había solicitado ya en noviembre de 2021, tanto a la Universidad de Oviedo como al CSIC, información sobre el proyecto de radiomarcaje que el Principado de Asturias estaba llevando a cabo, y al propio ejecutivo asturiano en febrero de 2022 ante las anomalías que parecían rodear el proyecto llevado a cabo por un gobierno autonómico empeñado en eliminar lobos en vez de protegerlos, y tras las sospechosas muertes por furtivismo o desapariciones de ejemplares con collares GPS (entre un 14% y un 23% de los animales radiomarcados desde 2017). El FAPAS igualmente había solicitado información a la misma Universidad de Oviedo que, a través del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad, (constituido por la citada universidad, el CISC y el propio Principado de Asturias) parece ser la responsable de realizar sobre el terreno los trabajos de seguimiento encargados por el ejecutivo autonómico, al detectar lobos con collares GPS, algunos de ellos lesionados, por evidentes intentos de captura en vivo, que aparentemente solo podrían corresponder con el proyecto autonómico de radiomarcaje.

Todos estos temores y sospechas más que fundadas de que las cosas se estaban haciendo mal y, quizás, con una finalidad real que a más de uno pudiera parecerle bastante menos loable de lo que la institución autonómica decía (habida cuenta del historial lobicida que precede a dicha administración y a los ejemplares marcados que ya habían muerto), se parecieron confirmar un día 1 de septiembre de 2022 cuando ocurre un incidente con un investigador que dice tener 5 trampas de captura en vivo en la zona y que es llevado a declarar a las dependencias de la Guardia Civil tras caer la mascota de un vecino en una ellas sin señalizar y de localizarse en la zona una cámara de fototrampeo, todo ello aparentemente sin disponer de todos los preceptivos permisos reglamentarios.

Con todos estos preliminares, que el estudio científico de una universidad no trascienda públicamente a través de publicaciones académicas o divulgativas después de seis años de investigaciones y que del mismo no se sepa absolutamente nada de nada tras el paso de más de un lustro desde su inicio ya resulta algo más que extraño y sospecho, debido a los antecedentes que hemos comentado, por tratarse de una especie de la que se mantiene todo en el más hermético oscurantismo, y porque se trata de la iniciativa de una administración autonómica que siempre se ha prodigado en declaraciones y, lo que es más grave, actuaciones contrarias a la conservación y protección del lobo. Como el mismo FAPAS denuncia en su artículo "Lobos radiomarcados; un fraude sin precedentes" Ni siquiera, el trabajo de seguimiento del lobo ha sido utilizado por el Gobierno de Asturias para realizar los documentos técnicos que reflejan el censo poblacional de esta especie en la región". Entonces, si años de investigaciones y seguimiento no están sirviendo para la realización de los censos poblacionales, todos nos preguntamos para qué diablos se está llevando a cabo este proyecto científico, qué se está haciendo con toda esa información obtenida, y, lo que da más miedo, si dicha información está realmente a salvo o no.

La verdad es que, partiendo de quienes parten, nos ponen muy difícil no dudar de los objetivos reales de este tipo de investigaciones, así como de que existan filtraciones interesadas o del posible uso y abuso final que se pueda hacer de esa información privilegiada, máxime cuando varios de estos animales radiomarcados ya han caído furtivamente por lazos y disparos, o han desaparecido sin dejar rastro alguno a pesar de llevar un collar. Resulta un temor fundado que este tipo de estudios acabe siendo usado contra la especie por terceras personas, ¿verdad?, y tanta opacidad y oscurantismo en lo que podría ser simplemente una investigación científica más no hace sino acrecentar los temores en este sentido.

Volviendo a la noticia que da pie a esta nueva entrada y enlazando con todo lo anteriormente dicho, hay que recordar e insistir que este derecho a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente está regulado por una Ley (la 27/2006 de 18 de julio, que transpone a nuestra legislación nacional las directivas europeas 2003/4/CE y 2003/35/CE) que se supone el Principado de Asturias debería cumplir. Sin embargo, el gobierno del socialista Adrián Barbón, haciendo gala de un insultante desprecio a la ciudadanía y a las leyes, ni siquiera llegó a tramitar la solicitud de información, al considerar que ¡¡¡ASCEL no era un actor interesado en el expediente!!! Hay que ser muy prepotentes y anti-demócratas para, desde una administración pública que está al servicio del interés de la sociedad, negarle a la misma algo que le pertenece y que viene regulado por Ley, como es en este caso el derecho a la información en materia de medio ambiente a una asociación que ha hecho por esta especie más de lo que era esperable conseguir, viendo al Goliat contra el que se tiene que enfrentar constantemente. ¿Cómo puede alegar el ejecutivo autonómico que ASCEL no es parte interesada en las acciones que ese gobierno lleve a cabo en relación al lobo ibérico? Es simplemente ofensivo. Como ofensivo es que sea el modus operandi habitual de estas instituciones en su gestión de la especie, pues su opacidad y secretismo son el pan nuestro de cada día.

¿No habría sido mucho más fácil que estos proyectos de radiomarcaje, si no tenían en realidad nada que ocultar, se hubieran caracterizado por la transparencia y la justificación del interés científico? Y es que cuando no hay transparencia hay sospecha, y todo parece indicar que algo se está haciendo mal en detrimento del interés general.

Pero sigamos. Tras el necesario recurso contencioso administrativo que elevó la asociación en abril de 2023 para obligar al gobierno autonómico a cumplir la Ley, hemos conocido por fin la sentencia firme en febrero de este año 2024, en la que el tribunal ordena al ejecutivo proporcionar a la ONG el citado expediente, censurando y reprendiendo al ejecutivo autonómico su actitud contraria a la Ley, justificando en su escrito que "... la falta de tramitación del expediente administrativo y la invocación de una pretendida falta de interés legítimo para solicitar la información, ... / ... es una conducta especialmente reprochable de la Administración".

Pero, amigos, cuando hablamos en plural al hacer referencia al oscurantismo y las malas praxis en las actuaciones de estos organismos públicos en relación a la protección del lobo es porque es el modo de actuar de todas ellas, y la historia reciente viene a demostrárnoslo. Como dirían algunos, ahí está la hemeroteca para desengañar a los incrédulos. Hoy mismo, por ejemplo, aparece en la prensa nacional que ASCEL ha denunciado también a la Junta de Castilla y León por unos hechos que igualmente están relacionados con ese sospechoso y repentino interés -como si de una infección vírica se tratara- por radiomarcar lobos que les ha entrado a las mismas instituciones que antes los tiroteaban como si no hubiera un mañana. Así, en la provincia vallisoletana miembros de esta asociación descubrieron otro lazo de captura en vivo y hasta cinco cámaras de fototrampeo, además de otra de vigilancia fija, en un camino público y sin señalizar, algo a lo que obliga la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. No es algo subjetivo que las instituciones públicas deben ser las primeras en dar ejemplo del escrupuloso cumplimiento de la Ley, para que moralmente puedan después hacerla cumplir al resto de los ciudadanos con verdaderos argumentos. Sin embargo, aquí, además de este vergonzoso incumplimiento de la legislación, se ha puesto nuevamente en peligro la integridad física de las personas y de los animales, tanto domésticos -como ya sucedió en Asturias- como silvestres -como también denunciaron en el Principado los miembros del FAPAS-. Y hablando de Valladolid, obviamente se nos viene a la cabeza que hace tan solo unos meses ASCEL denunció ante las fuerzas de seguridad la muerte de varios lobos en esta provincia castellana.

Las cuantiosas partidas presupuestarias que el MITERD pone a disposición de las comunidades autónomas para llevar a cabo la protección y conservación efectiva del lobo ibérico no deberían estar siendo usadas para otros fines que no sean esos mismos, pero aquí parece que la duda de la sospecha envuelve inevitablemente el destino que hacen de estas inversiones esas CCAA que siempre se caracterizaron por la férrea persecución de la especie. Es lamentable que debamos ser los ciudadanos los que tengamos que vigilar, y denunciar en su caso ante los tribunales o los cuerpos de seguridad del Estado, a las mismas instituciones públicas que deberían, muy por el contrario, velar por el interés general y el estricto cumplimiento de la Ley. La propia inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) en septiembre de 2021 solo tuvo lugar tras otro Recurso Contencioso Administrativo que interpuso ASCEL ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras el silencio administrativo con el que el MITERD respondió al procedimiento reglado de inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas que impulsó dicha asociación, algo que era de obligado cumplimiento.

Sí señores, los hechos y el paso del tiempo son cabezones y nos vienen demostrando un par de cosas: la primera y más deplorable, que es la sociedad civil la que tiene que fiscalizar a las instituciones públicas y, en su caso, obligarlas a cumplir con su cometido de servidores de lo público, al menos cuando hablamos del lobo; y, segundo, que la protección de esta especie se dirime más de lo que debería ser lógico en un país moderno en los juzgados. Lo grave es que esto va más allá de ser una cuestión puntual relacionada meramente con el medioambiente, es un cáncer extendido entre gestores y políticos que supone un modo de gestionar lo público sin pensar en lo público (la sanidad después de la pandemia o la educación son dos buenos ejemplos).

Tras la protección del lobo en 2021 las cosas no parecen haber cambiado en exceso, la lucha por su protección efectiva continúa. Y ahí nos encontrarán las administraciones, vigilantes y atentos a sus acciones.