La responsabilidad de la Junta

Esta vez intentaré ser conciso, lo juro, pero igual de claro que siempre. Hace solo dos días dedicaba la entrada previa a hacer algunas reflexiones personales -pero compartidas por un gran número de personas- sobre la necesidad de prohibir por Ley la caza en determinados espacios y circunstancias alegando, entre otras cosas, la larga experiencia acumulada que tenemos en muertes de osos por disparos durante la práctica de esta actividad (y otras especies, como linces, por ejemplo), en cuyos casos los cazadores implicados siempre han alegado en su defensa que el suceso solo fue un desafortunado "accidente de caza". En otras ocasiones directamente los osos han desaparecido para siempre sin dejar rastro justo al comenzar la temporada cinegética, ¡qué casualidad!. Y en otras ni siquiera se tiene constancia de su desaparición hasta que años después se localiza fortuitamente algún ejemplar en un estado de conservación tan malo que imposibilita ya conocer las causas de su muerte.

Hace solo dos días de esas reflexiones. Pues bien, ayer 27 de febrero la Fundación Oso Pardo se hacía eco de la reciente sentencia dictada contra el cazador que disparó y mató a una osa en noviembre de 2020 en un Espacio Natural Protegido que casi podríamos denominar como un "sumidero de osos", ya que es en lo que parece se ha convertido el norte de Palencia por la escandalosa gestión que viene haciendo la Junta de Castilla y León, y más concretamente en el Parque Natural Montaña Palentina. En esta sentencia se condena al delincuente a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para la caza, así como a pagar a la Junta de Castilla y León 17.505,95 € en concepto de responsabilidad civil, siendo esta una cantidad muy inferior a la solicitada por la fiscalía y la propia FOP. Según explica la misma fundación en su nota, esta "... reducción obedece a que la sentencia considera que debería haberse suspendido la cacería en el momento en el que se tuvo conocimiento de la presencia de la osa con el osezno en la zona a cazar". Esto es extraordinariamente relevante porque viene a decir que la Junta de Castilla y León es responsable también de la muerte de esa osa por AUTORIZAR la batida a sabiendas de su presencia con la cría. Vamos, lo mismo que venimos denunciando desde hace años sectores sociales en favor de la protección efectiva de las especies más vulnerables y contrarios a una actividad cinegética que ya se ha demostrado en demasiadas ocasiones como muy peligrosa, tanto para las personas como para las especies protegidas.

Ecologistas en Acción Palencia, entidad que se personó igualmente en la causa, llegó a solicitar la imputación por prevaricación por omisión del propio Director del Parque Natural Montaña Palentina, así como de la Directora de la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas (otra vez coincidiendo la fraudulenta protección de un espacio natural con la muerte legal de sus animales para diversión de una minoría), ya que " ... todas las pruebas y testigos coincidían en que la cacería no debió celebrarse de ningún modo en ese lugar y que ambos Directores disponían de información suficiente sobre la presencia de la osa y la cría. No es la primera vez que se ha disparado a ejemplares de oso pardo en el transcurso de la celebración de cacerías en la Reserva Regional de Caza (14 de octubre de 2012 en Vañes, el 18 de noviembre de 2917 en Pernía, el 1 de noviembre de 2022 en Vañes). Como han reconocido en sede judicial ambos directores, no es un problema nuevo y son plenamente conocedores del conflicto ...".

Por poner otro ejemplo de tantos, en el post que titulé Caza, furtivismo y descontrol denunciaba el caso de las actividades cinegéticas que se llevaron a cabo en el mismo lugar donde se había liberado un cachorro de oso rescatado por unos vecinos cuando estaba a punto de morir, y recuperado por los veterinarios de la Junta de Castilla y León: un rececho al corzo al día siguiente de la liberación y una batida al jabalí dos días después. Leerlo, sin desperdicio, pero os darán arcadas comprobar cómo la Junta de Castilla y León antepone la protección de la caza a la de la fauna. 

En fin, amigos, una completa vergüenza. Es más de lo mismo. Pero aunque el hartazgo de observar cada día este tipo de actuaciones administrativas -direccionadas en favor de la caza y en detrimento de la conservación de nuestra biodiversidad- sea tan mayúsculo, no vamos a cejar en nuestro empeño de señalar a los que consideramos directos responsables de esta caótica y surrealista gestión.

- Se autoriza a unos privilegiados cazar en manchas de monte en las que se refugian especies protegidas, arriesgando las vidas de dichos animales.

- Cuanto menos, se autoriza a los cazadores a molestar y perturbar a dichas especies, algo que en realidad está prohibido por la ley.

- Se autoriza todo ello a pesar de los numerosos "desafortunados accidentes de caza" ya ocurridos. 

- Por el contrario, se prohibe el tránsito al resto de ciudadanos y se nos echa del lugar si en la zona se va a cazar.

- Pero es que, además, los responsables últimos de la administración conceden las autorizaciones aun sabiendo de la presencia de estos animales, poniendo por lo tanto en un grave peligro su integridad.

Y volvemos al conflicto increíble que comentábamos en el blog hace tan solo un par de días: todo esto sucede a menudo en terrenos cinegéticos que forman parte de los Espacios Naturales Protegidos, siendo en muchas ocasiones Reservas Regionales o Nacionales de Caza, es decir cotos públicos que nos cuestan dinero a todos los españoles. Las administraciones se lo tienen que hacer mirar. Desde el gobierno central para aprobar leyes que, no solo prohiban la caza en todos los ENPs del país, sino que endurezcan las condiciones en las que esta actividad peligrosa para el resto de los ciudadanos se pueda practicar, hasta los autonómicos para que de una puñetera vez legislen de verdad en materia de medio ambiente con un poco de cordura, anteponiendo la conservación efectiva de la fauna y el derecho de la ciudadanía a disfrutar de un medio ambiente sano y protegido, a los intereses de un colectivo minoritario cuya actividad resulta peligrosa para la conservación de las especies vulnerables y para la integridad de las propias personas.

¿Verán nuestros ojos el reconocimiento institucional de estos problemas? ¿Entonarán alguna vez el mea culpa y pondrán sobre la mesa las herramientas que solucionen estos conflictos? ¿Legislarán por fin en favor del interés general y de la verdadera y escrupulosa conservación del medio ambiente? ¿Se restringirá algún día la caza en determinadas circunstancias para velar por los derechos de la mayoría de los ciudadanos y de la propia conservación ambiental? ¿Se endurecerán por fin las condiciones en las que esta actividad se podrá realizar como esparcimiento?

Soy pesimista, pero seguiremos atentos a las barbaridades de las administraciones.

Prohibir matar animales por diversión

El domingo pasado regresé a casa muy enfadado, otra vez. No puedo por menos de estarlo, sin que se me pase el mosqueo desde hace mucho tiempo. Años. Recuerdo mis años jóvenes cuando la rebeldía y el ceño fruncido contra una sociedad adormilada eran el signo de identidad de toda una generación que quería cambiar las cosas. Los últimos años del franquismo que hoy algunos maquillan y añoran, y los primeros de una democracia que otros santifican como intocable coincidieron con toda una generación contestataria e inconformista. Aún existían "los grises", y no se me olvidan a una cierta distancia frente a nosotros. Sin embargo, recuerdo bien que en aquellos años rebeldes e insumisos formaba parte de mi biblia naturalista que la caza deportiva (nunca entenderé qué tiene de deporte matar seres vivos) era, en el peor de los casos, un mal necesario. Así me lo creí ingenuamente a base de oírselo decir a unos y a otros, desde notorios personajes públicos a gente anónima, blanqueando la brutalidad de dicho entretenimiento. Hoy en día, en la actualidad, con lo que sabemos, con la experiencia acumulada de cientos de encuentros con esta actividad, con las consecuencias que acarrea para la biodiversidad, y para la libertad de tránsito y la integridad física del resto de las personas, no puedo opinar igual.

Cuando las canas me tiñen el pelo desde hace bastante más de lo que quisiera, ya no comparto aquella tolerancia de mi juventud. Ahora soy más radical que entonces. Me "han hecho ser" más radical que entonces, para ser exactos. No comprendo la caza, me resulta imposible ser ya indulgente con esa mierda que cada año se lleva por delante la vida de demasiados millones de animales masacrados en nuestro país por diversión, por mero entretenimiento, además de acabar también con un pequeño, pero siempre excesivo, puñado de seres humanos, esta vez por negligencia o accidente. Y ya no la comprendo ni por experiencia personal, ni por lógica; probablemente porque razone más las cosas y porque el sentido común me avala.

La media anual de animales masacrados para mero esparcimiento fue de 20.219.696 cada año, teniendo en cuenta que se trata de cifras que hacen referencia solo a las especies cinegéticas que han sido abatidas legalmente, de acuerdo a cupos establecidos y contabilizadas oficialmente por el MITERD. Ni que decir tiene que el volumen real debe ser obviamente muy superior, pues no es una práctica esporádica que se sobrepasen dichos cupos, que muchos cazadores y/o cotos no transmitan sus capturas reales a la administración y que se furtivee muy por encima de lo imaginable, como ya dejamos claro en la Caza, furtivismo y descontrol. Pero es que, además, habría que añadir la ingente cantidad de animales protegidos y/o no cazables que mueren en controles de predadores en los cotos y fincas cinegéticas (gatos monteses, garduñas, meloncillos, etc.). Basta un dato sangrante para demostrar la irresponsabilidad de la que el sector cinegético hace gala en nuestro país: al menos 7.380.277 tórtolas europeas (o comunes) fueron muertas en esa década a pesar de ser una especie cuyos efectivos poblacionales se venían reduciendo brutal y alarmantemente desde hacía tiempo. Solo en 2020 el Ministerio aprobó por fin una moratoria de capturas que dura hasta nuestros días, aunque no se excluyó a la tórtola europea de la lista de especies cinegéticas, lo que viene siendo una demanda recurrente desde sectores conservacionistas y científicos.

Pero vayamos al grano, que me ramifico.

Sí, amigos, prohibir la caza es algo de sentido común en, al menos, determinadas circunstancias. Y en el resto de casos debería serlo como mínimo por ética. Esa es al menos mi opinión. Hablemos de las primeras.

Hay varias coyunturas en las que esta actividad debería ser vetada radicalmente desde ya. La primera CUANDO SE PRACTICA EN UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO (ENP), ya sea un parque nacional (hoy en día prohibida por Ley desde diciembre de 2020) o cualquier otra figura de protección, ya sean parques, reservas o monumentos naturales, por ejemplo, y que se hayan constituido públicamente para conservar y proteger los valores naturales y paisajísticos de un área concreta.

No tiene ningún sentido que, mientras al conjunto de la ciudadanía se le exige el más estricto respeto a la fauna que habita un área protegida, como es lógico, y bajo la pena de ser sancionada administrativamente si la molesta o perturba, como también es lógico, luego pueda venir un cazador y matarla con todos los beneplácitos administrativos. ¿Alguien lo entiende? Porque si hay algo que a la fauna le molesta especialmente es que la maten, ¿no os parece?

Protegemos la vida salvaje de un entorno pero al mismo tiempo permitimos que unos privilegiados mercadeen con el derecho a dispararla y matarla. Señores pensantes, no es compatible proteger la fauna y a la vez matarla, ¿no os dais cuenta de ese curioso detalle? ¿No os habéis percatado aún que el fundamento de la declaración de áreas protegidas es preservar la vida y el funcionamiento que esos ecosistemas encierran?, ¿es de verdad tan difícil de entender que matar es lo contrario de proteger? Si es que es del más aplastante sentido común, señores, hasta el punto de que cualquier niño lo entiende. De purita lógica, que dirían en Latinoamérica. O proteges o matas, pero las dos filosofías no pueden ética o moralmente desarrollarse en el mismo espacio. Y si, además, el desarrollo de esa actividad impide al resto de ciudadanos disfrutar de ese entorno para la realización de otras actividades, esta vez sí, inocuas para el medio ambiente, ... pues entonces apaga y vámonos: prevalece arbitrariamente el gatillo y sus privilegios al senderismo, la observación de fauna, el ciclismo, la fotografía, o lo que quiera que cada cual desee practicar en la naturaleza.

Y enlazando con lo anterior, hay una segunda cuestión que me trae de cabeza: la URGENTE DESAPARICIÓN DE LAS RESERVAS REGIONALES DE CAZA y del resto de cotos públicos de todo el país gestionados y declarados por las administraciones: es absolutamente inadmisible que sigan existiendo en nuestros días, en pleno siglo XXI. Ahondando en la paradoja anteriormente expuesta respecto del absurdo hecho de que se pueda cazar en un Espacio Natural Protegido salpicado de cotos privados de caza, pienso y razono lo injusto y anticuado que supone, además, que muchas de esas áreas cinegéticas sean, por el contrario, públicas y gestionadas directamente por los gobiernos autonómicos. Porque aquí, además de implicar la contradicción de matar por un lado la misma fauna que protegemos por otro, existe un componente que lo hace mucho más hiriente y surrealista todavía, como lo es que estas Reservas Regionales o Nacionales de Caza las mantengamos todos con nuestro dinero, a pesar de que en España aproximadamente el 98,5 % de los ciudadanos ni somos cazadores, ni compartimos la necesidad de la caza, ni mucho menos su ética, constituyendo una amplia mayoría la que abogamos por una dura restricción de la misma o, incluso, su total prohibición a nivel particular. Por Ley habría que hacer desaparecer de un plumazo todos estos cotos públicos de caza, por anacrónicos y medievales, como viejos vestigios de lo que fueron los antiguos cotos reales, por ser actualmente injustos con una sociedad no cazadora que no tiene porqué mantenerlas económicamente, y máxime cuando además coincidan en el espacio con figuras legales de protección. ¿Cómo puede no enfadar a nuestra sociedad que el conjunto de los ciudadanos que se opone mayoritariamente a matar animales por diversión corra, para mayor afrenta, con los gastos que conlleva el mantenimiento de estas reservas de caza?, ¿se están mofando de nosotros? Obviamente, se trata de una burla más que la sociedad tenga que poner dinero encima de la mesa para esta reprobable actividad. 

Y, por último, una tercera cuestión que me preocupa especialmente y me saca de mis casillas, porque es tan evidente y palmaria que da vergüenza: que SE LES PROHIBA A LOS CAZADORES MOLESTAR A LAS ESPECIES PROTEGIDAS de una vez por todas, ¡que ya está bien hombre!. ¿Alguien ve lógico que, aún no siendo en un Espacio Natural Protegido -donde es todavía más reprochable-, los cazadores sí puedan perturbar la vida diaria de las especies protegidas del entorno en el que desarrollan su antiecológica actividad?. Casos tenemos muchos para demostrarlo, como las habituales batidas en manchas de monte donde se tiene constancia de la presencia de osos, e incluso de osas con crías o de camadas de lobo, por poner unos casos que son de lo más corrientes en nuestro país. Pero pondré un ejemplo menos conocido pero que igualmente se permite todos los años. Veamos, estamos en una sierra del centro peninsular, cubierta de monte mediterráneo. Las laderas con una fuerte pendiente guardan como verdaderos tesoros algunas plataformas de buitre negro, y durante varios meses al año la Junta de Castilla y León (en este caso, pero sucede en todas partes) pincha cartelitos a la entrada de todos los senderos y pistas prohibiendo el acceso a todos para preservar la tranquilidad de esta especie necrófaga durante su ciclo anual reproductor.

Nada, nos tendremos que dar la vuelta, porque caminar en un relativo silencio con la cámara o los prismáticos colgados del cuello "molesta" a las aves carroñeras y puede perturbarlas en tan delicado período. Vale, todos de acuerdo ¿no? Sí, así es, todos de acuerdo, al menos los que nos colgamos unos prismáticos del cuello. Entonces, ... ¡hay amigo!, ... ¿porqué se autorizan batidas con decenas de perros de reala y un determinado número de ojeadores vociferando gritos como si no hubiera un mañana para batir precisamente esas manchas de monte donde están incubando o dando calor a los pollos de buitre recién nacidos, para mover las "presas" hacia la línea de escopetas? ¡¡Es que pasan a veces por debajo mismo de algunos de los nidos!! Es una barbaridad y una indecencia. El estrés que representa esta abusiva y horrible modalidad de caza es brutal en todo el entorno en el que se desarrolla, porque no afecta solo a las especies objetivo (jabalíes, ciervos, corzos y zorros, básicamente, y a veces también gamos y muflones), sino a todas las criaturas en su conjunto, incluyendo también a todas las especies protegidas (linces, osos, rapaces, lobos,...) del lugar, con el importante riesgo existente de que alguna de ellas pueda, además, morir en la jornada, como ya hemos sufrido en tantas ocasiones.

Efectivamente, sí, el domingo regresé a casa enfadado y no puedo por menos de estarlo aunque no tuve en esta ocasión ningún encuentro desafortunado con estos personajes. No me prohibieron pasar porque hubiera una montería, ni tampoco silbó próxima una bala perdida como en alguna otra ocasión, ni me han llegado cerca de los pies los perdigones de un par de cartuchos disparados desde el otro lado de un pequeño azud tras describir en el cielo una parábola en busca de algún pato. No me ha puesto nadie mala cara, ni he tenido que oír improperios de ningún señor armado porque "le espanto SU caza" en mi trasiego por el monte, ni me ha interrogado ningún engreído guarda privado del coto social de turno como si el delincuente fuera yo. Pero aún así fue imposible no regresar muy enfadado a mi casa cuando caminar por el Parque Regional de la Sierra de Gredos es observar el compendio de todas esas circunstancias sin ningún sentido común a las que me he referido en los párrafos anteriores.

Porque no es de recibo que me vea obligado a escoger en época de caza vestir con los colores más fosforitos que tenga por casa para parecer un semáforo viviente y evitar así que me peguen un tiro en un Parque Regional, confundido con un bicho porque sigue habiendo muchos disparos a bulto. Porque no es de recibo que mis impuestos paguen las nóminas de una guardería que mata animales en una Reserva Regional de Caza, en vez de protegerlos. Porque no es de recibo que mis actividades estén supeditadas a las suyas, ni que su libertad de tránsito coaccione -cuando no prohibe- la mía propia. Porque no es de recibo que los cazadores, en el ejercicio de una actividad lúdica, no ganadera o agrícola, tengan autorización para meter sus vehículos hasta donde les de la gana. Porque no es de recibo que con nuestro dinero esas Reservas Regionales de Caza abran pistas para los cazadores y lo empleen en labores que alteran el entorno, como la construcción de refugios, el levantamiento de vallados cinegéticos, la introducción de especies cinegéticas exóticas (arrui, muflón, faisán, ...). Porque no es de recibo que ellos tengan privilegios y derechos que al resto de los ciudadanos se nos niegan, prevalenciendo su actividad sobre las del resto de españoles, con plena libertad de movimientos cuando a los demás se nos puede impedir el paso. Porque no es de recibo la coacción que nos supone el riesgo de sus armas, ni la autorización que tienen para meter sus vehículos hasta lo más profundo del monte, ni la de salir a pegar tiros durante el confinamiento cuando al resto se nos obligaba a quedarnos en casa. No es de recibo que se les permita dejar el monte lleno de cintas de colores sin recoger y de cartuchos tirados por el suelo. Y no es de recibo que muchos desfoguen sus frustraciones contra la señalización que se encuentran.

En fin, ¿cómo no voy a estar enfadado? El tiro al plato sí es deporte, señores cazadores, matar animales por diversión es, muy por el contrario, una actividad indigna y humillante para el ser humano actual, por lo insensible de la misma, por su falta de empatía, por la violencia que lleva implícita y hasta por la agresividad que muchas veces trasciende de ella, y sobre todo por antinatural y perjudicial para la biodiversidad. Una actividad con la que no comulga el aproximadamente 98,5 % de la población española que no es cazadora, pero a los que, sin embargo, nos afecta su presencia.

Prohibir la caza deportiva en todos los Espacios Naturales Protegidos, eliminar las obsoletas Reservas Regionales de Caza y resto de instituciones públicas análogas y prohibirles a los cazadores que provoquen molestias a las especies animales protegidas es lo mínimo a lo que se debería aspirar en una país civilizado que se precie, moderno y preocupado por la conservación medioambiental, eliminando de paso todos esos injustos privilegios que el resto de los españoles no comprendemos y que socavan la convivencia entre unos y otros. Todos estos aspectos son, como mínimo, del más obvio sentido común.

Ambicionar menos de eso es seguir viviendo en el medievo.

Administraciones, lobos y radiomarcaje, un coctel oscuro

Hoy 14 de febrero quiero hacerme eco de una noticia de hace ya unas semanas. Aunque el tiempo no me da para más y otras historias me lo ocupan, no quiero dejar pasar por alto algo de notable trascendencia y de lo que nos venimos lamentando desde hace décadas los naturalistas, y que tiene que ver con esas administraciones que teóricamente velan por el interés público, pero que a la hora de la verdad no lo hacen siempre, o desde luego nunca cuando de lo que hablamos es del lobo ibérico (Canis lupus signatus).

Una administración pública es el conjunto de instituciones u organismos públicos de ámbito estatal, autonómico, provincial o local que sirven a los intereses generales de los ciudadanos con objetividad, prestando los servicios públicos que les sean competentes y cumpliendo la legislación vigente, que es, por supuesto y dicho sea de paso, lo mínimo que esperamos de ellas.

Vale, sabiendo esto sería lógico pensar que las instituciones son valedoras del interés general y cumplen la Ley. Dicho de otra manera, estaríamos todos de acuerdo en que, en ese hipotético supuesto, sería innecesario que la sociedad civil fiscalizara sus actuaciones. Pero lo lógico aquí sería lo ingenuo cuando hablamos del binomio Administración / lobo; sería en realidad, para qué engañarnos, como vivir en los mundos de Yupi. ¿Una institución pública poniéndose de parte de la conservación, protección y defensa de esta especie?, ¡¡pero hombre, por Dios, a dónde vamos a llegar!! Y es que la historia se vuelve muy terca, y se empeña en demostrarnos que los organismos públicos han estado siempre del lado del gatillo y la mira telescópica, y nunca del lado de la protección del cánido.

La noticia de hace unas semanas a la que hacía referencia en la primera frase reza lo siguiente: "El TSJA ordena entregar a los ecologistas toda la documentación sobre los radiomarcajes de lobos"; y tras el título, la entrada amplía: "Los jueces dan la razón a la asociación ASCEL, que defendió su derecho a acceder al expediente, e insta al Principado a remitírselo".

¿Pero cuáles fueron los antecedentes que han terminado con una nueva sentencia judicial contraria -otra más, ¡y van ya tantas!- a una institución pública y sus opacas maniobras en la gestión del lobo?

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) había solicitado ya en noviembre de 2021, tanto a la Universidad de Oviedo como al CSIC, información sobre el proyecto de radiomarcaje que el Principado de Asturias estaba llevando a cabo, y al propio ejecutivo asturiano en febrero de 2022 ante las anomalías que parecían rodear el proyecto llevado a cabo por un gobierno autonómico empeñado en eliminar lobos en vez de protegerlos, y tras las sospechosas muertes por furtivismo o desapariciones de ejemplares con collares GPS (entre un 14% y un 23% de los animales radiomarcados desde 2017). El FAPAS igualmente había solicitado información a la misma Universidad de Oviedo que, a través del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad, (constituido por la citada universidad, el CISC y el propio Principado de Asturias) parece ser la responsable de realizar sobre el terreno los trabajos de seguimiento encargados por el ejecutivo autonómico, al detectar lobos con collares GPS, algunos de ellos lesionados, por evidentes intentos de captura en vivo, que aparentemente solo podrían corresponder con el proyecto autonómico de radiomarcaje.

Todos estos temores y sospechas más que fundadas de que las cosas se estaban haciendo mal y, quizás, con una finalidad real que a más de uno pudiera parecerle bastante menos loable de lo que la institución autonómica decía (habida cuenta del historial lobicida que precede a dicha administración y a los ejemplares marcados que ya habían muerto), se parecieron confirmar un día 1 de septiembre de 2022 cuando ocurre un incidente con un investigador que dice tener 5 trampas de captura en vivo en la zona y que es llevado a declarar a las dependencias de la Guardia Civil tras caer la mascota de un vecino en una ellas sin señalizar y de localizarse en la zona una cámara de fototrampeo, todo ello aparentemente sin disponer de todos los preceptivos permisos reglamentarios.

Con todos estos preliminares, que el estudio científico de una universidad no trascienda públicamente a través de publicaciones académicas o divulgativas después de seis años de investigaciones y que del mismo no se sepa absolutamente nada de nada tras el paso de más de un lustro desde su inicio ya resulta algo más que extraño y sospecho, debido a los antecedentes que hemos comentado, por tratarse de una especie de la que se mantiene todo en el más hermético oscurantismo, y porque se trata de la iniciativa de una administración autonómica que siempre se ha prodigado en declaraciones y, lo que es más grave, actuaciones contrarias a la conservación y protección del lobo. Como el mismo FAPAS denuncia en su artículo "Lobos radiomarcados; un fraude sin precedentes" Ni siquiera, el trabajo de seguimiento del lobo ha sido utilizado por el Gobierno de Asturias para realizar los documentos técnicos que reflejan el censo poblacional de esta especie en la región". Entonces, si años de investigaciones y seguimiento no están sirviendo para la realización de los censos poblacionales, todos nos preguntamos para qué diablos se está llevando a cabo este proyecto científico, qué se está haciendo con toda esa información obtenida, y, lo que da más miedo, si dicha información está realmente a salvo o no.

La verdad es que, partiendo de quienes parten, nos ponen muy difícil no dudar de los objetivos reales de este tipo de investigaciones, así como de que existan filtraciones interesadas o del posible uso y abuso final que se pueda hacer de esa información privilegiada, máxime cuando varios de estos animales radiomarcados ya han caído furtivamente por lazos y disparos, o han desaparecido sin dejar rastro alguno a pesar de llevar un collar. Resulta un temor fundado que este tipo de estudios acabe siendo usado contra la especie por terceras personas, ¿verdad?, y tanta opacidad y oscurantismo en lo que podría ser simplemente una investigación científica más no hace sino acrecentar los temores en este sentido.

Volviendo a la noticia que da pie a esta nueva entrada y enlazando con todo lo anteriormente dicho, hay que recordar e insistir que este derecho a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente está regulado por una Ley (la 27/2006 de 18 de julio, que transpone a nuestra legislación nacional las directivas europeas 2003/4/CE y 2003/35/CE) que se supone el Principado de Asturias debería cumplir. Sin embargo, el gobierno del socialista Adrián Barbón, haciendo gala de un insultante desprecio a la ciudadanía y a las leyes, ni siquiera llegó a tramitar la solicitud de información, al considerar que ¡¡¡ASCEL no era un actor interesado en el expediente!!! Hay que ser muy prepotentes y anti-demócratas para, desde una administración pública que está al servicio del interés de la sociedad, negarle a la misma algo que le pertenece y que viene regulado por Ley, como es en este caso el derecho a la información en materia de medio ambiente a una asociación que ha hecho por esta especie más de lo que era esperable conseguir, viendo al Goliat contra el que se tiene que enfrentar constantemente. ¿Cómo puede alegar el ejecutivo autonómico que ASCEL no es parte interesada en las acciones que ese gobierno lleve a cabo en relación al lobo ibérico? Es simplemente ofensivo. Como ofensivo es que sea el modus operandi habitual de estas instituciones en su gestión de la especie, pues su opacidad y secretismo son el pan nuestro de cada día.

¿No habría sido mucho más fácil que estos proyectos de radiomarcaje, si no tenían en realidad nada que ocultar, se hubieran caracterizado por la transparencia y la justificación del interés científico? Y es que cuando no hay transparencia hay sospecha, y todo parece indicar que algo se está haciendo mal en detrimento del interés general.

Pero sigamos. Tras el necesario recurso contencioso administrativo que elevó la asociación en abril de 2023 para obligar al gobierno autonómico a cumplir la Ley, hemos conocido por fin la sentencia firme en febrero de este año 2024, en la que el tribunal ordena al ejecutivo proporcionar a la ONG el citado expediente, censurando y reprendiendo al ejecutivo autonómico su actitud contraria a la Ley, justificando en su escrito que "... la falta de tramitación del expediente administrativo y la invocación de una pretendida falta de interés legítimo para solicitar la información, ... / ... es una conducta especialmente reprochable de la Administración".

Pero, amigos, cuando hablamos en plural al hacer referencia al oscurantismo y las malas praxis en las actuaciones de estos organismos públicos en relación a la protección del lobo es porque es el modo de actuar de todas ellas, y la historia reciente viene a demostrárnoslo. Como dirían algunos, ahí está la hemeroteca para desengañar a los incrédulos. Hoy mismo, por ejemplo, aparece en la prensa nacional que ASCEL ha denunciado también a la Junta de Castilla y León por unos hechos que igualmente están relacionados con ese sospechoso y repentino interés -como si de una infección vírica se tratara- por radiomarcar lobos que les ha entrado a las mismas instituciones que antes los tiroteaban como si no hubiera un mañana. Así, en la provincia vallisoletana miembros de esta asociación descubrieron otro lazo de captura en vivo y hasta cinco cámaras de fototrampeo, además de otra de vigilancia fija, en un camino público y sin señalizar, algo a lo que obliga la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. No es algo subjetivo que las instituciones públicas deben ser las primeras en dar ejemplo del escrupuloso cumplimiento de la Ley, para que moralmente puedan después hacerla cumplir al resto de los ciudadanos con verdaderos argumentos. Sin embargo, aquí, además de este vergonzoso incumplimiento de la legislación, se ha puesto nuevamente en peligro la integridad física de las personas y de los animales, tanto domésticos -como ya sucedió en Asturias- como silvestres -como también denunciaron en el Principado los miembros del FAPAS-. Y hablando de Valladolid, obviamente se nos viene a la cabeza que hace tan solo unos meses ASCEL denunció ante las fuerzas de seguridad la muerte de varios lobos en esta provincia castellana.

Las cuantiosas partidas presupuestarias que el MITERD pone a disposición de las comunidades autónomas para llevar a cabo la protección y conservación efectiva del lobo ibérico no deberían estar siendo usadas para otros fines que no sean esos mismos, pero aquí parece que la duda de la sospecha envuelve inevitablemente el destino que hacen de estas inversiones esas CCAA que siempre se caracterizaron por la férrea persecución de la especie. Es lamentable que debamos ser los ciudadanos los que tengamos que vigilar, y denunciar en su caso ante los tribunales o los cuerpos de seguridad del Estado, a las mismas instituciones públicas que deberían, muy por el contrario, velar por el interés general y el estricto cumplimiento de la Ley. La propia inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) en septiembre de 2021 solo tuvo lugar tras otro Recurso Contencioso Administrativo que interpuso ASCEL ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras el silencio administrativo con el que el MITERD respondió al procedimiento reglado de inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas que impulsó dicha asociación, algo que era de obligado cumplimiento.

Sí señores, los hechos y el paso del tiempo son cabezones y nos vienen demostrando un par de cosas: la primera y más deplorable, que es la sociedad civil la que tiene que fiscalizar a las instituciones públicas y, en su caso, obligarlas a cumplir con su cometido de servidores de lo público, al menos cuando hablamos del lobo; y, segundo, que la protección de esta especie se dirime más de lo que debería ser lógico en un país moderno en los juzgados. Lo grave es que esto va más allá de ser una cuestión puntual relacionada meramente con el medioambiente, es un cáncer extendido entre gestores y políticos que supone un modo de gestionar lo público sin pensar en lo público (la sanidad después de la pandemia o la educación son dos buenos ejemplos).

Tras la protección del lobo en 2021 las cosas no parecen haber cambiado en exceso, la lucha por su protección efectiva continúa. Y ahí nos encontrarán las administraciones, vigilantes y atentos a sus acciones.

Escandinavia, ¿paraíso natural?

Tras varias entradas en este blog narrando nuestra experiencia por las seductoras tierras escandinavas, me veo en la necesidad de cambiar de tercio y mostrar la cara oculta de la luna, haciendo un símil con el fraudulento eslogan de "Asturias, paraíso natural", falaz y trolero lo mires por donde lo mires, lo que cada día que pasa resulta más obvio. Pues al igual que sucede en el campo asturiano que, aún siendo un escaparate maravilloso -lo cual nadie discute- oculta una trastienda oscura llena de odio al lobo, de furtivismo endémico, de uso descontrolado del fuego como herramienta para hacer daño consciente, y anacronismos humanos ligados a unas rancias instituciones públicas, en la región escandinava sus gobiernos tienen así mismo entre sus bambalinas otro tanto que ocultar y sus ciudadanos no poco de lo que avergonzarse en lo que a conservación de la biodiversidad se refiere. 

Veamos, pues, qué se cuece entre los bastidores del Gran Norte.

Escandinavia es una región geográfica y cultural formada por tres países nórdicos -Dinamarca, Noruega y Suecia-, aunque aquí también hablaremos de Finlandia aun no siendo formalmente incluida en el término. En la actualidad estos cuatro países disfrutan de un bienestar social y un nivel de vida económico envidiables, habiéndose convertido en los últimos tiempos en países realmente prósperos al implementar políticas económicas y sociales avanzadas y modernas, consiguiendo generalizar bajos niveles de desempleo y desigualdad, así como altos niveles educativos, incluso en el medio rural. Como dato curioso y descriptivo nos llamará la atención, en contraste con lo que vemos en nuestro país, que sus granjas agrícolas o ganaderas están impolutas y ordenadas, sin zaleos por todas partes como ocurre aquí, además de sorprender la gran cantidad de ellas que tienen aparcadas en la puerta roulottes o autocaravanas, lo que parece venir a demostrarnos que para la mentalidad de esta gente hay vida más allá del futbol, los encierros y las tascas del pueblo (de las que, por otro lado, tampoco disponen). 

No verás basura por las cunetas, ni en las apartaderos y zonas de descanso de las carreteras, y no digamos ya escombros en los caminos o carritos de supermercado en los ríos. El contacto con la naturaleza representa allí una tradición interiorizada en sus vidas y el civismo forma parte de su idiosincrasia, lo que comprenderemos cuando observamos con envidia los cientos de baños públicos que se reparten por todas las carreteras en perfecto estado de uso, limpios no, lo siguiente, con calefacción y ¡¡¡sin las firmas de nadie por sus paredes!!! (aquí debemos tener tanta gente con la autoestima por los suelos, que para enorgullecerse de sí mismos necesitan imperiosamente dejar constancia de su paso por nuestros lavabos). Los conductores allí incluso respetan los límites de velocidad -salvo sorprendentes excepciones- aunque no haya radares cerca, y aun teniendo generalmente límites de velocidad muy bajos, mayoritariamente entre los 70 y 80 km/h.

De esta forma en la mayoría de las curiosas listas de los países más felices del mundo Finlandia se sitúa en primera posición, Dinamarca en segunda, Noruega en tercera y solo Suecia se descuelga a la séptima. Así las cosas, desde el sur de Europa observamos con una cierta envidia a estos países nórdicos por lo avanzados, modernos y prósperos que son, además de preocupados por la conservación del medioambiente y lo vinculados que se sienten emocionalmente a la naturaleza. Y si a todo eso le añadimos que se venden a sí mismos como una región geográfica envidiable por los magníficos espacios abiertos de los que pueden disfrutar, donde la libertad de tránsito es casi absoluta en unos ecosistemas prístinos y casi casi infinitos, pues tenemos el coctel perfecto para que nos pongan la venda en los ojos y nosotros mismos nos la anudemos. Me explico.

Hay que partir de que no se pueden negar ciertas evidencias. Sus paisajes son extraordinarios realmente, con vastas extensiones bien conservadas y una población humana reducida, lo que posibilita una interesante biodiversidad ligada a ecosistemas eurosiberianos y subárticos. 

Así, por ejemplo, Noruega tenía en 2023 una densidad de población de 16,95 hab/km2, mientras que en Finlandia era en 2015 de 16,41 y en Suecia de 22,97 en 2020. En comparación, nosotros somos actualmente algo más de 95 habitantes por kilómetro cuadrado en España. Dinamarca es un caso aparte dentro de su entorno ya que alcanza una cifra muy superior a la de sus vecinos del norte, siendo hace tres años de 135,90 hab/km2, lo que puede ser explicado por su ubicación dentro del continente. Sin embargo, estas densidades relativamente bajas para unos países modernos no implican que no haya impacto humano alguno en sus territorios. De hecho, una gran parte de la población está diseminada en granjas y casas por todas partes, salpicando de puntitos el paisaje, junto a las carreteras, en los bosques, a orillas de las lagunas y fiordos, en la taiga o en la tundra, lo que compromete un cierto nivel de afectación en el entorno.

También es una evidencia que gran parte de sus áreas naturales más o menos bien conservadas son extensas, sobre todo en el norte, pero no menos cierto es que, por ejemplo, la industria maderera en Suecia explota gigantescas superficies de bosque boreal que muchos turistas incautos, al transitar por sus interminables carreteras, consideran verdaderos bosques, cuando en realidad son re-naturalizaciones sin los procesos ecológicos de un auténtico bosque maduro, y que muy poco tienen que ver con los verdaderos paisajes conservados que deberían ser.

No poco llama también la atención a quienes visitan por primera vez la región poniendo atención en los detalles la cantidad tan enorme de torres cinegéticas (puestos de caza construidos con troncos de madera) que salpican las lindes de las zonas arboladas y que se ven a simple vista desde las carreteras -sobre todo en el sur-, lo que ya nos va dando alguna pista también de cómo es la relación de una parte relevante de la población con su preciada naturaleza. En definitiva, no todo es tan idílico y bucólico como nos lo venden, aunque nos lo metan por los ojos.

Si visitamos las webs oficiales noruega, sueca o finlandesa sobre sus atractivos turísticos, veremos que una parte fundamental de lo que nos van a vender son sus valores paisajísticos y naturales, el derecho a vagar libremente por ellos y a disfrutar de un medioambiente salvaje y extraordinario, incluso en las propiedades privadas siempre que no estén cultivadas o valladas, ley tradicional que en Noruega denominan Allemannsretten, y conocida popularmente como la ley del libre albedrío, plasmada en 1957 en su ordenamiento jurídico como Ley de Ocio en Exteriores. El enorme turismo que tienen -especialmente Noruega- no es un turismo de museos, catedrales o monumentos históricos de hace un puñado de siglos, al estilo del centro y sur de Europa. Su turismo está fundamentalmente ligado a la naturaleza, e incluso muchos de sus atractivos culturales están indirectamente vinculados a ella, al ubicarse en entornos naturales alejados de las grandes urbes, como bien saben las hordas de turistas que visitan los hermosos pueblecitos de las Islas Lofoten y las clásicas iglesias de madera noruegas, la mayoría de ellas de los siglos XII y XIII, ...

... o los mucho menos numerosos visitantes de los clásicos molinos de viento o las piedras hincadas con alfabeto rúnico del siglo IV en adelante de la isla sueca de Öland, por poner algunos ejemplos.

Visto todo lo cual, desde el sur de Europa se ha normalizado pensar que en los países nórdicos el amor por la naturaleza está interiorizado en el alma de sus ciudadanos, de sus gobernantes y de sus políticas medioambientales. Y hete aquí que no es siempre así. 

No deja de ser una paradoja que un país -Noruega, en este caso- que se vende a sí mismo como profundamente unido a su maravillosa naturaleza y que muestra al mundo con orgullo los porcentajes de vehículos eléctricos vendidos, con la extraordinaria cifra de un 82,9% del total entre enero y julio de 2023 (lo que lo sitúa a años luz por delante de Islandia, con un 37,8%, Suecia con el 37,3%, Finlandia con 31,9% y Dinamarca con el 31,1%, que lo siguen en el ranking), sea a la vez un importante productor mundial de petróleo -en el puesto nº 11, con el 2% de la cuota de barriles mundiales-, extraído y comercializado precisamente para abastecer esa otra industria automovilística responsable de gran parte de las emisiones de CO2 al planeta y del calentamiento global y cambio climático. Difícil equilibrar ese doble rasero, lo que nos invita a no idealizar en exceso el autoproclamado amor por la naturaleza de esta u otras naciones, ni, por extensión, de sus sociedades, aun siendo comprensivos con el hecho de que alcanzar el necesario Estado del Bienestar para sus ciudadanos tiene un precio, que es, además de ambiental, también ético. Si un país pone en una balanza dinero y naturaleza, siempre se decantará por el primero.

Pero todos estos preliminares que has leído hasta ahora sirven solo para poner en contexto otra cuestión mucho más específica, e infinitamente decepcionante: las masacres que tan "civilizados" países y "amantes incondicionales" de su naturaleza realizan sobre una especie de la que aquí hemos hablado largo y tendido en muchas ocasiones, y de la que seguro seguiremos hablando en el futuro (por desgracia): el lobo (Canis lupus), animal venerado y odiado por igual y del que hemos tratado numerosas aristas del conflicto que mantiene con el hombre. Podríamos pensar que en estos países tan respetuosos con el medioambiente, tan conservacionistas, tan grandes geográficamente, con tan bajas densidades de población humana, con tan pocas cabezas de ganado, y con áreas forestales y montañosas tan extensas el lobo, el lince boreal, el glotón o el oso serían especies ampliamente distribuidas que vivirían felices y que comerían perdices (nivales, por supuesto). Pues no, señores, lamento desengañaros. El lobo en concreto es literalmente masacrado en estos países auto-etiquetados de "verdes"; y cuando utilizo este participio de pasado no es una licencia literaria, ni un modo de hablar, es preciso y textual: son masacrados sin piedad. Los países escandinavos son todo lo "verdes" que los votos permiten a sus gobiernos, y si ser conservacionista te quita votos en las urnas ... pues nada, les pegamos unos tiritos a los lobos y los exterminamos, y aquí paz y luego gloria, que luego yo ya, si eso, me encargo de hacer unas buenas campañas publicitarias de lo amantes que somos de la naturaleza y de lo conectados espiritualmente que estamos a ella.

Sabiendo las implicaciones que tiene eliminar especies predadoras apicales y en concreto conociendo las consecuencias que se derivan de la caza del lobo, veamos cómo se las gastan en estos países en su relación con el gran depredador del Holártico, lo que sin duda a más de uno le quitará las ganas de compararse con nuestros vecinos del lejano norte.

En Noruega, lo mismo que en España, el odio al lobo está profundamente imbricado en las instituciones, principalmente porque allí también resta votos. En el año 2011 contaban con la abrumadora cifra de 28 lobos en el país. Sí, habéis leído perfectamente, chicos: ¡¡¡28 lobos!!! en un país que supera ampliamente los 300.000 km2, con una población de solo cinco millones y medio de habitantes concentrados principalmente en el sur y las grandes ciudades, y con enormes extensiones de bosques y montañas donde prácticamente no hay ganado. Tres años después la cifra era prácticamente idéntica, solo 30 animales parecía haber en 2014, dejando patente que la caza furtiva estos años estaba impidiendo la evolución de su población. Pero aunque aquí generalmente no nos llegan noticias de estos países, a finales del año 2015 nos pudimos enterar que 11.571 noruegos aspiraban a matar a uno de los 16 lobos que las autoridades decidieron autorizar, de los 30 que seguían calculando tener aquel año en el país, así como otras 10.930 solicitudes para cazar 18 osos pardos, aunque apenas les quedaban un puñado de ellos, con unas cifras difíciles de conocer con exactitud, pero sabiendo que eran aproximadamente 127 osos en 2017. Pero es que al año siguiente, 2016, también pudimos leer la noticia de que se autorizaba la matanza del 70 % de los lobos que habían conseguido malvivir en su territorio cuando se estimó una población de ... ¡tachín, tachín! ... redoble de campanasssss ... solo ¡¡¡¡68 animales!!!! Sí, amigos, autorizaron matar a 47 de los 68 lobos censados.

Este escándalo sin parangón fue criticado por la prensa de todo el mundo, e incluso al otro lado del charco se hicieron eco de la hipocresía de un país que se define así mismo como valedor del medioambiente y la conservación al tiempo que planea alevosamente darle la puntilla a una especie que se encuentra en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos, caminando sobre la cuerda floja de la extinción.

Dos años más tarde, en 2018 el gobierno noruego fue denunciado ante un tribunal por WWF por el exterminio del 25% de los lobos que a duras penas aguantaban en el país, al ejecutar a 27 de los menos de cien que quedaban. ¿Se puede considerar verdaderamente amante de la naturaleza -como ellos se venden mentirosamente a sí mismos- un país que autoriza rematar a una especie en peligro crítico de extinción? Obviamente no lo es. Es más, ni siquiera lo sería sin esa medida brutal cuando previamente tenían designados territorios en los que esta especie sí podía vivir y otros en los que no, decidiendo dónde puede y dónde no puede desarrollarse la vida natural en completa libertad; esto no es, señores, amar la naturaleza, no es convivir con ella, es aprovechar de un modo utilitario sus recursos naturales y eliminar de un plumazo todo lo que en ella pueda suponer un conflicto, un contratiempo o una dificultad: lo que no me produce o no me vale, fuera, a freír espárragos. Tras extinguirse el cánido en Noruega en los años 70 su llegada desde Suecia no está siendo fácil, con graves problemas además de endogamia provocada por cuellos de botella en la poblaciones sueca y finlandesa -igualmente maltratadas y perseguidas- de cuyas poblaciones derivan los actuales ejemplares noruegos. Y que se puedan además cazar especies como linces u osos tampoco ayuda a considerarlo un país verde y conservacionista. En las tres últimas temporadas de caza entre 2020 y 2023 se mataron legalmente en el país 3 osos de las 21 licencias expedidas, 58 lobos de los 135 autorizados, 172 glotones de los 447 permitidos y 162 linces de las 208 licencias emitidas. Una salvajada; legal, sí, pero salvajada al fin y al cabo. Estaría muy bien que existieran estadísticas igual de exhaustivas con los números de carnívoros muertos furtivamente, porque las cifras del exterminio de los grandes carnívoros del país son, sin duda, abrumadoras.

En Suecia las noticias que nos llegan son aún peores. Desde 2010 el gobierno sueco está empeñado en reducir la ya exigua población de este cánido a pesar de que la geografía del país y la mínima presencia de ganado doméstico justificaría semejante decisión, ni siquiera desde un punto de vista de conflicto social. El 2 de enero del citado año comenzó la masacre anual, y en el primer día ya mataron 21 de los 27 lobos autorizados. La polémica estuvo servida ante las protestas de los sectores conservacionistas del país y de Europa, pero no sirvieron de nada. En 2011 se concedió autorización para matar otros 20 más, aunque tras un evidente y avisado procedimiento de infracción de la UE se paralizaron las matanzas en 2012 y 2013, aunque los lobos siguieron cayendo de forma furtiva, por supuesto. La posible multa de 11 millones de euros que podría imponer Europa al gobierno sueco no le impidió en 2014 retomar la persecución institucional con la muerte de otros 30 lobos. Durante ese año y el siguiente se sumaron entre Noruega y Suecia un total de 100 lobos más eliminados (o más probablemente 101, como los dálmatas), la mayoría tiroteados legalmente. Desde 2020 el gobierno sueco persigue la eliminación anual de un importante número de ejemplares, como si ya se tratara de una tradición. Así, en el año 2022 autorizaron la masacre de la mitad de la población de lobos (a la par que de un centenar de linces boreales), mientras que en 2023 aprobó la eliminación del 16% de los 460 lobos que estimaban habitaban en su territorio, 75 animales que supusieron un trágico golpe para la especie, pero solo un paso más para alcanzar el objetivo último de reducir su población a la mitad. Además, en el año pasado duplicaron los permisos para matar 201 linces, lo que representaba el 13,86 % de la población, estimada en 1.450 ejemplares en 2023 (unos 300 animales menos que los censados una año antes). 

Por su parte, en Finlandia la población de lobos ha tenido en las últimas décadas un ritmo claramente decreciente. Si en 2005 se estimaban unas cifras que rondaban los 250 animales en un país algo mayor que Noruega, tan solo seis años después su población se había reducido a unos 150 individuos, lo que resulta una cifra simplemente ridícula para un territorio tan enorme y tan despoblado. De nuevo la persecución legal y furtiva que se hace de la especie puede ser considerada sencillamente de salvaje (se me acaban los adjetivos). El Instituto Finlandés de la Fauna Salvaje autoriza un número arbitrario de permisos para que los cazadores deportivos practiquen tan insensible actividad, alegando, por ejemplo, conceder "... permiso a dos ciudadanos la posibilidad de cazar siete lobos en un corto período de tiempo, como medida de gestión y en evitación de daños por estos animales a los perros y la inquietud de la población local", como podemos leer en esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que da un tirón de orejas en 2019 al citado organismo finlandés por regatear unos años antes la prohibición de sacrificar ejemplares de la especie con excusas no motivadas científicamente. 

De esta forma, en 2015, por ejemplo, concedieron permisos para la masacre de 46 lobos grises de los 250 que se calcularon habitaban en su territorio, algunos de ellos compartidos con Rusia, para, según justificaban, evitar la caza furtiva de la especie. ¡Manda narices! hay que tenerlos muy gordos para justificar el exterminio de un tercio de la población de una especie en peligro de extinción como medida para luchar contra la muerte furtiva de dichos animales. Pero es que además, según el artículo, estas autorizaciones se dieron en áreas que no abarcan las grandes extensiones de cría de renos, en cuyo caso "... se entregan permisos especiales a los ganaderos por un período de 21 días para matar exclusivamente a los animales que hayan atacado a reses". Esto plantea dos cuestiones; la primera es cómo diablos sabe un ganadero, cuando le pega un tiro a un lobo, que fue ese precisamente el que le mató un reno la semana anterior; ¿alguien me lo puede explicar?, porque tan kafkiana justificación apesta a asqueroso subterfugio para el exterminio. Y la segunda es que este modo de actuación implica un descontrol absoluto sobre el número real de animales eliminados, que ya siempre será superior a esos 46, y a cuyo total -ya desconocido, puesto que no sabemos cuántos lobos matan los criadores de renos- habrá que añadir los ejecutados furtivamente, como se desprende en una pregunta parlamentaria llevada por escrito en el año 2009 al Parlamento Europeo (Pregunta Escrita E-3765/09), furtivismo que en Finlandia no está muy perseguido que digamos y que, cuando es sancionado, lo es con una sanción que simplemente da risa. 

Vamos, exactamente como aquí en España. Un disparate absoluto. En el año 2020 se estimó una población lobuna de unos 200 ejemplares solo, repartidos en 15 manadas en territorio íntegramente finés, más otras 7 que se adentraban del otro lado de la frontera rusa. En Finlandia además del lobo también se pueden tirotear osos y linces, lo que para las sociedades del centro y sur de Europa puede resultar simplemente repugnante. Respecto del oso en la temporada cinegética pasada (2023) se abatieron allí legalmente 76 plantígrados, de los 930 o 990 que se calcula merodean por el país, algunos con áreas de campeo que incluían territorio ruso, es decir entre el 8,17% y el 7,67% del total de la población (en 2020 se habían calculado unos 1.200 ejemplares, incluyendo los compartidos con Rusia).

Y en cuanto al lince boreal en 2013 fijaron un cupo de 589 linces abatibles, lo que representaba el 20% de la población. Para cualquier persona amante de la naturaleza, o sencillamente consciente y sensible con la necesidad de fomentar un cambio de modelo en la relación del hombre con el medio natural, resulta verdaderamente vomitiva esta política de muerte, máxime cuando de lo que se le acusa al lince es, en el peor de los casos, simplemente de alimentarse de sus presas naturales, sin más. Pero claro, sus pieles son muy cotizadas y sus cabezas decapitadas como trofeo en una pared también. No puedo por menos de hacerme de nuevo las mismas preguntas retóricas que me asaltan la cabeza cada vez que nos enteramos de sucesos tan descabellados, insensatos y horribles como estos, ¿es de verdad amante de la naturaleza un pueblo que irracionalmente masacra por diversión a sus depredadores a pesar de ser piezas fundamentales en el mantenimiento del equilibrio natural de los ecosistemas? ¿Es divertido de verdad tirotear un lince? ¿Es tan placentero arrebatarle la vida a otro ser vivo?, ¿de verdad?, porque obviamente necesario no lo es, ni lo será nunca, sino más bien ya todo lo contrario, resulta medieval y rancio bien entrados en el siglo XXI. Una abyecta vileza, arcaica y mezquina.

Pero vamos a terminar ya este repaso con Dinamarca, donde vemos que sucede algo parecido. Siendo un país densamente poblado y con un territorio mucho más pequeño, el regreso del lobo en 2012/2013 tras años de ausencia supuso también el regreso del furtivismo desenfrenado, reproduciéndose la misma persecución ilegal sobre la especie que se puede estimar en el resto de países del marco escandinavo, y convirtiéndose por ello en otro sumidero de lobos más. Al igual que en el resto de países de su entorno, buena parte de responsabilidad en estas masacres la tiene el sector cinegético, dado que la ganadería es muy escasa, siendo delictiva y furtiva una parte importante de esta infame persecución.

Resumiendo, junto con los criadores de reno en la Laponia del norte, los cazadores de estos países odian al cánido porque se alimentan de algo que consideran suyo: la fauna salvaje, ciervos rojos, alces y corzos principalmente. Es así de simple y subrealista. Una vez más el mundo de la caza se convierte en uno de los motores principales en la deriva de extinciones y problemas de biodiversidad que arrastramos en el planeta, además de representar una actividad coercitiva para el resto de usuarios del campo. 

Vamos, amigos, nada nuevo bajo el sol, no nos podemos extrañar de nada, pues seguimos hablando de lo mismo: el nauseabundo egoísmo de esta especie patética a la que pertenecemos. Aquí, en España sucede exactamente igual: aparte de los ganaderos porque el lobo les mata a veces terneros u ovejas (generalmente sin proteger adecuadamente), los guardas de las reservas regionales de caza y los cazadores en sus cotos odian y eliminan lobos porque comen ciervos, rebecos, cabras monteses o corzos. Pues allí igual. Y no penséis que al ser países que se venden como apasionados amantes de su naturaleza su relación con ella va a ser siempre tan idílica. Ni en broma. Ellos tienen los mismos odios que nosotros y los mismos egoísmos y defectos humanos que nosotros. Y el furtivismo es en Escandinavia un factor clave para comprender los minúsculos números poblacionales de esta especie. Así, en un estudio publicado en 2011 pero desarrollado entre 1999 y 2009, se estableció que "... la población de lobos escandinavos (Canis lupus) como ejemplo ilustrativo, mostramos que la caza furtiva representó aproximadamente la mitad de la mortalidad total y más de dos tercios de la caza furtiva total no fue detectada por los métodos convencionales, una fuente de mortalidad que denominamos "caza furtiva críptica". Nuestras simulaciones sugieren que sin la caza furtiva durante la última década, la población habría sido casi cuatro veces mayor en 2009". O lo que es lo mismo, la caza furtiva redujo la población de 990 a 263 lobos. Para entender toda esta absurda situación hay que saber de la fuerte presencia y poder mediático que tienen los cazadores en estos países nórdicos, formando un grupo de presión muy importante, a cuyos deseos y exigencias se pliegan muchas instituciones. En Noruega, por ejemplo, 537.375 personas estaban inscritas en el registro de cazadores la temporada 2022-2023, lo que supone el 9,79 % de la población, aunque de ellos pagaron la licencia anual 192.788, o lo que es lo mismo, el 3,51 % de los noruegos (más del doble que en nuestro país, que en 2021 era del 1,4 % de la población -681.023 licencias-). Durante la temporada 2009-10 sumaban en Suecia, en números redondos, 264.000 cazadores, lo que representaba en aquel momento un 2,83 % del total de habitantes, mientras que en Finlandia se alcanzaba el 5,53 % de la población en el año 2021, cuando 307.155 finlandeses pagaron la correspondiente licencia de caza. Como vemos, la actividad cinegética está muy arraigada en los pueblos nórdicos y, consiguientemente, el furtivismo es imposible de controlar realmente, primero por las propias características de su naturaleza, con vastas extensiones de bosques despoblados que son literalmente imposibles de vigilar, y segundo por una más que evidente falta de interés de las instituciones; ¿os suena esto de algo?: Caza, furtivismo y descontrol / ¿Ninguneamos el furtivismo?.

Vamos, que, en definitiva, el caso es dar rienda suelta al odio cultural al lobo, justificándolo porque come ciervos o alces que son considerados propiedad de los cazadores, o bien porque matan a sus perros cuando andan descontrolados por la taiga, o bien porque los renos que se apropió el pueblo sami hace siglos y que viven en completa libertad todo el año en descomunales extensiones de la Laponia son alimento del cánido, incluso porque algunos temen ataques al ser humano. ¿Y creíamos que eran gente a emular estos nórdicos?, pues no, hay odios viscerales que bloquean las neuronas de la gente en todas partes, y allí no iban a ser menos.

Escandinavia, ¿paraíso natural? ¡ja!, que no me cuenten milongas. Escandinavia, vergüenza natural, eso sí que sí.