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6 de noviembre de 2020

A vueltas con la caza










Valgan las imágenes anteriores para hacer notar que somos muchos los ciudadanos (sin duda, mayoría) que no comprendemos cuál es la diversión que se puede encontrar en pegarle un tiro a animales tan bellos como los de las mismas, y que nos parece incomprensible que el mismo ser humano que se vanagloria de sus valores morales sea el que justifique el sufrimiento gratuito del resto de seres vivos de La Tierra para su simple diversión. Es obvio que el modelo de relación que tenemos con el propio planeta tiene que cambiar si queremos sobrevivir a la terribles consecuencias que nuestra desafección está provocando, algo que incluso en estos tiempos de pandemia muchos negacionistas no acaban de comprender. Disfrutar matando y haciendo sufrir a nuestros compañeros de viaje no tiene justificación moral alguna en nuestros días para una gran mayoría de la sociedad.

Pero hoy no voy a hablar de las disyuntivas morales que implica esta afición en la actualidad. Tengo que reconocer que en mis años de juventud era mucho más permisivo y condescendiente con la caza deportiva que en la actualidad, no sé muy bien si por la patente falta de información al respecto en aquellos años, o por la numerosa que ahora recabo. Si lo normal es que con la suma de los años los seres humanos nos volvamos más tolerantes que en aquella dorada juventud cuando nos queríamos revelar contra el mundo y contestar sus superficialidades, sus formalidades, sus normas establecidas y sus costumbres, en este tema suele pasarle a muchos naturalistas justamente lo contrario. Nos hemos vuelto mucho más contestatarios con los años. Una buena explicación a este curioso hecho lo podemos comprender leyendo entre líneas en aquella entrada que ya realizara en su momento (28/junio/2017) sobre los aspectos negativos de esta actividad, socialmente considerada por muchos como "deportiva" y que titulé Caza y biodiversidad. En aquel post hacía un repaso a los motivos por los cuales la actividad cinegética deportiva tendría que ser regulada de un modo mucho más restrictivo, con importantes limitaciones y muchas más prohibiciones si queríamos luchar contra la pérdida de biodiversidad del planeta, por una parte, y contra las nuevas problemáticas sociales que nos plantea en la actualidad, por otro lado. En una de estas últimas cuestiones nos vamos a fijar en este nuevo capítulo, pues nos afecta de un modo directo a muchísimos ciudadanos que hacemos uso y disfrute de la naturaleza mediante otras muchas prácticas, esta vez sostenibles, debido a la coacción que supone el desarrollo de la caza para nuestras propias actividades, y de un modo mucho más directo aún cuando el resultado del encuentro se salda con lesiones o muertos. 

Vamos a hablar de los accidentes de caza.

En aquella entrada utilizaba apenas el párrafo que transcribo a continuación para hablar de esta cuestión: 

"También podríamos mencionar los propios peligros que para cualquier persona implica que miles de armas potencialmente mortales se paseen por nuestros campos en manos de gente a la que no se les exige una rigurosa cualificación para portarlas. Así lo demuestra la media de fallecidos por arma de fuego durante la práctica de la caza que nos ofrecen las estadísticas en España, y que es superior a los 20 muertos anuales, a los que habrá que sumar los centenares de heridos que se producen cada temporada. Se vuelve incuestionable la peligrosidad de esta actividad que afecta no solo a los propios cazadores sino, en muchos de los casos, al resto de usuarios de la naturaleza. Somos mayoría los que también nos preguntamos por qué no se aprueba por Ley la prohibición de ingerir alcohol para todo aquel que vaya a empuñar un arma de caza y por qué no se generalizan de una vez por todas rigurosos controles de alcoholemia a los practicantes de esta actividad de riesgo, para preservar así la integridad física de todos los usuarios del medio natural, incluida la de los propios cazadores -recordemos que varios miles de ellos, además, son menores de edad de entre 14 y 18 años (en España algo más de 13.000 niños tienen licencia de armas). Si a la sociedad le parece lógico hacerlo para alguien que tiene un volante entre las manos, ¿qué problema habría para quien sujeta un arma cargada?"

Sin embargo, este año 2020, y a pesar de los meses de confinamiento domiciliario, las estadísticas se han disparado: 605 personas víctimas de un disparo por arma de fuego durante la práctica de la caza, 51 de las cuales fallecieron. Resulta una verdadera barbaridad que nos debería hacer reflexionar como sociedad si tenemos en cuenta, además, primero, que estas cifras se han alcanzado en solo 9 meses -desde el 1 de enero al 6 de septiembre-, segundo, que no todo el año ni en todo el territorio se puede cazar y, tercero y último, que no están incluidos en esos números los siniestros ocurridos en Cataluña o el País Vasco. 

Estas devastadoras cifras las sabemos gracias a una pregunta que el senador de Compromís, Carles Mulet García formulara al gobierno a finales de agosto, y que fue respondida con el correspondiente informe. Es una lástima que en este documento no se explique con números también cuántas de esas víctimas eran igualmente cazadores (obviamente la mayoría) y cuántas eran ciudadanos que en su libre derecho de disfrutar del medio ambiente o durante la realización de actividades profesionales o de otro tipo, coincidieron desafortunadamente en el espacio y en el tiempo con una partida de caza, lo que les resultó fatal. Estoy convencido que se pueden obtener interesantes respuestas del análisis de los datos de dicho documento, pero me centraré solo en unas cifras que me llaman poderosamente la atención. Por un lado, el hecho de que algunas provincias acumulen un número de siniestros significativamente superior al del resto. Por ejemplo, las más de dos decenas de víctimas de un disparo ocurridas en Albacete, Asturias, Badajoz, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Jaén, Sevilla y, sobre todo, Ciudad Real con medio centenar, y Toledo con 67 personas tiroteadas. No menos llamativa es la barbaridad de 4 fallecidos en Orense, 5 en Asturias y 6 nuevamente en Toledo. También me llama la atención que en ninguna de las provincias haya habido 0 siniestros, en todas ellas han ocurrido al menos algún accidente de caza. No menos llamativo es el que las mujeres víctimas de un disparo durante la actividad cinegética representen un número significativamente pequeño -15, de las cuales 3 de ellas lo fueron también en Toledo- respecto al de los varones accidentados (590), algo que tiene mucho que ver con el machismo y la supuesta virilidad que para el género masculino representa el uso de las armas y la propia violencia como medio de diversión o de resolución de problemas. De todos estos accidentes en 2 ocasiones el autor del disparo ha sido un menor de edad, una de las cuales tuvo lugar nuevamente en Toledo, provincia que se despega de las demás como "especialmente peligrosa". Además, 17 fueron los menores que recibieron algún disparo accidental durante la práctica de la caza -1 de los cuales falleció en Valladolid-, lo que no debería dejar de hacernos reflexionar en profundidad. Todavía me enervo cada que vez que recuerdo las jornadas escolares que la Junta de Castilla y León subvencionó para fomentar la caza entre nuestros chavales fruto de un convenio con la Federación de Caza Castellano-Leonesa, cuyo Presidente criticó duramente lo que él consideraba restrictivas normas relativas a la concesión del permiso de armas a menores.

Por poner solo algunos ejemplos, a amigos míos y a mí nos ha silbado alguna bala muy cerca, segundos antes de que un jabalí cruzara corriendo en medio de un robledal, perseguido por varios perros a escasísimos metros de nuestro grupo de excursionistas, y sin que mediara señalización de caza alguna. Me han sonado escopetazos a escasas decenas de metros mientras yo permanecía escondido en mi hide haciendo fotos de fauna. O me han llegado los perdigones a los pies, clavándose alrededor mío como flechas en el limo de un pantano cuando cazadores desde la orilla contraria han disparado sus escopetas contra unos patos. He recibido desairadas palabras de cazadores malhumorados que con sus perros de muestra atravesaban jarales inmensos solo porque mi compañero y yo le espantábamos la caza hablando en alto (precisamente para que nos oyera con tiempo de evitar un accidente). ¿Y quién no ha visto cazadores con el arma cargada caminando junto a autovías o carreteras, o a distancias relativamente cortas de algún núcleo habitado?

Sinceramente, y aún siendo un convencido de que la libertad personal debe primar por encima de cualquier cosa, no puedo por menos de plantearme la necesidad de limitar en cierta medida este pseudodeporte responsable cada año no solo del sufrimiento de tantas familias españolas, sino además de la generación de tantísimas secuelas medioambientales. Lo cierto es que su libertad personal, la de los cazadores, choca en multitud de ocasiones con la del resto de usuarios de la naturaleza. Quien salga de modo habitual al campo y no haya tenido alguna vez un encuentro "delicado" con la caza se debe dar por afortunado. Así, entre mi equipo de campo durante la temporada cinegética siempre va un chaleco reflectante y algún gorro de color llamativo para evitar entrar a formar parte de esas estadísticas odiosas que tanto miedo nos dan. Y me pregunto cómo nos hemos llegado a acostumbrar a salir al campo con estos temores, cómo hemos llegado a normalizar esta situación de peligro en pleno siglo XXI. ¿Es lógica esta situación?, ¿es justa?, ¿o puede ser en gran medida evitada?. Yo creo que sí, que una legislación mucho más restrictiva respecto de la adquisición del permiso de armas y la tenencia de las mismas, una vigilancia mucho más directa y estricta de las actividades cinegéticas en general, y la directa prohibición de ciertas modalidades de caza en particular, así como una reducción tajante de los lugares en los que esa actividad se puede seguir practicando es, no solo posible, sino necesaria y muy urgente en nuestros días, para evitar que los peligros inherentes a este mal llamado deporte nos sigan afectando a todos, incluidos, además, a los que no comulgamos con él. No podemos permitirnos seguir sumando cada año docenas de muertos y centenares de heridos por armas de fuego en siniestros similares. Son tragedias humanas que destrozarán familias y amigos y que afectarán, además, a mucha gente de alrededor de la propia víctima, sean o no del mundo de la caza.

Vista la evidente peligrosidad inherente a esta práctica comienza a ser normal que muchos ciudadanos nos hayamos ido volviendo menos tolerantes con el paso de los años respecto de lo que, al final, no es sino matar animales por diversión, y porque cuando peinamos canas muchos de nosotros dejamos de admitir su insostenibilidad en nuestros campos. Nuestra sociedad no puede por menos de alegrarse de que el número de licencias de armas de caza que cada año se expiden en nuestro país se venga reduciendo en cada ejercicio, como no podía ser de otra manera en una sociedad que quiera mirar hacia adelante. Si en 2017 hubo un total de 2.603.569 licencias de armas de tipo D -caza mayor- y E -escopetas de caza y armas de tiro deportivo-, al siguiente año se bajó a 2.596.547 (7.022 licencias menos) y el año pasado se redujo de nuevo a 2.576.495 (20.052 licencias menos). Poco a poco vamos en el buen camino, es cierto, pero ... muy despacio.

Demasiado despacio para un planeta que se desmorona ambientalmente con nuestro insostenible modo de vida y la suicida relación que mantenemos con él. Dos millones y medio de armas campando por nuestra geografía siguen siendo demasiadas y demasiado peligrosas para todos.

18 de marzo de 2020

COVID-19 y la caza en CyL. La Junta va por libre.


Cuando medio mundo está con las manos aún en la cabeza sorprendidos de la evolución que la pandemia del COVID-19 está teniendo y de cómo nos está influyendo ya en nuestra vida cotidiana, y cuando el virus se está llevando por delante a demasiada gente en todo el mundo, la Junta de Castilla y León, haciendo gala de su más que demostrada obsesiva defensa de la caza, nos sorprende una vez más (y muchos creíamos que ya nada que emanara de ella nos podría sorprender, después de que subvencionaran unas despreciables jornadas de enseñanza de la caza a los niños de primaria en los colegios de la comunidad) con un comunicado fechado en Valladolid, a 17 de marzo de 2020, y firmado por el nefasto Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, el incalificable José Ángel Arranz Sanz, en el que da permiso a los cazadores para saltarse las prohibiciones expresas impuestas a todos los ciudadanos españoles en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo aprobado por el Consejo de Ministros de nuestro gobierno.

Según esta Dirección General comandada por Arranz (lo siento, me niego a calificarlo de señor), con el fin de aclarar la situación en la que queda una instrucción de 2018 sobre los controles poblacionales de fauna silvestre cinegética (conejo, jabalí, ciervo y corzo) tras las restricciones impuestas por el citado Real Decreto 463/2020, desea aclarar que "... comprendiendo que la protección de las explotaciones agrarias frente a agentes nocivos es parte de la actividad profesional agraria, ..." establece que:

1.- Controles poblacionales sobre especies de caza mayor (jabalí,
     ciervo, corzo):
     .... Por tanto, únicamente se autorizarán las modalidades de aguardo o
     espera. 

2.- Controles poblaciones sobre especies de caza menor (conejo): Se
     autorizarán modalidades practicadas por una sola persona (espera, al
     salto o a rabo) y modalidades de caza colectivas (incluida caza con hurón)
     restringiendo el número máximo de participantes a 4 personas.

Nuestra patética Junta de Castilla y León pretende calificar como necesaria la labor (¿labor?) de los cazadores y darles permiso para realizar su actividad deportiva (¿deportiva?) contradiciendo lo expresado por el Gobierno de España y flirteando, no ya con la Ley, que también, sino con la propia moralidad, el sentido común y la rabia contenida de una sociedad que mayoritariamente odia la caza. Y estoy convencido de no equivocarme al usar esta palabra, sí, la despreciamos mayoritariamente. Y lo hacemos, entre otras muchísimas razones, gracias a hechos tan irresponsables como este, emanados de la prepotencia de una Junta que defiende a ultranza una actividad minoritaria y cada vez más denostada por una sociedad que día a día está, en contraposición a la ceguera de la Junta, más involucrada en la conservación de la naturaleza y preocupada por el bienestar del planeta, una sociedad para la que la diversión mediante el sufrimiento animal no es ni humano, ni civilizado. Y acciones como la que comento no hacen sino aumentar el desapego social frente a ese mundo violento, sangriento y responsable de una enorme pérdida de biodiversidad. A quien dude de los perjuicios de la actividad cinegética y aún se crea ese mantra completamente falso de que es necesaria su práctica para conservar los ecosistemas, que lea con detenimiento el post que apareció en este mismo espacio hace ya tiempo: "Más allá de las cifras".

Pero la Junta ha demostrando una vez más que en materia de medio ambiente gobierna para un puñado reducido de ciudadanos y no para el interés general, busca blanquear una flagrante perversión de sus responsabilidades, permitiendo a los cazadores que salgan a pegar tiros por nuestros campos mientras los demás españoles nos confinamos por responsabilidad u obligación en nuestras casas; y para más mofa a la sociedad, lo hace argumentando que cazar forma "... parte de la actividad profesional agraria..." ¿Pero de qué guindo se ha caído este sujeto? ¿de verdad cazar forma parte de la actividad agraria? Por favor, que este señor se vaya a la cola del paro cuanto antes, no merece dirigir el futuro inmediato de nuestro medio natural. ¡Pero que se vaya YA! Solo así hará un verdadero servicio a la sociedad castellano-leonesa y a nuestro medio ambiente.



NOTA: Cuando ya  han pasado 7 días desde que publiqué la presente entrada y diez del inicio del confinamiento en nuestras casas para luchar contra la expansión del COVID-19, me llegan nuevas noticias de los patéticos dirigentes de nuestras administraciones autonómicas, que se vienen a sumar a la que yo he comentado en este post. Si la Junta de Castilla y León enviaba su nota interna el 17 de marzo y el 18 debía rectificar y retractarse, la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, del Principado de Asturias (parece una mofa que se vendan públicamente como Paraíso Natural) emitía una nota de prensa el día 21 en la que exponía que "... Sin embargo, se ha habilitado un procedimiento de autorización de aguardos individuales de control de jabalí en el coto de Navia", y al día siguiente, día 22 de marzo, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia, publicaba en el Diario Oficial de Galicia una Resolución en la que se contemplaba que "Excepcionalmente, y como medida de control, podrán autorizarse acciones de caza de especies cinegéticas que deberán ser ejecutadas por un solo cazador, ..." En los tres casos ASCEL puso estos hechos en conocimiento de las correspondientes Delegaciones del Gobierno en cada una de las autonomías y ante el Ministerio del Interior por si los hechos fueran constitutivos de delito por incumplimiento del Estado de Alarma, y posteriormente ante el Ministerio de Transición Ecológica. En todos los casos, las administraciones autonómicas hubieron de rectificar. Patético.