Reflexiones, el lobo y su nueva situación legal

Estos meses pasados hemos sido testigos de un hecho histórico en el amparo y defensa de la biodiversidad en nuestro país, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acordó prohibir la caza del lobo al incluirlo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el LESPRE, proporcionándole una cobertura legal con la que nunca antes había contado esta especie. Esta protección legal entrará en vigor a partir de mañana, día 22 de septiembre, tras su publicación hoy en el BOE.

Esta inclusión en el LESPRE no ha sido sencilla debido a la importante politización que rodea a este animal, pero al final así se acordó en base a varios aspectos fundamentales sobradamente razonados: 

1.- La situación de escasa protección de la especie así lo requería dada la repercusión que para ella representaba la persecución a que se veía sometida desde el ámbito rural, cinegético e institucional. 

2.- Dada la distribución territorial actual respecto de la histórica, cuando ocupaba todo el territorio nacional.

3.- Porque no es coherente -ni administrativa, ni biológicamente- que una especie se pueda gestionar de modo distinto en cada Comunidad Autónoma e incluso en países diferentes que comparten la misma población, como era el caso de la subespecie ibérica. A partir de este momento la población hispano-portuguesa de lobo ibérico tendrá una cobertura administrativa similar en ambos países. 

4.- Porque, además, constituye una parte fundamental de nuestro patrimonio natural y cultural español, y obviamente también portugués.

5.- Y en tanto es asumido que la biodiversidad de nuestros campos forma parte del patrimonio de todos los españoles, se hace incuestionable que todos los ciudadanos y todas las CCAA tenemos el mismo derecho a opinar sobre la inclusión o no de una especie en el listado, acordándose así finalmente la catalogación del lobo exactamente igual a como se hace con el resto de taxones (lince, oso, quebrantahuesos o cualquier otra especie de nuestra fauna), y muy al contrario de lo que las CCAA con presencia del cánido querían imponer, pretendiendo negar al resto de representantes un derecho constitucional que nos son inherentes.

6.- Porque siendo el ámbito agropecuario un sector económico fuertemente subvencionado con el dinero de todos los europeos no se puede entender ese empeño de administraciones autonómicas y ganaderos en impedir la opinión del resto de ciudadanos sobre la sostenibilidad ambiental de sus acciones.

7.- Porque objetivamente, desde el punto de vista de su estado de conservación tendría que estar incluida, no solo en el Listado desde hacía mucho tiempo (porque comparativamente con otras especies en situación similar, o incluso mejor, representaba una discriminación evidente), sino que incluso tendría que formar parte del Catálogo como Especie Vulnerable.

8.- Porque la evolución de la sociedad actual exige modelos productivos sostenibles ambientalmente, donde prevalezcan estándares de conservación de la biodiversidad más modernos y ambiciosos, así como administraciones que realmente custodien esta nueva visión de la sociedad, persiguiendo fórmulas que sean alternativas a la eliminación de fauna silvestre ante cualquier conflicto. 

9.- Y porque la persecución de la especie se ha demostrado ya históricamente ineficaz para minimizar los daños a la ganadería, poniendo en evidencia la necesidad de buscar opciones menos simplistas que la recurrente e inoperante muerte de ejemplares.

Con el paso del tiempo este hito histórico solo será comparable a la protección legal que representó la catalogación del lobo en 1970 como especie cinegética, lo que supuso la regulación a partir de entonces de los métodos y épocas en las que podía ser cazado (que no perseguido, puesto que su persecución ilegal ha sido y sigue siendo indiscriminada).

La paradoja que pudiera parecer el hecho de que incluirlo entre las especies cinegéticas lo salvara de una más que inminente extinción cuando contaba con una minúscula población de unos 200 ejemplares (Valverde, 1970), constituye un argumento esgrimido en la actualidad por las administraciones autonómicas para engatusar a la sociedad española y convencerla de que este modelo de gestión basado en su explotación cinegética es el adecuado per se, y que asegura no solo su conservación, sino incluso su expansión futura. Este análisis, sin embargo, se cae por su propio peso y ya no se sostiene ante el estancamiento que su población ha sufrido en las dos últimas décadas y del que hablábamos también en el link indicado arriba, en el párrafo anterior. En el artículo publicado por ASCEL, titulado Protección del lobo en Europa: tesis versus praxis, dejan patente cómo se recuperan de verdad las poblaciones de lobo cuando se las protege realmente prohibiendo su caza indiscriminada, y lo demuestran con los ejemplos de Polonia e Italia. No podemos por menos de recordar al público que todos los lobos que han llegado a Cataluña y Aragón en las últimas dos décadas lo han hecho desde Italia y no desde Castilla y León, País Vasco o la Rioja, obviamente mucho más cercanas en el espacio. ¿Dónde está entonces la tan cacareada expansión? Este hecho debería bastar a nuestros deplorables políticos y a los penosos técnicos que manejan la especie en nuestro país para sonrojarse.

Un segundo argumento esgrimido con insultante normalidad por las administraciones autonómicas para blanquear la caza del lobo es que facilita la aceptación de la especie en el mundo rural y reduce la aversión hacia ella, reduciendo por consiguiente su persecución ilegal y el conflicto social. Si no se sostenía en pie el argumento anterior, este lo hace menos aún. Lo mires por donde lo mires no hay por dónde cogerlo dado que dicho furtivismo se ha mantenido inamovible en el tiempo y el enfrentamiento actual no solo es enorme, sino que se ha incrementado notablemente en los últimos años.

Dicho todo lo anterior hay que incidir, además, en que se hacía necesario cambiar su estatus legal para no seguir reduciendo su exiguo acerbo genético, ya seriamente comprometido cuando toda la población actual procede de los genotipos de unos 50 ejemplares nada más. Por último, la propia evolución de la sociedad hace igualmente urgente un cambio en los modelos de gestión del medio natural más propios de una civilización que aspira a ser culta y avanzada, basados en la tolerancia del hombre para con el resto de seres vivos del planeta, y alcanzando soluciones nuevas a los posibles conflictos generados por esa coexistencia, soluciones que no impliquen la eterna eliminación de aquellos seres vivos que los generen.

Hoy se ha publicado definitivamente en el BOE la Orden Ministerial que recoge la necesidad de protección de una especie apical imprescindible en los entornos naturales ibéricos, que aporta importantísimos valores ecosistémicos incluso para el propio mundo rural que lo persigue tan implacablemente, como cortafuegos en la transmisibilidad de epizootías hospedadas en ungulados silvestres, como controlador de su número y de las afecciones que pueden llegar a causar al sector agrícola, o manteniendo en números adecuados a los mesodepredadores que, a su vez, dañan a otras especies más pequeñas, incluidas especialmente las de caza menor. Hoy se consuma el segundo gran hito en la conservación de la especie. Han tenido que pasar 50 años. Medio siglo para que el hombre suba un nuevo peldaño en la normalización de su relación de amor-odio con el resto de seres vivos del planeta Tierra. 50 años en los que parece que no hemos avanzado culturalmente nada, si nos atenemos a la bomba mediática que ha supuesto este paso adelante en nuestro respeto a la naturaleza. 

Pero este nuevo hito no supone en realidad su protección definitiva, ni mucho menos, todos lo sabemos y somos conscientes de ello. Plantea en sí mismo un escenario lleno de dudas, donde los sectores sociales contrarios y favorables a su conservación nos deberíamos sentir obligados a converger y, sosegadamente, dialogar sobre la nueva situación.

La primera pregunta que nos deberíamos responder es si de verdad queremos sentarnos a hablar. Si es afirmativo todos saldremos ganando, el mundo rural y el mundo conservacionista, porque en el fondo tenemos que ir de la mano.

El mundo rural no quiere pagar los costos que pueda generar la conservación de la especie; esto es evidente y no requiere explicación alguna. Los conservacionistas por su parte tampoco desean que los ganaderos sean los damnificados que asuman las consecuencias. Este axioma elemental puede necesitar para alguno una explicación en profundidad. Por un lado, si el ganadero tiene daños podría llegar a perseguir ilegalmente al lobo y eso es lo que no queremos, por lo que es útil para nuestros intereses que él no sufra las consecuencias. Por otro lado, el movimiento conservacionista está emocionalmente muy vinculado a la realidad del campo y la naturaleza, campo y naturaleza que procura defender para el bien general de todos los ciudadanos. ¿Dónde está escrito que este movimiento social nacido en las urbes pero profundamente conocedor de los problemas de nuestro entorno, constituidos en verdadera policía ambiental en una sociedad compleja, no le importen los problemas que afecten a la gente que vive en el campo? La manoseada y grosera expresión de que preferimos salvar a los lobos a costa de la extinción de los ganaderos es una frase mentirosa y manipuladora. Es sencillamente falsa. Esta gastada ya. Cualquier opinión en esta dirección es tramposa o está equivocada. El movimiento ecologista históricamente ha sido un movimiento social que ha perseguido la coexistencia en paz del hombre con la naturaleza, sin anteponer nunca a esta sobre aquel. 

Y en medio del mundo rural y los conservacionistas se encuentran los terceros en discordia: las administraciones autonómicas y los sindicatos agrarios con continuas declaraciones incendiarias que no ayudan en nada a sosegar los ánimos, ya de por sí caldeados, de las partes implicadas. Y por si éramos pocos en este diálogo de sordos, como comparsa de estos actores, nos topamos, cómo no, con muchos medios de comunicación que se frotan las manos con más carnaza fresca que vender, amplificando con su megafonía las iracundas declaraciones del catálogo de siempre de políticos, gestores y sindicatos. Por su parte, el mundo de la caza va por libre, y mientras que unos piden que se extermine la especie porque se alimenta de "su ganado silvestre" (ciervos, jabalíes, corzos y cabras monteses, principalmente) y llevando a cabo por ello una persecución infame -en muchos casos "institucionalizada" en las Reservas Regionales de Caza mediante funcionarios a los que mantenemos todos-, otros solicitan que no solo se favorezca su caza deportiva como hasta ahora, sino que incluso se permita también al sur del Duero. Muy lejos está el sector cinegético del sentir mayoritario de la sociedad actual, que llega a ver repulsiva la muerte por diversión de cualquier animal, pero mucho más aún, si cabe, del que en realidad es el padre de todos nuestros perros. Su grotesca falta de sensibilidad es simplemente penosa.

El nuevo panorama se muestra difícil. Delicado. Pero en el fondo tanto el mundo rural como el conservacionista desean lo mismo: que la conservación de la especie no afecte a los intereses económicos de los ganaderos. Si en lo principal estamos de acuerdo, ¿por qué resulta tan complicado armonizar posturas y exigir juntos que las administraciones hagan su trabajo por una vez, que los sindicatos dejen de incendiar el ambiente y que la prensa simplemente sea equidistante de la cuestión y se limite a contar hechos, en vez de vender la ristra de eslóganes irritantes de unos cuantos?

Claro, hay una pega para que nos entendamos todos: hay que basarse en hechos reales, en datos empíricos, científicos; no en emociones o sentimientos. El "adversario" -por llamarlo de alguna manera- común es la Administración que, no solo inflama el ambiente con consejeros embaucadores que politiquean públicamente las mentiras que muchos quieren oír en el medio rural, alimentando un odio ancestral e histórico difícil así de reducir, sino que no ayudan ni a la protección de las cabañas ganaderas ni a la compensación adecuada de los daños allí cuando se producen. Hay que apelar a la responsabilidad del propio ganadero para adoptar verdaderamente las medidas de protección necesarias para cuidar su negocio, exactamente igual que haría cualquier otro empresario de cualquier otro negocio y en cualquier otro sector económico. Hay que añadir un cambio normativo administrativo, integral, que aporte seguridad al sector frente a sus verdaderos problemas, que no son el lobo, sino producto de la economía global: bajos precios de mercado, elevados gastos de producción, competencia con productos traídos de países lejanos, intermediarios que se quedan con los beneficios, etc. No puede ser que el ganadero asuma las pérdidas que la conservación de una especie protegida (cualquier que sea) puede generar, debe ser la sociedad en su conjunto la que asuma el costo de esa convivencia, siempre que el sector adopte las medidas necesarias para proteger su ganado, requisito este último que debe premiar a quienes lo cumplan. 

Aquí el sector agropecuario tiene también mucho que aprender y cambiar, empezando por ver con malos ojos el enorme fraude (mal llamado "picaresca") que existe en el mundo rural. Vasta ya de achacar al lobo lo que en muchísimos casos es perro, o simplemente muerte natural por accidente o enfermedad. La responsabilidad del lobo es muy inferior a la que se carga en sus espaldas, y esto el ganadero lo sabe perfectísimamente. Y los sindicatos agrarios también y, o bien son condescendientes con esta irresponsable y fraudulenta simulación, o bien se aprovechan conscientemente de estas falacias para llorar y exigir a la administración compensaciones, a costa de aumentar artificialmente el conflicto. Así no se puede dialogar. Empecemos por conocer el alcance real de los daños generados por él, que los hay, y suponen un serio problema para muchas familias humildes, es cierto. Pero pongamos encima de la mesa el real, no el supuesto, no el imaginario, no el inventado que todos admiten. Dejemos atrás ya el teatro. Numerosos estudios demuestran que los lobos prefieren predar sobre ungulados silvestres antes que sobre el ganado doméstico, el último de ellos realizado en Mongolia. Sigamos implementando medidas de protección en todo el ámbito ganadero, incluso en aquellos casos en los que el extensivo es difícil de proteger. Indemnicemos con rapidez y sobradamente los daños ocurridos, no intentemos evitar lo más sencillo de todo, cubrir solidariamente entre todos los problemas generados por la especie. Y finalmente, hablemos. Hablemos de verdad, con cifras reales sobre la mesa. El costo público de su persecución institucionalizada por funcionarios que pagamos todos es, con seguridad, muy superior al de los daños generados por la propia especie. Reorientemos pues los gastos que genera, no en su persecución, sino en la protección de los ganados y en su conservación. 

Aquel que suelte la primera frase tendenciosa que sea relevado de la mesa por alguien honesto que se atenga a la puñetera realidad. Seamos, pues, simplemente inteligentes y empáticos. Los unos con los otros. Se trata de algo tan sencillo como eso, usemos la cabeza para que todos quedemos satisfechos por haber hecho las cosas bien, coherentemente. Sin mentiras. Sin demagogias. Sin emociones ni sentimientos. Con realidades y soluciones.

Olvidémonos de matar todo lo que nos estorba. El mundo nos lo está pidiendo a gritos.