La responsabilidad de la Junta

Esta vez intentaré ser conciso, lo juro, pero igual de claro que siempre. Hace solo dos días dedicaba la entrada previa a hacer algunas reflexiones personales -pero compartidas por un gran número de personas- sobre la necesidad de prohibir por Ley la caza en determinados espacios y circunstancias alegando, entre otras cosas, la larga experiencia acumulada que tenemos en muertes de osos por disparos durante la práctica de esta actividad (y otras especies, como linces, por ejemplo), en cuyos casos los cazadores implicados siempre han alegado en su defensa que el suceso solo fue un desafortunado "accidente de caza". En otras ocasiones directamente los osos han desaparecido para siempre sin dejar rastro justo al comenzar la temporada cinegética, ¡qué casualidad!. Y en otras ni siquiera se tiene constancia de su desaparición hasta que años después se localiza fortuitamente algún ejemplar en un estado de conservación tan malo que imposibilita ya conocer las causas de su muerte.

Hace solo dos días de esas reflexiones. Pues bien, ayer 27 de febrero la Fundación Oso Pardo se hacía eco de la reciente sentencia dictada contra el cazador que disparó y mató a una osa en noviembre de 2020 en un Espacio Natural Protegido que casi podríamos denominar como un "sumidero de osos", ya que es en lo que parece se ha convertido el norte de Palencia por la escandalosa gestión que viene haciendo la Junta de Castilla y León, y más concretamente en el Parque Natural Montaña Palentina. En esta sentencia se condena al delincuente a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para la caza, así como a pagar a la Junta de Castilla y León 17.505,95 € en concepto de responsabilidad civil, siendo esta una cantidad muy inferior a la solicitada por la fiscalía y la propia FOP. Según explica la misma fundación en su nota, esta "... reducción obedece a que la sentencia considera que debería haberse suspendido la cacería en el momento en el que se tuvo conocimiento de la presencia de la osa con el osezno en la zona a cazar". Esto es extraordinariamente relevante porque viene a decir que la Junta de Castilla y León es responsable también de la muerte de esa osa por AUTORIZAR la batida a sabiendas de su presencia con la cría. Vamos, lo mismo que venimos denunciando desde hace años sectores sociales en favor de la protección efectiva de las especies más vulnerables y contrarios a una actividad cinegética que ya se ha demostrado en demasiadas ocasiones como muy peligrosa, tanto para las personas como para las especies protegidas.

Ecologistas en Acción Palencia, entidad que se personó igualmente en la causa, llegó a solicitar la imputación por prevaricación por omisión del propio Director del Parque Natural Montaña Palentina, así como de la Directora de la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas (otra vez coincidiendo la fraudulenta protección de un espacio natural con la muerte legal de sus animales para diversión de una minoría), ya que " ... todas las pruebas y testigos coincidían en que la cacería no debió celebrarse de ningún modo en ese lugar y que ambos Directores disponían de información suficiente sobre la presencia de la osa y la cría. No es la primera vez que se ha disparado a ejemplares de oso pardo en el transcurso de la celebración de cacerías en la Reserva Regional de Caza (14 de octubre de 2012 en Vañes, el 18 de noviembre de 2917 en Pernía, el 1 de noviembre de 2022 en Vañes). Como han reconocido en sede judicial ambos directores, no es un problema nuevo y son plenamente conocedores del conflicto ...".

Por poner otro ejemplo de tantos, en el post que titulé Caza, furtivismo y descontrol denunciaba el caso de las actividades cinegéticas que se llevaron a cabo en el mismo lugar donde se había liberado un cachorro de oso rescatado por unos vecinos cuando estaba a punto de morir, y recuperado por los veterinarios de la Junta de Castilla y León: un rececho al corzo al día siguiente de la liberación y una batida al jabalí dos días después. Leerlo, sin desperdicio, pero os darán arcadas comprobar cómo la Junta de Castilla y León antepone la protección de la caza a la de la fauna. 

En fin, amigos, una completa vergüenza. Es más de lo mismo. Pero aunque el hartazgo de observar cada día este tipo de actuaciones administrativas -direccionadas en favor de la caza y en detrimento de la conservación de nuestra biodiversidad- sea tan mayúsculo, no vamos a cejar en nuestro empeño de señalar a los que consideramos directos responsables de esta caótica y surrealista gestión.

- Se autoriza a unos privilegiados cazar en manchas de monte en las que se refugian especies protegidas, arriesgando las vidas de dichos animales.

- Cuanto menos, se autoriza a los cazadores a molestar y perturbar a dichas especies, algo que en realidad está prohibido por la ley.

- Se autoriza todo ello a pesar de los numerosos "desafortunados accidentes de caza" ya ocurridos. 

- Por el contrario, se prohibe el tránsito al resto de ciudadanos y se nos echa del lugar si en la zona se va a cazar.

- Pero es que, además, los responsables últimos de la administración conceden las autorizaciones aun sabiendo de la presencia de estos animales, poniendo por lo tanto en un grave peligro su integridad.

Y volvemos al conflicto increíble que comentábamos en el blog hace tan solo un par de días: todo esto sucede a menudo en terrenos cinegéticos que forman parte de los Espacios Naturales Protegidos, siendo en muchas ocasiones Reservas Regionales o Nacionales de Caza, es decir cotos públicos que nos cuestan dinero a todos los españoles. Las administraciones se lo tienen que hacer mirar. Desde el gobierno central para aprobar leyes que, no solo prohiban la caza en todos los ENPs del país, sino que endurezcan las condiciones en las que esta actividad peligrosa para el resto de los ciudadanos se pueda practicar, hasta los autonómicos para que de una puñetera vez legislen de verdad en materia de medio ambiente con un poco de cordura, anteponiendo la conservación efectiva de la fauna y el derecho de la ciudadanía a disfrutar de un medio ambiente sano y protegido, a los intereses de un colectivo minoritario cuya actividad resulta peligrosa para la conservación de las especies vulnerables y para la integridad de las propias personas.

¿Verán nuestros ojos el reconocimiento institucional de estos problemas? ¿Entonarán alguna vez el mea culpa y pondrán sobre la mesa las herramientas que solucionen estos conflictos? ¿Legislarán por fin en favor del interés general y de la verdadera y escrupulosa conservación del medio ambiente? ¿Se restringirá algún día la caza en determinadas circunstancias para velar por los derechos de la mayoría de los ciudadanos y de la propia conservación ambiental? ¿Se endurecerán por fin las condiciones en las que esta actividad se podrá realizar como esparcimiento?

Soy pesimista, pero seguiremos atentos a las barbaridades de las administraciones.

Prohibir matar animales por diversión

El domingo pasado regresé a casa muy enfadado, otra vez. No puedo por menos de estarlo, sin que se me pase el mosqueo desde hace mucho tiempo. Años. Recuerdo mis años jóvenes cuando la rebeldía y el ceño fruncido contra una sociedad adormilada eran el signo de identidad de toda una generación que quería cambiar las cosas. Los últimos años del franquismo que hoy algunos maquillan y añoran, y los primeros de una democracia que otros santifican como intocable coincidieron con toda una generación contestataria e inconformista. Aún existían "los grises", y no se me olvidan a una cierta distancia frente a nosotros. Sin embargo, recuerdo bien que en aquellos años rebeldes e insumisos formaba parte de mi biblia naturalista que la caza deportiva (nunca entenderé qué tiene de deporte matar seres vivos) era, en el peor de los casos, un mal necesario. Así me lo creí ingenuamente a base de oírselo decir a unos y a otros, desde notorios personajes públicos a gente anónima, blanqueando la brutalidad de dicho entretenimiento. Hoy en día, en la actualidad, con lo que sabemos, con la experiencia acumulada de cientos de encuentros con esta actividad, con las consecuencias que acarrea para la biodiversidad, y para la libertad de tránsito y la integridad física del resto de las personas, no puedo opinar igual.

Cuando las canas me tiñen el pelo desde hace bastante más de lo que quisiera, ya no comparto aquella tolerancia de mi juventud. Ahora soy más radical que entonces. Me "han hecho ser" más radical que entonces, para ser exactos. No comprendo la caza, me resulta imposible ser ya indulgente con esa mierda que cada año se lleva por delante la vida de demasiados millones de animales masacrados en nuestro país por diversión, por mero entretenimiento, además de acabar también con un pequeño, pero siempre excesivo, puñado de seres humanos, esta vez por negligencia o accidente. Y ya no la comprendo ni por experiencia personal, ni por lógica; probablemente porque razone más las cosas y porque el sentido común me avala.

La media anual de animales masacrados para mero esparcimiento fue de 20.219.696 cada año, teniendo en cuenta que se trata de cifras que hacen referencia solo a las especies cinegéticas que han sido abatidas legalmente, de acuerdo a cupos establecidos y contabilizadas oficialmente por el MITERD. Ni que decir tiene que el volumen real debe ser obviamente muy superior, pues no es una práctica esporádica que se sobrepasen dichos cupos, que muchos cazadores y/o cotos no transmitan sus capturas reales a la administración y que se furtivee muy por encima de lo imaginable, como ya dejamos claro en la Caza, furtivismo y descontrol. Pero es que, además, habría que añadir la ingente cantidad de animales protegidos y/o no cazables que mueren en controles de predadores en los cotos y fincas cinegéticas (gatos monteses, garduñas, meloncillos, etc.). Basta un dato sangrante para demostrar la irresponsabilidad de la que el sector cinegético hace gala en nuestro país: al menos 7.380.277 tórtolas europeas (o comunes) fueron muertas en esa década a pesar de ser una especie cuyos efectivos poblacionales se venían reduciendo brutal y alarmantemente desde hacía tiempo. Solo en 2020 el Ministerio aprobó por fin una moratoria de capturas que dura hasta nuestros días, aunque no se excluyó a la tórtola europea de la lista de especies cinegéticas, lo que viene siendo una demanda recurrente desde sectores conservacionistas y científicos.

Pero vayamos al grano, que me ramifico.

Sí, amigos, prohibir la caza es algo de sentido común en, al menos, determinadas circunstancias. Y en el resto de casos debería serlo como mínimo por ética. Esa es al menos mi opinión. Hablemos de las primeras.

Hay varias coyunturas en las que esta actividad debería ser vetada radicalmente desde ya. La primera CUANDO SE PRACTICA EN UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO (ENP), ya sea un parque nacional (hoy en día prohibida por Ley desde diciembre de 2020) o cualquier otra figura de protección, ya sean parques, reservas o monumentos naturales, por ejemplo, y que se hayan constituido públicamente para conservar y proteger los valores naturales y paisajísticos de un área concreta.

No tiene ningún sentido que, mientras al conjunto de la ciudadanía se le exige el más estricto respeto a la fauna que habita un área protegida, como es lógico, y bajo la pena de ser sancionada administrativamente si la molesta o perturba, como también es lógico, luego pueda venir un cazador y matarla con todos los beneplácitos administrativos. ¿Alguien lo entiende? Porque si hay algo que a la fauna le molesta especialmente es que la maten, ¿no os parece?

Protegemos la vida salvaje de un entorno pero al mismo tiempo permitimos que unos privilegiados mercadeen con el derecho a dispararla y matarla. Señores pensantes, no es compatible proteger la fauna y a la vez matarla, ¿no os dais cuenta de ese curioso detalle? ¿No os habéis percatado aún que el fundamento de la declaración de áreas protegidas es preservar la vida y el funcionamiento que esos ecosistemas encierran?, ¿es de verdad tan difícil de entender que matar es lo contrario de proteger? Si es que es del más aplastante sentido común, señores, hasta el punto de que cualquier niño lo entiende. De purita lógica, que dirían en Latinoamérica. O proteges o matas, pero las dos filosofías no pueden ética o moralmente desarrollarse en el mismo espacio. Y si, además, el desarrollo de esa actividad impide al resto de ciudadanos disfrutar de ese entorno para la realización de otras actividades, esta vez sí, inocuas para el medio ambiente, ... pues entonces apaga y vámonos: prevalece arbitrariamente el gatillo y sus privilegios al senderismo, la observación de fauna, el ciclismo, la fotografía, o lo que quiera que cada cual desee practicar en la naturaleza.

Y enlazando con lo anterior, hay una segunda cuestión que me trae de cabeza: la URGENTE DESAPARICIÓN DE LAS RESERVAS REGIONALES DE CAZA y del resto de cotos públicos de todo el país gestionados y declarados por las administraciones: es absolutamente inadmisible que sigan existiendo en nuestros días, en pleno siglo XXI. Ahondando en la paradoja anteriormente expuesta respecto del absurdo hecho de que se pueda cazar en un Espacio Natural Protegido salpicado de cotos privados de caza, pienso y razono lo injusto y anticuado que supone, además, que muchas de esas áreas cinegéticas sean, por el contrario, públicas y gestionadas directamente por los gobiernos autonómicos. Porque aquí, además de implicar la contradicción de matar por un lado la misma fauna que protegemos por otro, existe un componente que lo hace mucho más hiriente y surrealista todavía, como lo es que estas Reservas Regionales o Nacionales de Caza las mantengamos todos con nuestro dinero, a pesar de que en España aproximadamente el 98,5 % de los ciudadanos ni somos cazadores, ni compartimos la necesidad de la caza, ni mucho menos su ética, constituyendo una amplia mayoría la que abogamos por una dura restricción de la misma o, incluso, su total prohibición a nivel particular. Por Ley habría que hacer desaparecer de un plumazo todos estos cotos públicos de caza, por anacrónicos y medievales, como viejos vestigios de lo que fueron los antiguos cotos reales, por ser actualmente injustos con una sociedad no cazadora que no tiene porqué mantenerlas económicamente, y máxime cuando además coincidan en el espacio con figuras legales de protección. ¿Cómo puede no enfadar a nuestra sociedad que el conjunto de los ciudadanos que se opone mayoritariamente a matar animales por diversión corra, para mayor afrenta, con los gastos que conlleva el mantenimiento de estas reservas de caza?, ¿se están mofando de nosotros? Obviamente, se trata de una burla más que la sociedad tenga que poner dinero encima de la mesa para esta reprobable actividad. 

Y, por último, una tercera cuestión que me preocupa especialmente y me saca de mis casillas, porque es tan evidente y palmaria que da vergüenza: que SE LES PROHIBA A LOS CAZADORES MOLESTAR A LAS ESPECIES PROTEGIDAS de una vez por todas, ¡que ya está bien hombre!. ¿Alguien ve lógico que, aún no siendo en un Espacio Natural Protegido -donde es todavía más reprochable-, los cazadores sí puedan perturbar la vida diaria de las especies protegidas del entorno en el que desarrollan su antiecológica actividad?. Casos tenemos muchos para demostrarlo, como las habituales batidas en manchas de monte donde se tiene constancia de la presencia de osos, e incluso de osas con crías o de camadas de lobo, por poner unos casos que son de lo más corrientes en nuestro país. Pero pondré un ejemplo menos conocido pero que igualmente se permite todos los años. Veamos, estamos en una sierra del centro peninsular, cubierta de monte mediterráneo. Las laderas con una fuerte pendiente guardan como verdaderos tesoros algunas plataformas de buitre negro, y durante varios meses al año la Junta de Castilla y León (en este caso, pero sucede en todas partes) pincha cartelitos a la entrada de todos los senderos y pistas prohibiendo el acceso a todos para preservar la tranquilidad de esta especie necrófaga durante su ciclo anual reproductor.

Nada, nos tendremos que dar la vuelta, porque caminar en un relativo silencio con la cámara o los prismáticos colgados del cuello "molesta" a las aves carroñeras y puede perturbarlas en tan delicado período. Vale, todos de acuerdo ¿no? Sí, así es, todos de acuerdo, al menos los que nos colgamos unos prismáticos del cuello. Entonces, ... ¡hay amigo!, ... ¿porqué se autorizan batidas con decenas de perros de reala y un determinado número de ojeadores vociferando gritos como si no hubiera un mañana para batir precisamente esas manchas de monte donde están incubando o dando calor a los pollos de buitre recién nacidos, para mover las "presas" hacia la línea de escopetas? ¡¡Es que pasan a veces por debajo mismo de algunos de los nidos!! Es una barbaridad y una indecencia. El estrés que representa esta abusiva y horrible modalidad de caza es brutal en todo el entorno en el que se desarrolla, porque no afecta solo a las especies objetivo (jabalíes, ciervos, corzos y zorros, básicamente, y a veces también gamos y muflones), sino a todas las criaturas en su conjunto, incluyendo también a todas las especies protegidas (linces, osos, rapaces, lobos,...) del lugar, con el importante riesgo existente de que alguna de ellas pueda, además, morir en la jornada, como ya hemos sufrido en tantas ocasiones.

Efectivamente, sí, el domingo regresé a casa enfadado y no puedo por menos de estarlo aunque no tuve en esta ocasión ningún encuentro desafortunado con estos personajes. No me prohibieron pasar porque hubiera una montería, ni tampoco silbó próxima una bala perdida como en alguna otra ocasión, ni me han llegado cerca de los pies los perdigones de un par de cartuchos disparados desde el otro lado de un pequeño azud tras describir en el cielo una parábola en busca de algún pato. No me ha puesto nadie mala cara, ni he tenido que oír improperios de ningún señor armado porque "le espanto SU caza" en mi trasiego por el monte, ni me ha interrogado ningún engreído guarda privado del coto social de turno como si el delincuente fuera yo. Pero aún así fue imposible no regresar muy enfadado a mi casa cuando caminar por el Parque Regional de la Sierra de Gredos es observar el compendio de todas esas circunstancias sin ningún sentido común a las que me he referido en los párrafos anteriores.

Porque no es de recibo que me vea obligado a escoger en época de caza vestir con los colores más fosforitos que tenga por casa para parecer un semáforo viviente y evitar así que me peguen un tiro en un Parque Regional, confundido con un bicho porque sigue habiendo muchos disparos a bulto. Porque no es de recibo que mis impuestos paguen las nóminas de una guardería que mata animales en una Reserva Regional de Caza, en vez de protegerlos. Porque no es de recibo que mis actividades estén supeditadas a las suyas, ni que su libertad de tránsito coaccione -cuando no prohibe- la mía propia. Porque no es de recibo que los cazadores, en el ejercicio de una actividad lúdica, no ganadera o agrícola, tengan autorización para meter sus vehículos hasta donde les de la gana. Porque no es de recibo que con nuestro dinero esas Reservas Regionales de Caza abran pistas para los cazadores y lo empleen en labores que alteran el entorno, como la construcción de refugios, el levantamiento de vallados cinegéticos, la introducción de especies cinegéticas exóticas (arrui, muflón, faisán, ...). Porque no es de recibo que ellos tengan privilegios y derechos que al resto de los ciudadanos se nos niegan, prevalenciendo su actividad sobre las del resto de españoles, con plena libertad de movimientos cuando a los demás se nos puede impedir el paso. Porque no es de recibo la coacción que nos supone el riesgo de sus armas, ni la autorización que tienen para meter sus vehículos hasta lo más profundo del monte, ni la de salir a pegar tiros durante el confinamiento cuando al resto se nos obligaba a quedarnos en casa. No es de recibo que se les permita dejar el monte lleno de cintas de colores sin recoger y de cartuchos tirados por el suelo. Y no es de recibo que muchos desfoguen sus frustraciones contra la señalización que se encuentran.

En fin, ¿cómo no voy a estar enfadado? El tiro al plato sí es deporte, señores cazadores, matar animales por diversión es, muy por el contrario, una actividad indigna y humillante para el ser humano actual, por lo insensible de la misma, por su falta de empatía, por la violencia que lleva implícita y hasta por la agresividad que muchas veces trasciende de ella, y sobre todo por antinatural y perjudicial para la biodiversidad. Una actividad con la que no comulga el aproximadamente 98,5 % de la población española que no es cazadora, pero a los que, sin embargo, nos afecta su presencia.

Prohibir la caza deportiva en todos los Espacios Naturales Protegidos, eliminar las obsoletas Reservas Regionales de Caza y resto de instituciones públicas análogas y prohibirles a los cazadores que provoquen molestias a las especies animales protegidas es lo mínimo a lo que se debería aspirar en una país civilizado que se precie, moderno y preocupado por la conservación medioambiental, eliminando de paso todos esos injustos privilegios que el resto de los españoles no comprendemos y que socavan la convivencia entre unos y otros. Todos estos aspectos son, como mínimo, del más obvio sentido común.

Ambicionar menos de eso es seguir viviendo en el medievo.

¿Parque Nacional ... de los Picos de Europa?

O ¿Parque Ganadero de los Picos de Europa?

Hace solo tres días leía un artículo publicado en La Nueva España que llevaba el título de "Este es el sorprendente número de lobos muertos en los Picos de Europa en controles y batidas desde 1986". Solamente leer el encabezado ya sabía que no me iba a sorprender lo que pudiera descubrir en él, aunque reconozco que sentí enseguida una cierta urgencia por curiosear cuál sería el tratamiento general de la noticia. Y sabía que su contenido no me iba a pillar desprevenido porque es algo de sobra conocido entre los loberos que este mal llamado Parque Nacional representa una de las mayores vergüenzas ambientales de nuestro país.

Y la cosa no es de ahora, viene de lejos.

Ya en enero de 2013 publiqué aquí la entrada titulada "Picos de Europa entre bambalinas" a raíz del segundo lobo radiomarcado que ejecutaba la guardería de este espacio natural protegido compartido por Asturias, Cantabria y Castilla y León, una loba que portaba un collar emisor y que murió tiroteada por los agentes ambientales de esta última comunidad autónoma. El primer ejemplar con collar de seguimiento había caído unos meses antes, en el verano de 2012, de otro disparo efectuado por técnicos del propio parque nacional que lo había radiomarcado. La indecencia y bajeza no puede ser más evidente y asquerosa, cuando además sucede en un espacio natural que ostenta la figura legal de MÁXIMA PROTECCIÓN que tenemos en España, la de Parque Nacional, el primero que se declaró en este absurdo país de pistoleros, allá por julio de 1918. Pudiera haber quien piense que aquellos hechos funestos fueron puntuales, desafortunados accidentes que no eran pretendidos por los gestores de este sumidero de lobos. Pero cuando esto sucedía de manera continuada en el tiempo, la cosa cambia, y deja de parecer un suceso anecdótico y perdonable para pasar a ser entendido como lo que realmente es, un proceder despreciable y aborrecible.

¿Alguien puede olvidarse, por ejemplo, de que el biólogo del Parque Nacional Picos de Europa encargado de dirigir la gestión del lobo, un ser llamado Francisco de Borja Palacios Alberti, mató con sus propias manos -y con la ayuda de un Guardia Civil de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña- el 27 de mayo de 2004 a siete lobeznos de pocos días de edad, a golpes en la cabeza y sin contar con ninguna autorización?, ¿o se puede olvidar uno de que posteriormente la mismísima dirección del parque, lejos de despedirlo o expedientarlo, recompensó su "hazaña" con una mayor responsabilidad dentro del organigrama del parque (Secretario del Patronato), respaldando directamente así a su persona y a sus "proezas"?

No, ninguno podemos olvidarlo (1, 2). Por cierto, en el primer enlace del paréntesis anterior podéis ver una imagen de los siete cachorros de unos 15 días de edad muertos con una piedra en la cabeza, por si tenéis estómago para imaginaros la escena. Dan ganas de vomitar.

El caso llegó a los tribunales, pero se archivó unos pocos meses más tarde; ¡qué raro, ¿no?! 

El caso es que el Parque Nacional Picos de Europa estará marcado para siempre por estos repugnantes hechos y por la persecución infame que siempre ha mostrado contra el gran depredador (1, 2, 3, 4, 5). Empecinado en la persecución del lobo, el propio Francisco de Borja Palacios Alberti no se cortaba un pelo en 2018 y seguía defendiendo el exterminio del lobo, más como un sindicalista de ASAJA que como una persona que hubiera estudiado en algún momento de su vida la carrera de biología por amor a la naturaleza, la biodiversidad y por supuesto la fauna, siendo una verdadera vergüenza para el gremio (aunque tampoco penséis que es el único, sujetos de estos hay algún otro), como podréis intuir leyendo el último párrafo de este artículo, donde las protestas del sector ganadero congregaron también a este biólogo, siendo aclamado por los asistentes que dejaron dicho que "La grata sorpresa de la mañana la dio Borja Palacios, biólogo del Parque Nacional de los Picos de Europa, micrófono en mano, mostró su apoyo a las peticiones: controles efectivos de población de lobos en defensa del mundo rural".

Pero no caigamos en el error de creer que la actual dirección del parque se arrepiente de esa vileza execrable que no podemos olvidadar. O al menos nada nos hace creer hasta ahora que no añoren aquella gestión a tiro limpio anterior a la protección del lobo que le otorgó el listarlo dentro del LESRPE, como "en los viejos tiempos" del gatillo y el exterminio.

Pero sigamos con el informe al que hace referencia el artículo que origina este post. Según él, si atendemos solo a los casos conocidos, perdieron la vida  de forma legal (pero inmoral) dentro del parque nacional o en su periferia 197 lobos en 35 años -de 1986 a 2021, año en el que su protección se hizo firme tras la publicación definitiva en el BOE de su inclusión en el citado LESRPE. Esto implica que durante más de tres décadas cada año ajusticiaron una media de 5,6 lobos de entre los que campeaban por el único parque nacional que contaba entonces con presencia de la especie. Como les debía parecer poco y las protestas de los ganaderos muchas y muy ruidosas, desde 2003 en adelante la media aumentó a 8 lobos abatidos anualmente en el agujero negro en el que el Patronato convirtió a esta funeraria denominada parque nacional. Pero claro, si el propio biólogo del parque es tan bestia de matar a golpes una camada entera de cachorrillos, sin autorización alguna y extralimitándose en sus funciones, pero con el beneplácito y respaldo de la propia dirección del PNPE, no es muy difícil imaginar que el número oficioso de lobos masacrados ha sido terriblemente superior. No me cabe ninguna duda. Buen ejemplo de esta persecución, tanto institucionalizada como extraoficial, fue la masacre que tuvo lugar en los Picos de Europa cántabros cuando en dos batidas al jabalí celebradas en Camaleño en 2013 se eliminaron 9 miembros de un mismo grupo familiar, 3 el 27 de octubre y otros 6 más el 1 de diciembre, y en donde ¡¡¡uno de los lobos abatidos ilegalmente lo fue por un agente del SEPRONA!!!. La jueza archivó aquel caso también; otro más.

Es muy fácil inferir esa otra persecución furtiva si del propio informe nos creemos que haya 7 manadas que ocupen terrenos del PNPE, lo que supondría entre 28 y 35 ejemplares antes de los partos, estimando una media de 4-5 individuos por manada en esa época del año, internacionalmente aceptada para estimar las poblaciones de lobos en el mundo (aunque estos fulanos se empeñen en fantasear con cifras desorbitadas de 8-9 lobos por grupo). Si en todos estos años ellos mismos calculan que han nacido entre 417 y 556 cachorros, ¿pueden entonces explicar a la sociedad en dónde diablos están? Resulta más que necesario para entender la batalla de las cifras existente entre los matalobos y la ciencia seria que dediquéis un rato a leer el artículo titulado El lobo y el conflicto de las cifras, os será realmente útil para comprender qué hay detrás de esta cuestión crucial.

Del informe recién conocido estaría genial de la muerte que todos conociéramos, entre otras cosas, quién lo firma, puesto que ello ayudaría mucho a combatir ese oscurantismo y opacidad que rodea todo lo que las administraciones hacen alrededor de este depredador, al tiempo que nos ayudaría a relativizar o no lo que en él aparezca escrito, y así esquivar, o no, las fundadas sospechas de que puedan estar "dirigidos" en pos de unas conclusiones que ayuden a justificar las acciones letales que las administraciones matalobos siempre han usado como único medio de gestionar la especie (y de no perder los votos del entorno rural).

Me explico: parece más que obvio para cualquiera que quiera ser un poco objetivo que los informes, censos y estudios de las administraciones son, al menos parcialmente, tendenciosos, lo que se demuestra claramente cuando se empeñan una y otra vez en usar como cifra media de ejemplares por manada un número de individuos que a veces llega a duplicar los utilizados en todos los estudios internacionales, o cuando insisten en manejar la especie solo desde detrás de la mira telescópica y el gatillo. No existe otra propuesta, solo el rifle. Y todo en función de peritajes subjetivos en la determinación de la autoría de los daños, que se hacen en base a meras apreciaciones personales de la propia guardería, que a menudo tienen una formación muy desigual, cuando no escasa, y cuando en ocasiones subyace incluso un claro conflicto de intereses, dado que algunos de ellos son a su vez ganaderos. ¿Cómo es posible que el conflicto del lobo no se quiera solucionar de un plumazo utilizando definitivamente técnicas moleculares para conocer cuál es el alcance de la responsabilidad real del depredador, diferenciándola así de lo que pueda ser simple carroñeo, de un ataque de perro o directamente de un fraude alevoso del ganadero?

Todo nos lleva a pensar que si no se hacen estos estudios genéticos es porque desmentirían los resultados del actual modelo de peritaje utilizado, y conocer la cruda realidad pondría en pie de guerra (más aún) al sector "ganaduro", lo que les da miedo que se refleje luego en la urnas.

Que en este informe usen ese dato de la media de ejemplares por manada o que insista en que tras las muertes de lobos han descendido los daños al ganado, cuando diversos estudios nacionales e internacionales dicen precisamente todo lo contrario -como veremos al final-, resulta muy sospechoso, y parece dar una vez más la razón a quienes vemos como manipuladoras ciertas conclusiones. Que además el autor de las conclusiones vincule las muertes de un 19-20% de la población lobuna con el aumento de la misma a nadie se le puede escapar que es en sí mismo una perversión dialéctica intencionada -máxime cuando la relación la hace además en esa dirección (yo mato lobos = aumentan)-, dado que son dos hechos que no tienen relación directa alguna. De aumentar realmente, lo hará por otros factores diferentes, pero será "a pesar" de esa brutal eliminación de individuos. Este "quitarle hierro" a la matanza de lobos es algo que airean a menudo las administraciones regionales, llegando a decir que gracias a la caza deportiva ha crecido la población lobera. Hay que ser sinvergüenzas. Pues hijos míos, matemos quebrantahuesos, y osos, y linces, e imperiales, ... si ello no incide negativamente en la conservación de las citadas especies ... ¿qué problema hay? ya hubo un cocinero que llegó a insinuar que se dejara matar un número pequeño de osos para poder comer su carne. 

El eterno problema del lobo se sustenta siempre sobre las mismas inconsistencias, y este informe ahonda en ellas:

- Estudios científicos encargados ad hoc por las administraciones, y que entran en contradicción con otras investigaciones y otros investigadores, pareciendo ir dirigidos a justificar la gestión letal del depredador. Las conclusiones de este último que hemos conocido ahora vienen a demostrar una vez más esta hipótesis. 

- Peritajes de daños de una mediocridad abrumadora y completamente subjetivos.

- La autoría de los daños por lo tanto puesta siempre en entredicho.

- Fraudes sistémicos en las reclamaciones de daños mucho más generalizados de lo que se quiere admitir (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y un largo etc.).

- Exageración desorbitada, y a menudo MISERABLE, de los perjuicios y peligros que realmente representa la presencia del depredador para el sector agropecuario, cuya verdadera problemática es de otra índole: estructural, económica, ausencia de relevo generacional, olvido de las instituciones, atraso digital y tecnológico, pérdida de servicios sociales imprescindibles (sucursales bancarias, centros de salud, colegios,...), etc. 

- Politización de un conflicto artificial.

- Aumento de los daños a la ganadería provocado por la desestructuración de las manadas de lobos tras la persecución y muerte de algunos de sus integrantes, dificultando a los supervivientes la depredación sobre animales silvestres más complicados de capturar.

- Olvido de los servicios ecosistémicos que la presencia del lobo aporta al ganadero como cortafuegos de enfermedades transmisibles al ganado.

Este es el ecosistema social en el que se sustenta todo el conflicto del lobo en esta España majadera, lo que podemos comprender muy bien si analizamos con detenimiento el resumen que prologa el estudio publicado en PlosOne en marzo de 2016 titulado "Conflict Misleads Large Carnivore Management and Conservation: Brown Bears and Wolves in Spain". Al final del mismo podemos leer lo siguiente:

"Las quejas por depredación de lobo sobre el ganado no estuvieron relacionadas con las cabezas de ganado afectado; sin embargo, se correlacionaron positivamente con el número de ungulados silvestres capturados durante la temporada anterior, el número de manadas de lobos, y el número de lobos abatidos durante la temporada anterior. Las compensaciones por las quejas de daños provocados por el lobo fueron cinco veces superiores que las producidas por los osos, pero la cobertura mediática de los daños de lobo fue treinta veces superior. La cobertura mediática de los daños de lobo no estuvo relacionada con los costos reales de los daños de lobo, pero la cantidad de noticias se correlacionó positivamente con el número de lobos abatidos. Sin embargo, la eliminación de lobos fue seguida por un aumento de los daños compensados. Nuestros resultados muestran que la eliminación de lobos no logró el objetivo de reducir los daños, y sugieren que las decisiones en su gestión están al menos parcialmente mediadas por la cobertura de la prensa" (las partes en negrita y subrayadas las he resaltado yo, no apareciendo en el Abstract original).

Ahí es nada. Lo que dice este estudio firmado por Alberto Fernández-Gil, Javier Naves, Andrés Ordiz, Mario Quevedo, Eloy Revilla y Miguel Delibes viene a confirmar lo que hoy sabemos todos, solo que los gestores y políticos se lo callan malintencionadamente y nosotros nos desgañitamos sin que se nos escuche. Por cierto, este y otros muchos estudios sí tienen firmantes, gente que da la cara para defender sus investigaciones y planteamientos, algo de lo que deberían aprender las administraciones, siempre haciendo una gala inusitada de secretismo y oscurantismo que solo pueden llevar al ciudadano a la sospecha.

Pues bien, el Parque Nacional Picos de Europa fue el paradigma de este resumen. Se mataba oficialmente por matar, para contentar a los voceros del mundo rural, que voceaban para presionar a las administraciones, para obtener de estas beneficios en sus negocios privados, y se compensaban daños cuyo origen podía ser más que dudoso -cuando no directamente fraudulento-, para acallarlos, contentarlos y seguir obteniendo sus votos en las urnas, impregnando de política sucia la gestión de nuestro patrimonio natural. 

El nombre del Parque Nacional Picos de Europa permanecerá manchado para siempre por esta vergüenza histórica hasta que sus gestores reconozcan públicamente su indignidad y pidan perdón públicamente por la abyecta gestión ambiental que han llevado a cabo con el gran depredador del paleártico.

Caza, furtivismo y descontrol

Este pasado puente del 1 de mayo ha sido intenso. He regresado a casa con los pies cansados de patear entre piedras por sendas y vericuetos de la montaña leonesa. El cuello y los hombros también se han quejado lo suyo; es lo que tiene ir cargados como acémilas con el equipo óptico, fotográfico y demás trastos. No obstante, los recuerdos que nos traemos de allí serán imborrables, como lo vienen siendo desde que estos valles y algunos de sus vecinos nos acogieran por primera vez hace ahora ya la friolera (que decían nuestras madres) de 23 años. Se dice pronto, ¡cómo pasa el tiempo!

Y ha sido intenso por todo. Hubo buenos ratos, los que más, por supuesto, rodeados de la mejor gente y de unos paisajes que en estas fechas están que explotan, con las laderas en gran parte teñidas ya del morado de los brezos, con los abedulares tiernos, serpenteando por las vallejadas más empinadas y estrechas, así como con las manchas de roble despertando también a los prematuros e históricos calores de este laaaargo verano que ya tememos todos que vamos a tener. El canto de cientos de pajarillos ponen una maravillosa banda sonora al paisaje, mientras una cría de mirlo acuático pide más y más comida a sus padres sobre las rocas del río, aún cerca de su nido. Entre tanto, el pito negro ya ha ocupado uno de los huecos de que dispone en diversos árboles del soto fluvial; y el vuelo rápido, potente y silencioso de un cárabo rescatado en una chimenea nos tranquiliza: vivirá para contarlo.

Pero también hubo momentos malos, tensos.

Vamos a "hacer un suponer", todo esto es mentira, no ha ocurrido nunca.

Por suponer, suponemos que un paisano sube con su todo terreno por una estrechuja y difícil pista. Al adelantarnos no se le ve el rifle, pero nosotros sabemos que lo lleva. Es uno de los jóvenes del pueblo más cercano con una irrefrenable afición por el gatillo. Sorprendentemente va solo, sus colegas no van con él, pero simplemente a pasear por el monte no va, eso lo tenemos claro; disfrutar del estallido de la primavera reventando de brezos morados es un acto que me sorprendería llegara a ser para él un objetivo plausible que justificara subir a lo alto del valle. Sin embargo, solo un rato después, y cuando ya estamos sentados con el telescopio y los teleobjetivos buscando fauna, se completa el rompecabezas: en lo alto de las crestas se perfilan los dos personajes que faltaban, uno de ellos portando un rifle al hombro, al que se le distingue el bípode para minimizar movimientos y afinar la puntería en el momento del disparo. El otro lleva de la mano lo que pudiera ser un telescopio con un trípode pequeño.

Van a Rebecos. A rebecos y nos tememos que a lo que se les ponga a tiro, porque son los compañeros del que va por delante nuestro -ahora ya andando valle arriba-, lo que no nos inspiran ninguna confianza. 

Siguiendo con las conjeturas, a última hora de la mañana pasan delante nuestro los tres cazadores ya juntos camino del 4x4, dos de ellos con sendos rifles en ristre (no nos equivocamos, pues, al suponer que el chaval del todo terreno llevaba el suyo en el vehículo). Siguen camino y no se paran ante el regaño dialéctico de nuestro amigo, que los conoce desde niño.

Hasta aquí el personal ingenuo o desconocedor de la realidad que se vive en nuestros montes podría pensar que todo es normal: unos cazadores yendo y viniendo al pueblo. Al no esconderse y dejarse ver a plena luz del día, probablemente sea porque tengan todos sus licencias en regla y hasta cuenten con el precinto para lo que hubieran cazado. Así que ... nada que objetar.

El problema es lo sospechoso que resulta que habiendo un número de precintos muy limitado los cazadores del coto suban demasiadas veces. Algo parece no encajar plenamente en esta cuestión.

- No, será porque no habrán cazado nada en las jornadas previas y regresarán a ver si la suerte les sonríe por fin -pensará alguno. Alguno de buena fe que, sin duda, pecará de cándido.

Sigamos con las cábalas imaginarias. El proceso es el siguiente: ellos suben, cazan un rebeco, lo decapitan y se bajan al pueblo con la cabeza en una bolsa. El que está sentado en el asiento trasero del todo terreno lleva el precinto (hago aquí un inciso: ¡aún no han eliminado al lobo de la lista de especies cinegéticas en la redacción de la web institucional de la Junta de Castilla y León!) en la mano, como a mano lleva la cabeza del pobre animal, a su lado. Si por una de esas extrañas casualidades de la vida -extrañísimas- un agente del SEPRONA o de Medio Ambiente aparece de improviso por el camino, precinta rápidamente el cuerno del rebeco y aquí paz y luego gloria. No ha pasado nada, todos contentos. El precintado de los animales cazados lleva un protocolo muy establecido en cada comunidad.

Pero si no se cruzan con nadie ... ... en fin ... ... pues nada, el precinto para la siguiente jornada. Y así un rebeco, y otro, y otro, y otro más, y los que ellos deseen y tengan oportunidad de abatir, porque ya os dirá la intuición que el SEPRONA no hace nunca controles al azar en los caminos de entrada a los pueblos de la montaña cantábrica para "cazar a los cazadores". Ni la Guardia Civil, ni menos aún los agentes de medio ambiente, que esto es, señores, la Cordillera Cantábrica, un territorio sin ley, donde el furtivo puede campar a sus anchas. En un artículo de una revista cinegética podemos leer expresamente lo siguiente: "... a sabiendas de que se van a cobrar varios corzos por cada uno de los precintos concedidos. Este no es un problema policial, es un problema de otro tipo. Por otro lado, está demostrado que los controles de la guardería o de la Guardia Civil no sirven de nada, ya que se llevan a cabo en ínfima cantidad ..." Aunque yo discrepe respecto de que no sea un problema también policial, reconozco que es un problema cuyo origen es mucho más complejo, y que sería fácilmente remediado si fuera obligatorio que cada cazador fuera siempre acompañado de un guarda en las jornadas de caza mayor. Como esto no sucede, solo queda la disuasión mediante la vigilancia.

Por seguir "haciendo un suponer" vamos a suponer que mi colega -el raro del pueblo, porque a pesar de haber nacido allí no le dio por la caza como a otros cuantos de la chavalería, sino por la observación y protección de la fauna- ha denunciado este problema a los propios agentes del SEPRONA en más de una conversación. Y por suponer, podemos suponer que los agentes de la autoridad de su zona tiran balones fuera esgrimiendo lo muy difícil que es pillarlos con las manos en la masa. "Pos'mu'bien" señores, ahora resulta que es complicadísimo organizar controles de forma aleatoria o dirigida en los caminos de entrada a los pueblos -donde todos los vecinos, y muchas veces también la propia Guardia Civil, saben perfectamente quiénes son los furtivos- e inspeccionar que todo esté en orden cuando se topen con ellos. ¿Os imagináis utilizando la misma justificación para pillar a los que conducen con una copa de más? Sería algo así:

-No, es que es muy difícil distinguir en los bares o en las discotecas a los conductores (bebiendo) y seguirlos hasta el coche y esperar a que lo arranquen y conduzcan unos metros.

Señores de la Ley, es muy sencillo, realmente sencillísimo, hacer vigilancias y verificaciones en los caminos de acceso a los pueblos. Es algo de primero de carrera de agente de la autoridad. Piensen ustedes que en el momento en que se generalizaran un poco estas inspecciones, solo un poquito, un poquitín nada más, ya les digo yo que descendería radicalmente el número de cazadores / furtivos que se arriesgarían a ser trincados con una cabeza de rebeco, ciervo, gamo, cabra, muflón, corzo, o lo que fuere, sin el pertinente precinto. Y no por la multa, que son penosamente poco disuasorias (y eso es ya harina de otro costal, del que también se podría hablar laaaargo y tendido), sino por el periodo de tiempo que se iban a pasar sin poder salir a "disfrutar de la primavera reventando de flores", que es, seguro, lo que motiva a estos criminales a salir de sus casas y del bareto del pueblo para subir al monte (eso sí, con el rifle al hombro, claro, que no se despistan en este pequeño detalle). Con unos pocos efectivos de la Guardia Civil picoteando regularmente aquí o allá se obtendría un efecto disuasorio sustancial en toda una comarca. Y no se hace. Y les digo aún más, además de generalizar controles al regreso a los pueblos para perseguir el furtivismo, también podrían hacerlos ustedes por las mañanas, pero esta vez de alcoholemia, porque es verdaderamente peligroso que un personaje con más de una copa encima porte un arma mortífera entre sus manos, lo que sucede con demasiada regularidad antes de las monterías, batidas y ojeos, por ejemplo. El resto de los usuarios del monte lo agradeceríamos infinito, creanme, estaríamos bastante más seguros.

Pero todo esto es un suponer, repito, no ha sucedido nunca en esta bendita Cordillera Cantábrica donde el furtivismo para nuestras instituciones públicas debe ser poco menos que, si no inexistente, sí al menos marginal y desde luego un problema menor, un tipo de delincuencia sin ninguna prioridad para ellas, dado el rotundamente nulo interés que ponen en perseguirlo. ¡Hombre, por Dios, estamos hablando solo de un suponer, claro, ya lo he dicho! ¡Cómo vamos a pensar nosotros que esto pueda estar sucediendo de manera cotidiana a lo largo y ancho de la montaña cantábrica y que nuestras administraciones no se lo iban a tomar en serio! Es más, solo puede ser un suponer también que haya quien suba incluso en días de diario cuando todos sabemos que no son días hábiles de caza. Es tan solo una situación novelada el hecho de que sea tal la impunidad que sienten estos sujetos ante la patente falta de vigilancia, que la generalización de este tipo de furtivismo lo ha convertido en un serio problema de conservación. Nuestras autoridades se olvidan de que estos delincuentes sin escrúpulos pueden disparar también sin mucho pesar a especies protegidas, además de a las propiamente cinegéticas, lo que agrava exponencialmente las consecuencias ambientales de esta delincuencia. Por supuesto al lobo, del que tanto hablamos aquí, pero también al oso o al urogallo (alguno de esos cazadores se preciaban de matar no hace tantos años diez o quince gallos anuales). Nadie les va a ver ni a decir nada, porque la montaña está huérfana de vigilancia. Los únicos que observamos lo que en ella ocurre somos los naturalistas. Esta es la cruda realidad. Es por ello que nuestros ojos molestan tanto en el campo, porque podemos ser testigos de sus fechorías. 

Pero hasta aquí hemos lamentado la aparente falta de interés que muestra la Guardia Civil por perseguir este tipo de delincuencia, o por lo menos de algunas comandancias, no vamos a ser injustos con todas ellas metiéndolas en el mismo saco. Sin embargo, alguno se preguntará qué hay de los agentes y celadores de medio ambiente. Pues chicos, no sé muy bien qué decir porque muchas veces es incluso peor. Gran parte de ellos son además cazadores, muchos claramente antilobo -especialmente en la Cantábrica y en las Reservas Regionales de Caza-, y de más de uno pesa la duda de la sospecha sobre si furtivean ellos mismos sobre el ahora protegido lobo ibérico, y desde luego en general más pendientes de la protección de las especies cinegéticas que del resto de los problemas ambientales. Viven en los pueblos de la zona donde trabajan y por evitar enfrentamientos con sus vecinos muchas veces no son todo lo rigurosos que sus competencias les obligarían a ser con sus paisanos, rigurosidad que, sin embargo, sí muestran a menudo con los naturalistas que campeamos por el monte, a los que a veces nos atosigan como si fuéramos nosotros los delincuentes, en vez de ver en nosotros a una posible ayuda en su labor de vigilancia o como una fuente de información sobre la fauna.

Así que ... con estos precedentes, que sucedan cosas como la que veremos en el siguiente cuento no ayudan a poner toda nuestra confianza en ellos tampoco.

Vamos a seguir con el suponer, suponiendo un suceso que tampoco nunca ocurrió. La historia comienza mucho antes de que las autoridades incompetentes soltaran en un valle de la montaña leonesa un cachorro de oso de unos 10 meses de edad, tras recuperarse de una situación crítica en dos diferentes CRAS (Centro de Recuperación de Animales Silvestres). Meses antes había sido rescatado por unos paisanos y naturalistas cuando el pobre cachorro estaba moribundo; de hecho boqueaba en el momento de ser encontrado, como si estuviera agonizando en sus últimos minutos de vida. 

El agua, la leche y las atenciones que le proporcionaron en estos primeros momentos le salvó sin duda la vida hasta que las autoridades se desplazaron para recogerlo en un pueblo y trasladarlo urgentemente al centro de recuperación, donde finalmente se le proporcionaron los cuidados veterinarios que hicieron que sobreviviera y se recuperara del todo. La Junta de Castilla y León, haciendo gala de una caradura impresionante y de una desfachatez increíble***, se apuntó el tanto y contó a todos los medios que ellos habían rescatado a un osezno que había sobrevivido al infanticidio de una camada de tres hermanos, transmitiendo como propia la información que les proporcionaron los vecinos y naturalistas que rescataron realmente al animal, porque NUNCA NADIE DE LA JUNTA se había acercado antes por la zona a vigilar, controlar o estudiar, no ya a esta osa, sino a ningún miembro de esta especie en aquellos valles. Y podemos asegurar que desconocían por completo la existencia de esa osa y de su camada porque llevaba varias semanas siendo vigilada por naturalistas del lugar a diario, y nunca nadie de la Junta hizo acto alguno de presencia. Da verdadera risa el último párrafo de la información, cuando dice que "... los equipos de campo de la Junta de Castilla y León tenían controlada una osa con tres crías del año, que en días previos podría haber sufrido la pérdida de dos de ellas por el ataque de un macho ..."

De hecho siguen sin saber ni cuántos ejemplares se mueven por allí, y menos aún cuántos de ellos son hembras, o cuántas de ellas tienen crías de una u otra edad, ni nada de nada. No saben absolutamente un pimiento del oso en aquellos valles porque simplemente no los pisan. El caso es que la película continúa cuando al día siguiente de ser devuelto en secreto el osezno al entorno natural ¡¡se hizo un rececho al corzo en el mismo lugar en el que fue soltado, también en secreto!! Pero el secreto duró poco más que un parpadeo y esta barbaridad que pretendía pasar desapercibida se supo la misma mañana en que se produjo. ¿Es de verdad necesario arriesgar la vida de un osezno recién soltado, aún inexperto y completamente desubicado, con un accidente de caza? ¿No había espacio acaso en todo el coto local que tuvieron que cazar aquella mañana allí precisamente? ¿La irresponsabilidad de nuestra administración es tan grande que les importó un bledo seleccionar como lugar de la suelta el mismo en el que se iba a celebrar un rececho al día siguiente? ¿Son tan irresponsables en la Junta de Castilla y León que, sabiéndolo, y si ese punto era el punto idóneo para liberar al animal no pudieron posponerla simplemente unos días? Pues sí, son así de irresponsables. Mi amigo, el raro del pueblo del que os hablaba antes, llamó al agente de medio ambiente de la zona para decírselo, lógicamente muy enfadado, y este funcionario al que pagamos todos, tras sorprenderse de que se hubiera enterado del secreto en tan poco tiempo, le prometió que ya no pasaría de nuevo, le dijo que no se preocupara más porque ya no habría más caza por allí, que el esbardo en adelante no iba a tener ningún percance fortuito por esta acividad.

Pues señores míos, exactamente al día siguiente de que le tranquilizara porque ya no se iba a cazar en esa mancha de monte, la novela acaba con ...

¡¡¡¡  Tachan, tachan, ... sí, con UNA  BATIDA  AL  JABALÍ  !!!! barriendo precisamente aquel lugar.

Además de ineptos y cómplices del furtivismo por su inacción e inoperancia contra esa lacra, son mentirosos y unos irresponsables. Así se las gasta la Junta de Castilla y León, para que luego la gente se extrañe que tenga tan mala prensa.

Bueno ¿cómo os habéis quedado? estupefactos, seguro, como cualquier ciudadano sensible que por mucho que lo razone no va a encontrar justificación alguna para que estas cosas sucedan una y otra vez en nuestros campos. Sí, por puntualizarlo, todo esto sucede en la inestimable Comunidad Autónoma de Castilla y León. Se nos apelotonan en la cabeza las preguntas sin respuestas. ¿Es realmente de interés general para el conjunto de los españoles proteger hasta las últimas consecuencias la actividad cinegética por encima del interés superior de protección ambiental de nuestros espacios naturales, así como de cualquier otra consideración, sea del tipo que sea -social, ambiental, moral, ética, económica,... ? ¿De verdad el 98 % de los españoles tenemos que arriesgar la vida por convivir en el campo con la peligrosa práctica de esta rancia actividad, practicada por una más que evidente minoría? ¿De verdad alguien puede justificar que sea compatible la protección de los espacios naturales para el disfrute de la propia vida que habita en ellos a la vez que se mantienen en el mismo espacio geográfico los cotos de caza o, peor aún, las Reservas Regionales de Caza, mantenidas económicamente con los impuestos también de ese 98 % de españoles que no cazamos? ¿No sería lógico incluir a todos los Espacios Naturales Protegidos bajo el mismo paraguas que los Parques Nacionales, donde está ya prohibida la caza por diversión? ¿Tiene alguien en las administraciones la sensibilidad suficiente como para comprender que es indecente matar animales por diversión en un espacio que ha sido protegido para la propia conservación de la fauna que en él habita, además de para el disfrute de esa fauna VIVA por parte de la sociedad?

En la imagen siguiente vemos la huella correspondiente al pie de un oso de pequeño tamaño, y que probablemente pertenezca al del osezno liberado, tomada en estas fechas de primeros de mayo en la misma zona en la que fue liberado, cuando ya contaría con aproximadamente 15 meses de edad. Si fuera así, podemos alegrarnos que sobreviviera a los clásicos "accidentes" de caza que con tanta frecuencia ocurren en esta comunidad autónoma.

¡¡Cómo me acuerdo ahora del trato de favor que la lamentable Junta de Castilla y León tuvo con los cazadores durante el confinamiento permitiéndoles seguir con su actividad mientras el resto permanecíamos encerrados!! ¡¡O de aquellas patéticas charlas de la Federación de Caza de Castilla y León que pagamos todos los ciudadanos para fomentar entre nuestros escolares las "bondades" de la caza y en contra de la cultura del Bambi!! Son solo dos patéticos ejemplos de la protección a ultranza que el gobierno actual de la comunidad autónoma de Castilla y León hace de la caza, como lo es también dejarles gratuitas las licencias de caza o las modificaciones introducidas en la Ley de Caza, privilegiando su actividad por encima de los derechos de uso del espacio del resto de usuarios del campo.

Lo dicho en otras ocasiones, amigos, vivimos en un país tercenmundista en materia de medio ambiente.

Pero faltaba la guinda. El suponer quiso que además de los tres cazadores, probables furtivos, 5 motoristas pasaran también por delante de nuestras narices por un sendero por el que la ley prohibe taxativamente el uso de vehículos motorizados. ¡¡¡Que no pasa naaaada, chicos, que nadie nos va a decir absolutamente nada, porque no hay nadie que vigile estos valles!!!, ¡¡¡que la montaña es nuestra, a ver si os enteráis de una puñetera vez, ecologistas de mierda!!!

Bueno, como todo lo que aquí he contado no ha sucedido nunca, no os debéis asustar, el mundo de Yupi es el mundo real, y la ley se cumple a rajatabla en todas nuestras montañas. Los agentes forestales y el SEPRONA no tienen realmente que vigilar nada porque no existen delincuentes con rifles campeando a sus anchas por nuestros campos y montes.

*** Esto de apuntarse tantos que no se han currado es algo típico de todas las administraciones, pero si hablamos de esta en concreto -la Junta de Castilla y León del Partido Popular- y en relación con el oso pardo cantábrico, se me viene ipso facto a la cabeza cuando hace unas décadas el trabajo de protección y conservación de este plantígrado realmente llevado a cabo en el Principado de Asturias era usurpado como fruto de su propio trabajo por este desacreditado gobierno autonómico, gracias a que la propia expansión natural de la especie debida al aumento de individuos en la fachada norte de la cordillera conllevó la dispersión de ejemplares también hacia el sur. En aquella época la comunidad castellano-leonesa, no solo no hacía nada por la especie, sino que pudo ser incluso la responsable directa de acabar definitivamente con el núcleo oriental (con apenas 25 ejemplares y casi todos machos en aquel momento) si la sociedad civil no hubiéramos impedido la destrucción del único corredor viable para conectar esta población marginal y endogámica con la occidental, empeñados como estuvieron en la construcción de la Estación de Esquí de San Glorio. No nos podemos olvidar que fueron ellos, los dirigentes del Partido Popular que desde hace décadas vienen gobernando nuestra comunidad como si fuera su cortijo, los que intentaron reducir el nivel de protección del entonces llamado Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre -hoy P. N. Montaña Palentina-, lo que nunca anteriormente había sucedido en nuestro país (y que fue impedido por los tribunales), para permitir la construcción de dicho pelotazo urbanístico, lo que hubiera representado la puntilla final de esa pequeña subpoblación de osos. Por supuesto, el furtivismo evidente que existía (y sigue existiendo) sobre esta especie principalmente en el norte de Palencia fue silenciado y negado con reiteración por esta misma administración, que nunca ha demostrado mayor interés en perseguirlo y castigarlo, como tampoco lo ha demostrado por la conservación de la especie. 

NOTA FINAL: No es mi deseo generalizar y meter en el mismo saco a todo el mundo, por lo que deseo dejar constancia de que también hay quien persigue con tenacidad el furtivismo sobre el terreno (1, 2, 3, 4, 5, ... ). Que estos luchadores continúen siendo honrosas excepciones, como ocurre en la actualidad, o se conviertan en la norma habitual depende principalmente de las propias administraciones, pero que tengan interés real en acabar con esta lacra es algo que están tardando demasiado tiempo en demostrar. Décadas, sin duda. En realidad es una desidia ya histórica, y sigue siendo algo que aún está por demostrar.

¿Ninguneamos el furtivismo?

El goteo de lobos ibéricos (Canis lupus signatus) muertos ilegalmente siempre ha sido una lacra que demuestra la pobreza humana y cultural de nuestro país desde que un cambio de paradigma en nuestra relación con la naturaleza se fraguara en la segunda mitad del siglo pasado, cuando el mundo entero comprendió que se hacía necesario para nuestra propia supervivencia un cambio de sentido radical hacia la conservación de la naturaleza y el ecologismo. Sin embargo, medio siglo después de que las sociedades nos volviéramos más conscientes de la necesidad de cambiar nuestros patrones de conducta, la masacre de este depredador en nuestro país continúa a pesar de la cobertura legal con la que cuenta esta especie en la actualidad y gracias, probablemente, a la pestilente pasividad que demuestran tener en esta materia las administraciones autonómicas. 

En la provincia de León se encontraron a lo largo de 2021, antes de su protección definitiva, no menos de 4 ejemplares muertos ilegalmente, 3 de ellos tiroteados y el cuarto envenenado. 

El 1 de mayo de 2022 el cadáver del lobo ibérico que vemos en la siguiente imagen fue localizado en la comarca vallisoletana de Tierra de Campos:  

También en la provincia de Valladolid, pero esta vez en Tierra de Medina, se encontró muerto el ejemplar que podemos ver a continuación, una loba probablemente envenenada a primeros de enero de este año:

En el mes de febrero aparece muerto un lobo radiomarcado en Leitariegos, Cangas de Narcea, en el "pseudo-Paraíso Natural" asturiano, cuyo eslogan mañido lleva toda la vida contradiciendo la penosa realidad que sufren allí nuestros lobos; de este suceso nos enteraremos en abril cuando sea localizado un segundo lobo radiomarcado muerto en esta región.

Y sin apenas tiempo de digerirlo, el 28 de febrero aparece otro más furtiveado desde una carretera en La Pernía, en pleno Parque Natural Montaña Palentina, sin duda alguna otro de los puntos más calientes en lo que a furtivismo se refiere en todo el norte de nuestro país.

El goteo incesante continúa. Unos días más tarde se encuentra a primeros de marzo la loba muerta que vemos debajo, presuntamente por disparo (se ve el orificio en la segunda imagen), en las Merindades (Burgos). 

Y tan solo unos pocos días después, el 12 de marzo, unos excursionistas se topan con otro lobo muerto en Montenegro de Cameros (Soria).

Y es que nos encontramos ante un suma y sigue continuo de actos delictivos. El pasado sábado 15 de abril nos despertábamos con la noticia del segundo ejemplar radiomarcado muerto en 2023  por furtivos en la vergüenza del paraíso natural de Asturias, que se venía a sumar al encontrado en febrero, ya indicado unos párrafos más arriba. En esta ocasión el suceso tuvo lugar en Allande. En este sentido, debemos recordar que hace ahora aproximadamente un año, a finales de abril de 2022, ya se publicaba la noticia de que tres lobos radiomarcados habían sido furtiveados en esta comunidad autónoma, dos de ellos muertos en lazos ilegales y otro por disparo, aunque según ASCEL son ya al menos 6 los lobos contabilizados con collares de seguimiento GPS de los que se tienen noticias muertos en Asturias ilegalmente desde 2017, año en el que se puso en marcha un opaco proyecto de radiomarcaje intensivo de lobos sobre el que pesa la duda de la sospecha. Siendo estos los datos que acaban trascendiendo al secretismo que rodea el proyecto, es normal que preocupe el verdadero alcance de lobos radiomarcados que pueden haber sido muertos en realidad, y parece lógico que se analice si su persecución puede haber tenido algo que ver con el propio seguimiento o no. 

Además, el propio Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) ya denunció hace dos años ante la Fiscalía la aparición repentina, y reiterada a partir de 2020, de diversos individuos de esta especie deambulando malheridos, con profundas heridas y restos de lazos trabados en el cuello -lo que no había sucedido con anterioridad en décadas de fototrampeo de la ONG- y con signos evidentes de haber sido atrapados por trampas de captura en vivo (ver este vídeo de apenas 1 minuto), en lo que relacionan con el trabajo de radiomarcaje masivo que lleva tiempo realizando el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo; estudio del que mucha gente sospecha que se trata de un proyecto encubierto para facilitar el control de la especie, sin ninguna voluntad científica con fines de conservación. Pero el FAPAS va un poco más allá y el 16 de este mismo mes publica un artículo en el que califica el radiomarcaje de lobos en Asturias como posiblemente el mayor fraude de la historia de la conservación en España, criticando el secretismo y la opacidad que rodea todo el proyecto durante sus años de desarrollo, y cuyos datos, sospechosamente, no se han incorporado a ningún documento técnico sobre el censo de la especie en la región. Región esta, Asturias, Paraíso Natural según dicen, donde el furtivismo campa a sus anchas en los Espacios Naturales Protegidos sin que el gobierno socialista de Adrián Barbón haga aparentemente nada por erradicarlo. Las ideologías progresistas pueden esperar si ellas te hacen perder votos en el medio rural, ¿verdad?. Así es, en materia de persecución del lobo, PP y PSOE van de la mano. Es más que preocupante que la administración asturiana desarrolle sigilosamente un proyecto de radiomarcaje que tiene visos de estar encaminado a la vigilancia y control del lobo en vez de a su conservación. No podemos por menos que preocuparnos cuando la información en tiempo real de la ubicación de los animales radiomarcados llega directamente, según afirma el FAPAS, al Servicio de Caza de la administración asturiana, que es el departamento que hasta la protección del cánido era el encargado del control letal de la especie. Da miedo, mucho miedo. Por si fuera poco, cada año, al concluir la temporada de caza y coincidiendo con las fechas previas a la subida del ganado doméstico a los pastos de altura, el veneno regresa a las montañas asturianas en la lucha medieval de algunos ganaderos delincuentes contra el lobo, sin que el gobierno del Principado haga mucho por perseguirlo.

Hay que ser muy conscientes de que el número total de individuos furtiveados en nuestro país ha de ser escalofriantemente superior a lo que finalmente trasciende a los medios de comunicación, puesto que los lobos muertos de los que tenemos conocimiento son solo los encontrados de manera casual cerca de caminos y senderos, a menudo por excursionistas y turistas que tienen, además, el civismo y los conocimientos suficientes como para poner el suceso en manos de las autoridades competentes. Nos podemos imaginar, pues, el número real de lobos que acabarán muriendo en lo más denso del matorral de nuestros montes, sin que ya nadie los encuentre nunca, o de los que no se den parte a las autoridades porque sean confundidos con perros. Pero además hay que ser realmente conscientes de lo que representa de problemática ambiental como especie apical controladora de herbívoros y mesodepredadores, de afectación biológica y genética para la propia especie y de aumento de la conflictividad con el sector ganadero el hecho de matar lobos.

El goteo de lobos muertos en nuestra piel de toro es, sin lugar a dudas, continuo; y así hasta los 400, 500 o 600 individuos muertos cada año por este tipo de delincuencia sin que las autoridades autonómicas aparentemente hagan nada para erradicarlo.

Ante el sangrante problema que impide a esta especie -ahora protegida por la ley- recuperarse y salir de su estado de conservación desfavorable, la sociedad se pegunta si las administraciones están poniendo todos los medios con que cuentan a su alcance para luchar contra esta lacra o si, por el contrario, continúan con la dejación de funciones que las ha caracterizado desde hace décadas en lo que respecta a la persecución de la muerte ilegal de lobos en España.

Podemos estimar que en nuestro país se venían matando en las dos o tres últimas décadas entre 450 y 600 lobos anuales de manera furtiva antes de su protección definitiva en septiembre de 2021. Y es que, señores míos, si no es con esas brutales cifras de furtivismo oculto no saldrían las cuentas. Si a equis número de manadas que se contabilizaban a finales de los 80 en la casilla de salida, con sus ejemplares adultos y subadultos, se le suman cada año una media de ejemplares supervivientes de entre los nuevos cachorros nacidos, inevitablemente la población española en casi tres décadas tendría que haberse multiplicado exponencialmente, tanto en números totales, como en grupos familiares, como en superficie geográfica ocupada. Y no lo ha hecho. El factor que ha estado limitando el número de ejemplares y clanes familiares durante 30 años nunca ha sido motivo de interés para ninguna administración autonómica o estatal, y muy escasamente para el colectivo científico, con honrosas excepciones como el llevado a cabo por Luis Mariano Barrientos que recogió datos de todas las muertes conocidas a lo largo de cuatro décadas en Valladolid y provincias aledañas. De todas las informaciones publicadas al respecto se dan detalles en Lobos, furtivismo y la cuenta la vieja, una entrada imprescindible para entender el alcance real del problema.

Dicho esto, también podemos muy bien asegurar sin temor a tergiversar la realidad, que las administraciones autónomicas no solo no persiguieron nunca el furtivismo que sufría la especie, sino que miraban directa y conscientemente para otro lado sobre este problema. Y una buena manera de demostrar esto que digo es comprobar que NUNCA realizaron estudios específicos que delataran el alcance real de las cifras anuales de lobos muertos ilegalmente en nuestro país, y que NUNCA tuvieron tampoco en cuenta las estimaciones aproximadas de muertes ilegales a la hora de establecer los cupos de las ejecuciones legales. Simplemente se calculaba el total de la población lobuna española (siempre sobreestimada además, por supuesto, ¡¡faltaba más!!) y se decidía en base a ella un porcentaje de ejemplares a matar que presumiblemente, según ellos, era asumible por la especie sin que esta llegara a sufrir una regresión poblacional. NUNCA se contabilizaron las muertes ilegales que soportaban por furtivismo nuestros lobos, lo que llevaba a que las cifras de esta delincuencia se sumaran cada año a las de muertes legales. El resultado final lo conocemos todos: la población española de Canis lupus signatus se estancó en las últimas décadas en aproximadamente 1.500 lobos antes de los partos, dejando de crecer y recuperarse: entre el censo de 1987-88 y el realizado 26 años después, entre 2012 y 2014, su población aumentó en solo 3 manadas y perdió 20.000 kms de geografía ocupada, aunque en los medios de comunicación y en boca de los políticos y sindicatos agrarios nunca se dejó de enturbiar el conflicto inventado mintiendo sobre la "terrible expansión" del cánido. Esta manera de manejar la especie viene a certificar que para las administraciones autonómicas el furtivismo era algo sobre lo que había que pasar de puntillas. Debían entender que ese problema no entraba en sus competencias. 

Y lo deben seguir pensando no solo en Asturias, también en Castilla y León al menos (otra vez la inefable Junta de Castilla y León; alguien pensará, seguro, que tengo obsesión con ella: al menos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). El Viceconsejero de Medio Ambiente , Rubén Rodríguez Lucas, de esta comunidad declaró no hace mucho al respecto de los últimos hallazgos de ejemplares furtiveados en varias provincias de esta comunidad, que "Yo no voy a caer en el error de mezclar lo que puede ser constitutivo de un delito, y de lo que se tienen que encargar las fuerzas de seguridad del Estado, para averiguar lo que ha sucedido, con ese acto reivindicativo que hacemos desde todas las administraciones diciendo que se están produciendo daños enormes a la ganadería ... / ... hay que dejar trabajar a la Guardia Civil ...", aunque parece que se contradice a sí mismo al meter los dos conceptos en la misma frase. 

Es más, las actuaciones de esta administración autonómica parecen desmentir esa buena predisposición a facilitar las investigaciones de estos sucesos, ahora ya posibles delitos al tratarse de una especie protegida. Lo primero que me llama la atención es ese indecente "tirar balones fuera" como si la persecución de estos hechos criminales no fueran competencia propia, y lo fuera en exclusiva del SEPRONA. Señor Viceconsejero, a ver si nos enteramos, la persecución del furtivismo es competencia clara e inequívoca de su departamento, que para eso tiene un régimen sancionador. En la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León se indica en el Capítulo I sobre Vigilancia e Inspección, del Título VI, que son competentes en esta materia tanto los funcionarios de la propia consejería (agentes medioambientales, agentes forestales y celadores de medioambiente), como la Guardia Civil y otros agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, así como otro personal oficialmente designado para realizar estas tareas de vigilancia e inspección -Artículo 121, punto 1, letras a), b) y c). En el punto 2 se les otorga la condición de agentes de la autoridad a todos ellos. Y en el Artículo 123 de la citada Ley se tipifica como infracciones muy graves las consideradas como tal en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, entre las que se considera -Artículo 80, sobre Tipificación y Clasificación de las Sanciones, letra n)- "La destrucción, muerte, deterioro, recolección, posesión, comercio o intercambio, captura ... / ... no autorizada de especies de flora y fauna incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial ...", caso del que nos estamos ocupando, el lobo.

Señor viceconsejero, permítame que le informe que perseguir y llevar penalmente ante la fiscalía o el juez estos hechos delictivos son TAMBIÉN competencia de la Junta de Castilla y León, no intente jugar al despiste con la ciudadanía en sus intervenciones públicas. 

Lo segundo que me llama la atención de las declaraciones de este personaje que se olvida de buscar a los culpables y delega esta competencia únicamente en los agentes de la Guardia Civil es que, al mismo tiempo que esto sucede, dificulta al citado cuerpo de seguridad del Estado que realice las oportunas pesquisas con la diligencia que sería deseable para el esclarecimiento de los hechos. ¿Cómo? simplemente demorando los trabajos de recogida de animales, los traslados a los CRAS (Centros de Recuperación de Animales Silvestres) y la realización de las correspondientes necropsias. A la Junta no le corre ninguna prisa trasladar la información de las necropsias a la Guardia Civil o a sus funcionarios de medio ambiente porque simplemente le da igual que cada caso quede archivado en el olvido. Cuando un lobo es encontrado muerto por algún ciudadano, los agentes medioambientales o del SEPRONA que lo recojan lo trasladan a la oficina comarcal, donde será depositado en un arcón frigorífico antes de su traslado al CRAS de referencia, donde se le realizará la oportuna necropsia. La diligencia en todos estos pasos es fundamental para que los agentes de la Guardia Civil y de Medio Ambiente realicen las posteriores averiguaciones, conociendo las circunstancias reales en las que dicho animal murió. La celeridad en estos dos pasos son, por lo tanto, fundamentales si la administración deseara dar con el furtivo y atajar este tipo de delincuencia. Sin embargo, nos encontramos con que esa urgencia no existe en el caso del lobo. Un ejemplar puede permanecer en el arcón de una oficina comarcal demasiado tiempo y, aún después de ser trasladado el cuerpo a un CRAS, la necropsia puede al final demorarse todavía semanas y hasta meses antes de ser realizada. ¿De verdad la Junta de Castilla y León quiere dar con los delincuentes que matan lobos en nuestra comunidad? Es obvio que no. Le da tan igual en la actualidad, siendo ahora un animal protegido, como le dio antiguamente cuando no lo estaba. 

Además, el nulo interés que aparenta tener la Junta de Castilla y León en la persecución del furtivismo que soporta el lobo lo demuestra también con la inexistencia de algo tan básico y sencillo de establecer como es un protocolo específico de recogida de cadáveres, así como de plazos en su traslado a los CRAS y de la realización de unas necropsias urgentes, dado que se trata de esclarecer un acto delictivo sobre una especie protegida. Esto es muy grave dado que en este supuesto concreto se une un factor que no se da con ninguna otra especie amparada por la legislación española: es un animal que, aun estando protegido por la ley, resulta ser muy perseguido y odiado por una parte concreta de la sociedad. ¿Alguien podría entender que se encontrara un oso, o un lince, o un águila imperial o perdicera muertos en el campo y la necropsia se tardara en realizar semanas o meses? Sería insultante, propio de una administración bananera y corrompida, que no desea hacer bien su trabajo. Pues con el lobo es lo que pasa.

¿Un protocolo de recogida de cadáveres de lobo, especie protegida a la que odio, y de plazos de necropsias?, ¡¡¡qué dices!!!!, ¿para qué? ¿para cazar a los furtivos que están haciendo el que hasta septiembre de 2021 era mi trabajo? ¡¡¡Ni de locos!!!

Dicho todo lo cual, a nadie le puede dejar de parecer muy sospecho que esta laxitud y apatía en perseguir este delito ambiental concreto, sea el modo de proceder habitual de la misma administración que se ha prodigado en el pasado en acosar con ahínco a la especie cuando ello era legal, y que continúa haciendo en la actualidad una dura campaña contra el cánido con todos los medios a su alcance (en los juzgados, en las instituciones europeas y en la prensa); como tampoco debe extrañarnos que en declaraciones a un medio de comunicación un viceconsejero de medio ambiente se ponga de perfil ante el furtivismo, deje su persecución para la Guardia Civil, olvidándose de la propia competencia de su departamento en la investigación de delitos contra la fauna protegida, y que además vincule siempre dicha lacra con la (para ellos) indeseada presencia del animal.

Habrá muchos ciudadanos que podamos pensar que las administraciones asturiana y castellano-leonesa miran, como mínimo, para otro lado ante la existencia de este gravísimo problema que masacra la población de una especie amparada por la ley, lo que unido al hecho de que estos gobiernos autonómicos en su vida hayan pretendido acabar con la muerte ilegal de lobos, pudiera tener, presuntamente, visos de ser realidad. Y si no es así, la sociedad les insta a que demuestren ya de una vez por todas que persiguen de verdad estos sucesos, con voluntad y firmeza. En realidad les instamos a que comiencen a hacerlo, como es su obligación con el cambio de cobertura legal que implicó su inclusión en el LESRPE. Mientras esto no ocurra, los ciudadanos seguiremos convenciéndonos de que las instituciones autonómicas continúan ninguneando esta lacra ambiental igual que hicieron en el pasado.

Cada cual que juzgue sobre los hechos.