¡Pero qué pesados!

¿De verdad no es posible que las administraciones hagan bien su trabajo? ¿No tienen acaso importantes equipos jurídicos que les asesoren de lo que está permitido y lo que no?, para que no acaben despilfarrando, digo, el dinero de los ciudadanos pagando siempre las costas procesales de juicios que están perdidos de antemano. ¿De verdad son tan mediocres nuestros gobernantes como para que una y otra vez tiren nuestro dinero por un sumidero, cargando además de trabajo a un sistema judicial ya de por sí muy saturado, ralentizando con su irresponsabilidad otros procesos judiciales más urgentes? Llamarlos mediocres es quedarse corto.

Dice la RAE del término "Lamentable" que es algo "... digno de llorarse". Pues nuestros políticos y lo que hacen lo son. Son lamentables y muchas más cosas. Por ejemplo, patéticos (penosos, lamentables o ridículos), pésimos (sumamente malos, que no pueden ser peores), detestables (execrables, aborrecibles), cínicos (que actúan con desvergüenza descarada), arrogantes (soberbios), prepotentes (que abusan de su poder), y un largo etc. En fin, que son realmente unos pesados, o, lo que es lo mismo, unos servidores de lo público "insufribles, y difíciles de soportar" según el diccionario, además de unos asquerosos en su acepción de personas "que causan repulsión moral".

Vale, ya me he desfogado, aunque la lista de adjetivos que usaría sería mucho más larga, pero entonces la línea que los diferenciaría del insulto se volvería demasiado fina, y yo prefiero limitarme a "calificar". En un momento de nuestra historia en la que la sociedad española está hasta la mismísima coronilla de nuestros políticos y del modo en el que mancillan lo que debería ser una política generosa y servicial, resulta realmente muy difícil no ser crítico con ellos, y verdaderamente complicado no ser duro con esa casta que se cree superior, por encima del bien y del mal, mirándonos con un cierto desprecio desde lo alto de sus tribunas. Y da igual el nivel al que se haga la política, ya sea de ámbito nacional, autonómico o provincial. "Esos señores de los que usted me habla" tienen un serio problema de desconexión con la sociedad de la que son servidores, lo que está provocando un insoportable hartazgo y una desafección de la sociedad que va a costar muchos años recuperar.

El 22 de marzo podíamos leer en la web de Onda Cero un titular que decía lo siguiente: EL TSJC declara nula la extracción de lobos autorizada por el Gobierno de Cantabria en 2022. Y en el subtítulo previo al desarrollo de la noticia leíamos que Estima el recurso de Ecologistas en Acción al entender que no se ha justificado que no haya alternativas a matar ejemplares. Esta noticia de Onda Cero hace referencia a la sentencia dictada por la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sobre el único recurso presentado por dicha asociación ecologista contra una de las seis resoluciones del ejecutivo cántabro mediante las cuales pretendía matar 10 ejemplares de lobo en la región. 

Tras leer aquella noticia hace unos días, era evidente que dicho tribunal sentenciaría en la misma línea en el resto de recursos presentados con igual propósito por ASCEL contra las seis resoluciones aprobadas por el gobierno de Cantabria en el verano de 2022, a pesar de que una especie protegida NO SE PUEDE MATAR, "y lo saben", parafraseando a Julio Iglesias. Pues el caso es que, efectivamente, ayer pudimos leer en El diario digital de Cantabria y en ifomo Noticias, entre otros medios, la confirmación de que el TSJC da un nuevo tirón de orejas a estos políticos que gobiernan dicha comunidad como si fuera su cortijo, sentenciando lo mismo en tres de los seis recursos presentados por ASCEL y resueltos ya por el tribunal. Faltan aún las sentencias de los tres juicios restantes, pero ya nadie espera que los juzgados den la razón al gobierno cántabro dado que tanto las resoluciones del ejecutivo como los recursos son idénticos. Alguno me dirá que tendría que estar contento en vez de enfadado, pues al fin y al cabo el tribunal nos ha vuelto a dar la razón una vez más a los que anteponemos la protección del lobo a la sinrazón y falta de argumentaciones de sus perseguidores. Pero lo cierto es que no lo estoy. En absoluto. Todo lo contrario, estoy muy enfadado porque estoy harto de estos políticos a los que pagamos sueldos que no se merecen y que nos provocan una enorme repulsa moral; estoy harto de la pésima gestión de esas administraciones, lo que les hace perder numerosas veces los juicios a los que son llevados por la sociedad civil, que se ve obligada a fiscalizar sus acciones y decisiones constantemente; estoy harto de que seamos los ciudadanos los que paguemos con nuestros impuestos las costas judiciales que las CCAA pierden; y, además, estoy harto de que gestionar mal les salga gratis. Son las ONGs una vez más las que tienen que velar porque esos pésimos señores cumplan las leyes y hagan las cosas bien, o al menos que no las hagan mal. 

¿Por qué me cabrean tanto estas nuevas noticias?, ¿tienen acaso algo que las diferencie de otras muchas similares publicadas con anterioridad, en esta y otras comunidades con presencia del lobo? Pues lo cierto es que en el fondo, aunque son iguales, más de lo mismo, esta vez observamos un pequeño gran matiz: el hecho de que en este caso se hace muy difícil ocultar la mala intención del gobierno cántabro. Sí, digo bien, su alevosía. 

Me explico. Si el ejecutivo autonómico tenía decidido eliminar 10 lobos en la región, llama mucho la atención que para ello apruebe ¡6 resoluciones distintas! en vez de solo una. Entonces, ¿por qué decidieron hacerlo así?, se preguntará alguno. Pues nada es casualidad, chicos. Os resultará muy sencillo de entender el por qué si pensáis que cada Recurso Contencioso-Administrativo que una modesta asociación conservacionista tenga que elevar por separado ante la sala judicial implica un desgaste económico independiente, y por lo tanto mayor. Exactamente seis veces mayor que presentar uno solo. A ello habría que añadir, además, el subsiguiente desgaste de trabajo humano, también superior aunque no cuantificable. Sinceramente lo pienso, hay que ser malas personas para, siendo servidores de lo público, elucubrar la manera de esquivar la vigilancia de esa sociedad civil a la que dicen servir. Si sabes que estás haciendo las cosas bien, ¿qué más te da que una ONG te denuncie ante los tribunales?, estos últimos al fin y al cabo te darán la razón. Pero claro, si sabes que tu gestión comporta en sí misma una mala praxis buscas un modo de sortear la supervisión de esas asociaciones ciudadanas altruistas, haciéndolas daño en donde más les duela, si es posible. En sus arcas, por ejemplo. ¡Qué!, ¿os suena de algo eso de fraccionar en seis un macro-proyecto para esquivar, por ejemplo, los temidos Estudios de Impacto Ambiental?, pues eso mismo es lo que han pretendido hacer desde el Gobierno cántabro, solo que intentando que las ONGs no puedan asumir los gastos de tantos Recursos de Alzada, primero, y Contencioso-Administrativos, después, además de procuradores, etc. Cualquier ciudadano que tenga un mínimo de mente analítica se dará cuenta de ello. Pero les ha salido rana, porque los tribunales nos han vuelto a dar la razón, oooootra vez.

Pareciera que somos la sociedad civil su enemigo, ¿verdad?, cuando se suponía que ellos son servidores del interés general nuestro. Pero se os ha visto el plumero por enésima vez, señores. Cumplir la ley a rajatabla en materia de medioambiente no os debe parecer algo muy relevante en vuestra guerra sucia contra el lobo, sabiendo que esas resoluciones no se ajustaban a Ley para ejecutarse. Añoráis los años de las Juntas de Extinción de Animales Dañinos y Protección de la Caza, porque sois iguales a aquellos funcionarios de mediado el siglos XX, habiéndose quedado a vivir vuestra mentalidad anclada en décadas muy, muy, muy lejanas. Sois prehistoria ya. El tiro y la mira telescópica es el pasado. El presente es la sostenibilidad, la conservación y la protección. 

Y os da igual pagar las costas de 6 resoluciones contrarias en vez de una sola -como debería haber sucedido si no hubiérais decidido fragmentar la que debería ser una única resolución en seis distintas para hacer daño a ASCEL-, simplemente porque no lo hacéis con vuestros salarios. Sí, por desgracia la democracia no es perfecta, porque si lo fuera os cuidaríais mucho más de hacer las cosas bien, para no tener que abonar de vuestros exclusivos bolsillos los perjuicios económicos que causáis a la sociedad con vuestra mala intención y con vuestra nefasta gestión, que es lo que debería suceder. 

¿Cómo no voy a estar muy enfadado con estos pésimos gestores de lo nuestro cuando lo único que me causan es una profunda repulsa moral?

Imposible no estarlo, ¿no os parece?

¡¡Chapeau por ASCEL y por los juzgados, que esta vez sí acordaron como medidas cautelares la prohibición de matar esos diez lobos hasta la resolución de los juicios!!, lo que en otras ocasiones no ha ocurrido, habiendo muerto decenas de lobos que los juzgados no supieron proteger con medidas cautelares obvias.

La responsabilidad de la Junta

Esta vez intentaré ser conciso, lo juro, pero igual de claro que siempre. Hace solo dos días dedicaba la entrada previa a hacer algunas reflexiones personales -pero compartidas por un gran número de personas- sobre la necesidad de prohibir por Ley la caza en determinados espacios y circunstancias alegando, entre otras cosas, la larga experiencia acumulada que tenemos en muertes de osos por disparos durante la práctica de esta actividad (y otras especies, como linces, por ejemplo), en cuyos casos los cazadores implicados siempre han alegado en su defensa que el suceso solo fue un desafortunado "accidente de caza". En otras ocasiones directamente los osos han desaparecido para siempre sin dejar rastro justo al comenzar la temporada cinegética, ¡qué casualidad!. Y en otras ni siquiera se tiene constancia de su desaparición hasta que años después se localiza fortuitamente algún ejemplar en un estado de conservación tan malo que imposibilita ya conocer las causas de su muerte.

Hace solo dos días de esas reflexiones. Pues bien, ayer 27 de febrero la Fundación Oso Pardo se hacía eco de la reciente sentencia dictada contra el cazador que disparó y mató a una osa en noviembre de 2020 en un Espacio Natural Protegido que casi podríamos denominar como un "sumidero de osos", ya que es en lo que parece se ha convertido el norte de Palencia por la escandalosa gestión que viene haciendo la Junta de Castilla y León, y más concretamente en el Parque Natural Montaña Palentina. En esta sentencia se condena al delincuente a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para la caza, así como a pagar a la Junta de Castilla y León 17.505,95 € en concepto de responsabilidad civil, siendo esta una cantidad muy inferior a la solicitada por la fiscalía y la propia FOP. Según explica la misma fundación en su nota, esta "... reducción obedece a que la sentencia considera que debería haberse suspendido la cacería en el momento en el que se tuvo conocimiento de la presencia de la osa con el osezno en la zona a cazar". Esto es extraordinariamente relevante porque viene a decir que la Junta de Castilla y León es responsable también de la muerte de esa osa por AUTORIZAR la batida a sabiendas de su presencia con la cría. Vamos, lo mismo que venimos denunciando desde hace años sectores sociales en favor de la protección efectiva de las especies más vulnerables y contrarios a una actividad cinegética que ya se ha demostrado en demasiadas ocasiones como muy peligrosa, tanto para las personas como para las especies protegidas.

Ecologistas en Acción Palencia, entidad que se personó igualmente en la causa, llegó a solicitar la imputación por prevaricación por omisión del propio Director del Parque Natural Montaña Palentina, así como de la Directora de la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas (otra vez coincidiendo la fraudulenta protección de un espacio natural con la muerte legal de sus animales para diversión de una minoría), ya que " ... todas las pruebas y testigos coincidían en que la cacería no debió celebrarse de ningún modo en ese lugar y que ambos Directores disponían de información suficiente sobre la presencia de la osa y la cría. No es la primera vez que se ha disparado a ejemplares de oso pardo en el transcurso de la celebración de cacerías en la Reserva Regional de Caza (14 de octubre de 2012 en Vañes, el 18 de noviembre de 2917 en Pernía, el 1 de noviembre de 2022 en Vañes). Como han reconocido en sede judicial ambos directores, no es un problema nuevo y son plenamente conocedores del conflicto ...".

Por poner otro ejemplo de tantos, en el post que titulé Caza, furtivismo y descontrol denunciaba el caso de las actividades cinegéticas que se llevaron a cabo en el mismo lugar donde se había liberado un cachorro de oso rescatado por unos vecinos cuando estaba a punto de morir, y recuperado por los veterinarios de la Junta de Castilla y León: un rececho al corzo al día siguiente de la liberación y una batida al jabalí dos días después. Leerlo, sin desperdicio, pero os darán arcadas comprobar cómo la Junta de Castilla y León antepone la protección de la caza a la de la fauna. 

En fin, amigos, una completa vergüenza. Es más de lo mismo. Pero aunque el hartazgo de observar cada día este tipo de actuaciones administrativas -direccionadas en favor de la caza y en detrimento de la conservación de nuestra biodiversidad- sea tan mayúsculo, no vamos a cejar en nuestro empeño de señalar a los que consideramos directos responsables de esta caótica y surrealista gestión.

- Se autoriza a unos privilegiados cazar en manchas de monte en las que se refugian especies protegidas, arriesgando las vidas de dichos animales.

- Cuanto menos, se autoriza a los cazadores a molestar y perturbar a dichas especies, algo que en realidad está prohibido por la ley.

- Se autoriza todo ello a pesar de los numerosos "desafortunados accidentes de caza" ya ocurridos. 

- Por el contrario, se prohibe el tránsito al resto de ciudadanos y se nos echa del lugar si en la zona se va a cazar.

- Pero es que, además, los responsables últimos de la administración conceden las autorizaciones aun sabiendo de la presencia de estos animales, poniendo por lo tanto en un grave peligro su integridad.

Y volvemos al conflicto increíble que comentábamos en el blog hace tan solo un par de días: todo esto sucede a menudo en terrenos cinegéticos que forman parte de los Espacios Naturales Protegidos, siendo en muchas ocasiones Reservas Regionales o Nacionales de Caza, es decir cotos públicos que nos cuestan dinero a todos los españoles. Las administraciones se lo tienen que hacer mirar. Desde el gobierno central para aprobar leyes que, no solo prohiban la caza en todos los ENPs del país, sino que endurezcan las condiciones en las que esta actividad peligrosa para el resto de los ciudadanos se pueda practicar, hasta los autonómicos para que de una puñetera vez legislen de verdad en materia de medio ambiente con un poco de cordura, anteponiendo la conservación efectiva de la fauna y el derecho de la ciudadanía a disfrutar de un medio ambiente sano y protegido, a los intereses de un colectivo minoritario cuya actividad resulta peligrosa para la conservación de las especies vulnerables y para la integridad de las propias personas.

¿Verán nuestros ojos el reconocimiento institucional de estos problemas? ¿Entonarán alguna vez el mea culpa y pondrán sobre la mesa las herramientas que solucionen estos conflictos? ¿Legislarán por fin en favor del interés general y de la verdadera y escrupulosa conservación del medio ambiente? ¿Se restringirá algún día la caza en determinadas circunstancias para velar por los derechos de la mayoría de los ciudadanos y de la propia conservación ambiental? ¿Se endurecerán por fin las condiciones en las que esta actividad se podrá realizar como esparcimiento?

Soy pesimista, pero seguiremos atentos a las barbaridades de las administraciones.

Prohibir matar animales por diversión

El domingo pasado regresé a casa muy enfadado, otra vez. No puedo por menos de estarlo, sin que se me pase el mosqueo desde hace mucho tiempo. Años. Recuerdo mis años jóvenes cuando la rebeldía y el ceño fruncido contra una sociedad adormilada eran el signo de identidad de toda una generación que quería cambiar las cosas. Los últimos años del franquismo que hoy algunos maquillan y añoran, y los primeros de una democracia que otros santifican como intocable coincidieron con toda una generación contestataria e inconformista. Aún existían "los grises", y no se me olvidan a una cierta distancia frente a nosotros. Sin embargo, recuerdo bien que en aquellos años rebeldes e insumisos formaba parte de mi biblia naturalista que la caza deportiva (nunca entenderé qué tiene de deporte matar seres vivos) era, en el peor de los casos, un mal necesario. Así me lo creí ingenuamente a base de oírselo decir a unos y a otros, desde notorios personajes públicos a gente anónima, blanqueando la brutalidad de dicho entretenimiento. Hoy en día, en la actualidad, con lo que sabemos, con la experiencia acumulada de cientos de encuentros con esta actividad, con las consecuencias que acarrea para la biodiversidad, y para la libertad de tránsito y la integridad física del resto de las personas, no puedo opinar igual.

Cuando las canas me tiñen el pelo desde hace bastante más de lo que quisiera, ya no comparto aquella tolerancia de mi juventud. Ahora soy más radical que entonces. Me "han hecho ser" más radical que entonces, para ser exactos. No comprendo la caza, me resulta imposible ser ya indulgente con esa mierda que cada año se lleva por delante la vida de demasiados millones de animales masacrados en nuestro país por diversión, por mero entretenimiento, además de acabar también con un pequeño, pero siempre excesivo, puñado de seres humanos, esta vez por negligencia o accidente. Y ya no la comprendo ni por experiencia personal, ni por lógica; probablemente porque razone más las cosas y porque el sentido común me avala.

La media anual de animales masacrados para mero esparcimiento fue de 20.219.696 cada año, teniendo en cuenta que se trata de cifras que hacen referencia solo a las especies cinegéticas que han sido abatidas legalmente, de acuerdo a cupos establecidos y contabilizadas oficialmente por el MITERD. Ni que decir tiene que el volumen real debe ser obviamente muy superior, pues no es una práctica esporádica que se sobrepasen dichos cupos, que muchos cazadores y/o cotos no transmitan sus capturas reales a la administración y que se furtivee muy por encima de lo imaginable, como ya dejamos claro en la Caza, furtivismo y descontrol. Pero es que, además, habría que añadir la ingente cantidad de animales protegidos y/o no cazables que mueren en controles de predadores en los cotos y fincas cinegéticas (gatos monteses, garduñas, meloncillos, etc.). Basta un dato sangrante para demostrar la irresponsabilidad de la que el sector cinegético hace gala en nuestro país: al menos 7.380.277 tórtolas europeas (o comunes) fueron muertas en esa década a pesar de ser una especie cuyos efectivos poblacionales se venían reduciendo brutal y alarmantemente desde hacía tiempo. Solo en 2020 el Ministerio aprobó por fin una moratoria de capturas que dura hasta nuestros días, aunque no se excluyó a la tórtola europea de la lista de especies cinegéticas, lo que viene siendo una demanda recurrente desde sectores conservacionistas y científicos.

Pero vayamos al grano, que me ramifico.

Sí, amigos, prohibir la caza es algo de sentido común en, al menos, determinadas circunstancias. Y en el resto de casos debería serlo como mínimo por ética. Esa es al menos mi opinión. Hablemos de las primeras.

Hay varias coyunturas en las que esta actividad debería ser vetada radicalmente desde ya. La primera CUANDO SE PRACTICA EN UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO (ENP), ya sea un parque nacional (hoy en día prohibida por Ley desde diciembre de 2020) o cualquier otra figura de protección, ya sean parques, reservas o monumentos naturales, por ejemplo, y que se hayan constituido públicamente para conservar y proteger los valores naturales y paisajísticos de un área concreta.

No tiene ningún sentido que, mientras al conjunto de la ciudadanía se le exige el más estricto respeto a la fauna que habita un área protegida, como es lógico, y bajo la pena de ser sancionada administrativamente si la molesta o perturba, como también es lógico, luego pueda venir un cazador y matarla con todos los beneplácitos administrativos. ¿Alguien lo entiende? Porque si hay algo que a la fauna le molesta especialmente es que la maten, ¿no os parece?

Protegemos la vida salvaje de un entorno pero al mismo tiempo permitimos que unos privilegiados mercadeen con el derecho a dispararla y matarla. Señores pensantes, no es compatible proteger la fauna y a la vez matarla, ¿no os dais cuenta de ese curioso detalle? ¿No os habéis percatado aún que el fundamento de la declaración de áreas protegidas es preservar la vida y el funcionamiento que esos ecosistemas encierran?, ¿es de verdad tan difícil de entender que matar es lo contrario de proteger? Si es que es del más aplastante sentido común, señores, hasta el punto de que cualquier niño lo entiende. De purita lógica, que dirían en Latinoamérica. O proteges o matas, pero las dos filosofías no pueden ética o moralmente desarrollarse en el mismo espacio. Y si, además, el desarrollo de esa actividad impide al resto de ciudadanos disfrutar de ese entorno para la realización de otras actividades, esta vez sí, inocuas para el medio ambiente, ... pues entonces apaga y vámonos: prevalece arbitrariamente el gatillo y sus privilegios al senderismo, la observación de fauna, el ciclismo, la fotografía, o lo que quiera que cada cual desee practicar en la naturaleza.

Y enlazando con lo anterior, hay una segunda cuestión que me trae de cabeza: la URGENTE DESAPARICIÓN DE LAS RESERVAS REGIONALES DE CAZA y del resto de cotos públicos de todo el país gestionados y declarados por las administraciones: es absolutamente inadmisible que sigan existiendo en nuestros días, en pleno siglo XXI. Ahondando en la paradoja anteriormente expuesta respecto del absurdo hecho de que se pueda cazar en un Espacio Natural Protegido salpicado de cotos privados de caza, pienso y razono lo injusto y anticuado que supone, además, que muchas de esas áreas cinegéticas sean, por el contrario, públicas y gestionadas directamente por los gobiernos autonómicos. Porque aquí, además de implicar la contradicción de matar por un lado la misma fauna que protegemos por otro, existe un componente que lo hace mucho más hiriente y surrealista todavía, como lo es que estas Reservas Regionales o Nacionales de Caza las mantengamos todos con nuestro dinero, a pesar de que en España aproximadamente el 98,5 % de los ciudadanos ni somos cazadores, ni compartimos la necesidad de la caza, ni mucho menos su ética, constituyendo una amplia mayoría la que abogamos por una dura restricción de la misma o, incluso, su total prohibición a nivel particular. Por Ley habría que hacer desaparecer de un plumazo todos estos cotos públicos de caza, por anacrónicos y medievales, como viejos vestigios de lo que fueron los antiguos cotos reales, por ser actualmente injustos con una sociedad no cazadora que no tiene porqué mantenerlas económicamente, y máxime cuando además coincidan en el espacio con figuras legales de protección. ¿Cómo puede no enfadar a nuestra sociedad que el conjunto de los ciudadanos que se opone mayoritariamente a matar animales por diversión corra, para mayor afrenta, con los gastos que conlleva el mantenimiento de estas reservas de caza?, ¿se están mofando de nosotros? Obviamente, se trata de una burla más que la sociedad tenga que poner dinero encima de la mesa para esta reprobable actividad. 

Y, por último, una tercera cuestión que me preocupa especialmente y me saca de mis casillas, porque es tan evidente y palmaria que da vergüenza: que SE LES PROHIBA A LOS CAZADORES MOLESTAR A LAS ESPECIES PROTEGIDAS de una vez por todas, ¡que ya está bien hombre!. ¿Alguien ve lógico que, aún no siendo en un Espacio Natural Protegido -donde es todavía más reprochable-, los cazadores sí puedan perturbar la vida diaria de las especies protegidas del entorno en el que desarrollan su antiecológica actividad?. Casos tenemos muchos para demostrarlo, como las habituales batidas en manchas de monte donde se tiene constancia de la presencia de osos, e incluso de osas con crías o de camadas de lobo, por poner unos casos que son de lo más corrientes en nuestro país. Pero pondré un ejemplo menos conocido pero que igualmente se permite todos los años. Veamos, estamos en una sierra del centro peninsular, cubierta de monte mediterráneo. Las laderas con una fuerte pendiente guardan como verdaderos tesoros algunas plataformas de buitre negro, y durante varios meses al año la Junta de Castilla y León (en este caso, pero sucede en todas partes) pincha cartelitos a la entrada de todos los senderos y pistas prohibiendo el acceso a todos para preservar la tranquilidad de esta especie necrófaga durante su ciclo anual reproductor.

Nada, nos tendremos que dar la vuelta, porque caminar en un relativo silencio con la cámara o los prismáticos colgados del cuello "molesta" a las aves carroñeras y puede perturbarlas en tan delicado período. Vale, todos de acuerdo ¿no? Sí, así es, todos de acuerdo, al menos los que nos colgamos unos prismáticos del cuello. Entonces, ... ¡hay amigo!, ... ¿porqué se autorizan batidas con decenas de perros de reala y un determinado número de ojeadores vociferando gritos como si no hubiera un mañana para batir precisamente esas manchas de monte donde están incubando o dando calor a los pollos de buitre recién nacidos, para mover las "presas" hacia la línea de escopetas? ¡¡Es que pasan a veces por debajo mismo de algunos de los nidos!! Es una barbaridad y una indecencia. El estrés que representa esta abusiva y horrible modalidad de caza es brutal en todo el entorno en el que se desarrolla, porque no afecta solo a las especies objetivo (jabalíes, ciervos, corzos y zorros, básicamente, y a veces también gamos y muflones), sino a todas las criaturas en su conjunto, incluyendo también a todas las especies protegidas (linces, osos, rapaces, lobos,...) del lugar, con el importante riesgo existente de que alguna de ellas pueda, además, morir en la jornada, como ya hemos sufrido en tantas ocasiones.

Efectivamente, sí, el domingo regresé a casa enfadado y no puedo por menos de estarlo aunque no tuve en esta ocasión ningún encuentro desafortunado con estos personajes. No me prohibieron pasar porque hubiera una montería, ni tampoco silbó próxima una bala perdida como en alguna otra ocasión, ni me han llegado cerca de los pies los perdigones de un par de cartuchos disparados desde el otro lado de un pequeño azud tras describir en el cielo una parábola en busca de algún pato. No me ha puesto nadie mala cara, ni he tenido que oír improperios de ningún señor armado porque "le espanto SU caza" en mi trasiego por el monte, ni me ha interrogado ningún engreído guarda privado del coto social de turno como si el delincuente fuera yo. Pero aún así fue imposible no regresar muy enfadado a mi casa cuando caminar por el Parque Regional de la Sierra de Gredos es observar el compendio de todas esas circunstancias sin ningún sentido común a las que me he referido en los párrafos anteriores.

Porque no es de recibo que me vea obligado a escoger en época de caza vestir con los colores más fosforitos que tenga por casa para parecer un semáforo viviente y evitar así que me peguen un tiro en un Parque Regional, confundido con un bicho porque sigue habiendo muchos disparos a bulto. Porque no es de recibo que mis impuestos paguen las nóminas de una guardería que mata animales en una Reserva Regional de Caza, en vez de protegerlos. Porque no es de recibo que mis actividades estén supeditadas a las suyas, ni que su libertad de tránsito coaccione -cuando no prohibe- la mía propia. Porque no es de recibo que los cazadores, en el ejercicio de una actividad lúdica, no ganadera o agrícola, tengan autorización para meter sus vehículos hasta donde les de la gana. Porque no es de recibo que con nuestro dinero esas Reservas Regionales de Caza abran pistas para los cazadores y lo empleen en labores que alteran el entorno, como la construcción de refugios, el levantamiento de vallados cinegéticos, la introducción de especies cinegéticas exóticas (arrui, muflón, faisán, ...). Porque no es de recibo que ellos tengan privilegios y derechos que al resto de los ciudadanos se nos niegan, prevalenciendo su actividad sobre las del resto de españoles, con plena libertad de movimientos cuando a los demás se nos puede impedir el paso. Porque no es de recibo la coacción que nos supone el riesgo de sus armas, ni la autorización que tienen para meter sus vehículos hasta lo más profundo del monte, ni la de salir a pegar tiros durante el confinamiento cuando al resto se nos obligaba a quedarnos en casa. No es de recibo que se les permita dejar el monte lleno de cintas de colores sin recoger y de cartuchos tirados por el suelo. Y no es de recibo que muchos desfoguen sus frustraciones contra la señalización que se encuentran.

En fin, ¿cómo no voy a estar enfadado? El tiro al plato sí es deporte, señores cazadores, matar animales por diversión es, muy por el contrario, una actividad indigna y humillante para el ser humano actual, por lo insensible de la misma, por su falta de empatía, por la violencia que lleva implícita y hasta por la agresividad que muchas veces trasciende de ella, y sobre todo por antinatural y perjudicial para la biodiversidad. Una actividad con la que no comulga el aproximadamente 98,5 % de la población española que no es cazadora, pero a los que, sin embargo, nos afecta su presencia.

Prohibir la caza deportiva en todos los Espacios Naturales Protegidos, eliminar las obsoletas Reservas Regionales de Caza y resto de instituciones públicas análogas y prohibirles a los cazadores que provoquen molestias a las especies animales protegidas es lo mínimo a lo que se debería aspirar en una país civilizado que se precie, moderno y preocupado por la conservación medioambiental, eliminando de paso todos esos injustos privilegios que el resto de los españoles no comprendemos y que socavan la convivencia entre unos y otros. Todos estos aspectos son, como mínimo, del más obvio sentido común.

Ambicionar menos de eso es seguir viviendo en el medievo.

Administraciones, lobos y radiomarcaje, un coctel oscuro

Hoy 14 de febrero quiero hacerme eco de una noticia de hace ya unas semanas. Aunque el tiempo no me da para más y otras historias me lo ocupan, no quiero dejar pasar por alto algo de notable trascendencia y de lo que nos venimos lamentando desde hace décadas los naturalistas, y que tiene que ver con esas administraciones que teóricamente velan por el interés público, pero que a la hora de la verdad no lo hacen siempre, o desde luego nunca cuando de lo que hablamos es del lobo ibérico (Canis lupus signatus).

Una administración pública es el conjunto de instituciones u organismos públicos de ámbito estatal, autonómico, provincial o local que sirven a los intereses generales de los ciudadanos con objetividad, prestando los servicios públicos que les sean competentes y cumpliendo la legislación vigente, que es, por supuesto y dicho sea de paso, lo mínimo que esperamos de ellas.

Vale, sabiendo esto sería lógico pensar que las instituciones son valedoras del interés general y cumplen la Ley. Dicho de otra manera, estaríamos todos de acuerdo en que, en ese hipotético supuesto, sería innecesario que la sociedad civil fiscalizara sus actuaciones. Pero lo lógico aquí sería lo ingenuo cuando hablamos del binomio Administración / lobo; sería en realidad, para qué engañarnos, como vivir en los mundos de Yupi. ¿Una institución pública poniéndose de parte de la conservación, protección y defensa de esta especie?, ¡¡pero hombre, por Dios, a dónde vamos a llegar!! Y es que la historia se vuelve muy terca, y se empeña en demostrarnos que los organismos públicos han estado siempre del lado del gatillo y la mira telescópica, y nunca del lado de la protección del cánido.

La noticia de hace unas semanas a la que hacía referencia en la primera frase reza lo siguiente: "El TSJA ordena entregar a los ecologistas toda la documentación sobre los radiomarcajes de lobos"; y tras el título, la entrada amplía: "Los jueces dan la razón a la asociación ASCEL, que defendió su derecho a acceder al expediente, e insta al Principado a remitírselo".

¿Pero cuáles fueron los antecedentes que han terminado con una nueva sentencia judicial contraria -otra más, ¡y van ya tantas!- a una institución pública y sus opacas maniobras en la gestión del lobo?

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) había solicitado ya en noviembre de 2021, tanto a la Universidad de Oviedo como al CSIC, información sobre el proyecto de radiomarcaje que el Principado de Asturias estaba llevando a cabo, y al propio ejecutivo asturiano en febrero de 2022 ante las anomalías que parecían rodear el proyecto llevado a cabo por un gobierno autonómico empeñado en eliminar lobos en vez de protegerlos, y tras las sospechosas muertes por furtivismo o desapariciones de ejemplares con collares GPS (entre un 14% y un 23% de los animales radiomarcados desde 2017). El FAPAS igualmente había solicitado información a la misma Universidad de Oviedo que, a través del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad, (constituido por la citada universidad, el CISC y el propio Principado de Asturias) parece ser la responsable de realizar sobre el terreno los trabajos de seguimiento encargados por el ejecutivo autonómico, al detectar lobos con collares GPS, algunos de ellos lesionados, por evidentes intentos de captura en vivo, que aparentemente solo podrían corresponder con el proyecto autonómico de radiomarcaje.

Todos estos temores y sospechas más que fundadas de que las cosas se estaban haciendo mal y, quizás, con una finalidad real que a más de uno pudiera parecerle bastante menos loable de lo que la institución autonómica decía (habida cuenta del historial lobicida que precede a dicha administración y a los ejemplares marcados que ya habían muerto), se parecieron confirmar un día 1 de septiembre de 2022 cuando ocurre un incidente con un investigador que dice tener 5 trampas de captura en vivo en la zona y que es llevado a declarar a las dependencias de la Guardia Civil tras caer la mascota de un vecino en una ellas sin señalizar y de localizarse en la zona una cámara de fototrampeo, todo ello aparentemente sin disponer de todos los preceptivos permisos reglamentarios.

Con todos estos preliminares, que el estudio científico de una universidad no trascienda públicamente a través de publicaciones académicas o divulgativas después de seis años de investigaciones y que del mismo no se sepa absolutamente nada de nada tras el paso de más de un lustro desde su inicio ya resulta algo más que extraño y sospecho, debido a los antecedentes que hemos comentado, por tratarse de una especie de la que se mantiene todo en el más hermético oscurantismo, y porque se trata de la iniciativa de una administración autonómica que siempre se ha prodigado en declaraciones y, lo que es más grave, actuaciones contrarias a la conservación y protección del lobo. Como el mismo FAPAS denuncia en su artículo "Lobos radiomarcados; un fraude sin precedentes" Ni siquiera, el trabajo de seguimiento del lobo ha sido utilizado por el Gobierno de Asturias para realizar los documentos técnicos que reflejan el censo poblacional de esta especie en la región". Entonces, si años de investigaciones y seguimiento no están sirviendo para la realización de los censos poblacionales, todos nos preguntamos para qué diablos se está llevando a cabo este proyecto científico, qué se está haciendo con toda esa información obtenida, y, lo que da más miedo, si dicha información está realmente a salvo o no.

La verdad es que, partiendo de quienes parten, nos ponen muy difícil no dudar de los objetivos reales de este tipo de investigaciones, así como de que existan filtraciones interesadas o del posible uso y abuso final que se pueda hacer de esa información privilegiada, máxime cuando varios de estos animales radiomarcados ya han caído furtivamente por lazos y disparos, o han desaparecido sin dejar rastro alguno a pesar de llevar un collar. Resulta un temor fundado que este tipo de estudios acabe siendo usado contra la especie por terceras personas, ¿verdad?, y tanta opacidad y oscurantismo en lo que podría ser simplemente una investigación científica más no hace sino acrecentar los temores en este sentido.

Volviendo a la noticia que da pie a esta nueva entrada y enlazando con todo lo anteriormente dicho, hay que recordar e insistir que este derecho a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente está regulado por una Ley (la 27/2006 de 18 de julio, que transpone a nuestra legislación nacional las directivas europeas 2003/4/CE y 2003/35/CE) que se supone el Principado de Asturias debería cumplir. Sin embargo, el gobierno del socialista Adrián Barbón, haciendo gala de un insultante desprecio a la ciudadanía y a las leyes, ni siquiera llegó a tramitar la solicitud de información, al considerar que ¡¡¡ASCEL no era un actor interesado en el expediente!!! Hay que ser muy prepotentes y anti-demócratas para, desde una administración pública que está al servicio del interés de la sociedad, negarle a la misma algo que le pertenece y que viene regulado por Ley, como es en este caso el derecho a la información en materia de medio ambiente a una asociación que ha hecho por esta especie más de lo que era esperable conseguir, viendo al Goliat contra el que se tiene que enfrentar constantemente. ¿Cómo puede alegar el ejecutivo autonómico que ASCEL no es parte interesada en las acciones que ese gobierno lleve a cabo en relación al lobo ibérico? Es simplemente ofensivo. Como ofensivo es que sea el modus operandi habitual de estas instituciones en su gestión de la especie, pues su opacidad y secretismo son el pan nuestro de cada día.

¿No habría sido mucho más fácil que estos proyectos de radiomarcaje, si no tenían en realidad nada que ocultar, se hubieran caracterizado por la transparencia y la justificación del interés científico? Y es que cuando no hay transparencia hay sospecha, y todo parece indicar que algo se está haciendo mal en detrimento del interés general.

Pero sigamos. Tras el necesario recurso contencioso administrativo que elevó la asociación en abril de 2023 para obligar al gobierno autonómico a cumplir la Ley, hemos conocido por fin la sentencia firme en febrero de este año 2024, en la que el tribunal ordena al ejecutivo proporcionar a la ONG el citado expediente, censurando y reprendiendo al ejecutivo autonómico su actitud contraria a la Ley, justificando en su escrito que "... la falta de tramitación del expediente administrativo y la invocación de una pretendida falta de interés legítimo para solicitar la información, ... / ... es una conducta especialmente reprochable de la Administración".

Pero, amigos, cuando hablamos en plural al hacer referencia al oscurantismo y las malas praxis en las actuaciones de estos organismos públicos en relación a la protección del lobo es porque es el modo de actuar de todas ellas, y la historia reciente viene a demostrárnoslo. Como dirían algunos, ahí está la hemeroteca para desengañar a los incrédulos. Hoy mismo, por ejemplo, aparece en la prensa nacional que ASCEL ha denunciado también a la Junta de Castilla y León por unos hechos que igualmente están relacionados con ese sospechoso y repentino interés -como si de una infección vírica se tratara- por radiomarcar lobos que les ha entrado a las mismas instituciones que antes los tiroteaban como si no hubiera un mañana. Así, en la provincia vallisoletana miembros de esta asociación descubrieron otro lazo de captura en vivo y hasta cinco cámaras de fototrampeo, además de otra de vigilancia fija, en un camino público y sin señalizar, algo a lo que obliga la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. No es algo subjetivo que las instituciones públicas deben ser las primeras en dar ejemplo del escrupuloso cumplimiento de la Ley, para que moralmente puedan después hacerla cumplir al resto de los ciudadanos con verdaderos argumentos. Sin embargo, aquí, además de este vergonzoso incumplimiento de la legislación, se ha puesto nuevamente en peligro la integridad física de las personas y de los animales, tanto domésticos -como ya sucedió en Asturias- como silvestres -como también denunciaron en el Principado los miembros del FAPAS-. Y hablando de Valladolid, obviamente se nos viene a la cabeza que hace tan solo unos meses ASCEL denunció ante las fuerzas de seguridad la muerte de varios lobos en esta provincia castellana.

Las cuantiosas partidas presupuestarias que el MITERD pone a disposición de las comunidades autónomas para llevar a cabo la protección y conservación efectiva del lobo ibérico no deberían estar siendo usadas para otros fines que no sean esos mismos, pero aquí parece que la duda de la sospecha envuelve inevitablemente el destino que hacen de estas inversiones esas CCAA que siempre se caracterizaron por la férrea persecución de la especie. Es lamentable que debamos ser los ciudadanos los que tengamos que vigilar, y denunciar en su caso ante los tribunales o los cuerpos de seguridad del Estado, a las mismas instituciones públicas que deberían, muy por el contrario, velar por el interés general y el estricto cumplimiento de la Ley. La propia inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) en septiembre de 2021 solo tuvo lugar tras otro Recurso Contencioso Administrativo que interpuso ASCEL ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras el silencio administrativo con el que el MITERD respondió al procedimiento reglado de inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas que impulsó dicha asociación, algo que era de obligado cumplimiento.

Sí señores, los hechos y el paso del tiempo son cabezones y nos vienen demostrando un par de cosas: la primera y más deplorable, que es la sociedad civil la que tiene que fiscalizar a las instituciones públicas y, en su caso, obligarlas a cumplir con su cometido de servidores de lo público, al menos cuando hablamos del lobo; y, segundo, que la protección de esta especie se dirime más de lo que debería ser lógico en un país moderno en los juzgados. Lo grave es que esto va más allá de ser una cuestión puntual relacionada meramente con el medioambiente, es un cáncer extendido entre gestores y políticos que supone un modo de gestionar lo público sin pensar en lo público (la sanidad después de la pandemia o la educación son dos buenos ejemplos).

Tras la protección del lobo en 2021 las cosas no parecen haber cambiado en exceso, la lucha por su protección efectiva continúa. Y ahí nos encontrarán las administraciones, vigilantes y atentos a sus acciones.

Una carrera de fondo

Que defender la verdad en esta sociedad egoísta y mala es una carrera de fondo es algo que venimos sabiendo desde hace mucho tiempo. Demasiadas personas con intereses particulares hacen demasiadas cosas sabedoras de que mienten y hacen daño, y por lo tanto, con la plena consciencia de su propia maldad. Y si hay un ecosistema en el que la mentira es inherente a él mismo, ese es, sin duda alguna, la política. En política se miente y se hace daño casi siempre a sabiendas. Todos estaremos de acuerdo en asegurar que en el ecosistema político la agresividad desmedida es un modus operandi, y esto por desgracia es así no solo en la política nacional o de alto nivel. Se miente para manipular. Y se manipula para conseguir objetivos personales que nada tienen que ver con el beneficio de la población. Lo llamamos "votos".

Hay, además, otro ecosistema en el que la mentira, sin ser intrínseca y una forma de vida en sí misma, sí forma parte de él en demasiadas ocasiones, pues a menudo se sirve de ella -dicha por ellos mismos o por terceros- a sabiendas de serlo y para conseguir sus propios y deleznables intereses. Exactamente igual que hacen nuestros políticos. Me refiero al ecosistema de los medios de comunicación. Se vuelve a mentir para manipular. Y se manipula para conseguir objetivos particulares que nada tienen que ver con informar verazmente a los lectores y/o espectadores. Lo llamamos "ventas".

Si juntamos políticos malos, con malos periodistas el coctel puede ser explosivo. De hecho lo es constantemente y el resultado de todo ello es una sociedad crispada y polarizada, mientras ellos se frotan las manos cosechando tanto votos como ventas con el enfrentamiento. 

Hace poco, estando yo de viaje, me llegó la información del trágico suceso del ataque y muerte de una mujer de tan solo 27 años por parte de unos perros en un pueblo de Zamora. La consternación y el dolor fueron y serán siempre terribles. Una verdadera tragedia.

Sin embargo, lejos de centrarse en las causas reales del suceso el Alcalde del municipio zamorano de Roales del Pan tuvo sus dos minutos de fama al considerar adecuado ante los medios de comunicación hacer política con aquella desgracia, desviando la responsabilidad de lo ocurrido a los lobos y descargando de culpabilidad a los perros implicados en el suceso; y esto en base a su supuesto, hipotético o imaginado estrés. En su peregrina y fantasiosa argumentación los perros habían actuado así por la tensión que les provoca la presencia de lobos, pues habían atacado al ganado ¡¡a treinta kilómetros de allí!!. Ya está, lo han hecho otra vez, la puñetera política envenenando conscientemente a la sociedad con mentiras sobre el lobo. Ya está, lo han hecho otra vez, los malos políticos mintiendo, manipulando y contaminando la convivencia en nuestra sociedad. Y sí, también ellos lo han vuelto a hacer otra vez, la mala prensa sensacionalista se ha hecho eco de la mentira y le ponen el altavoz solo al manipulador. Es mentira que los perros actuaran así por el estrés provocado por la (lejana) presencia de los lobos. Como mentira es que estos últimos alteraran "... el normal comportamiento ..." de aquellos perros. Y como mentira es que haya una "... desmedida población" del depredador. Muy por el contrario, sí es cierto que constantemente hay ataques de perros a personas, tanto en zonas con lobo como en regiones sin ellos. Como incuestionablemente cierto es también que no puede haber una sobrepoblación de lobos porque es la propia especie la que autorregula su número, exactamente igual a como hacen todos los predadores apicales del planeta. Es literalmente imposible, como imposible es que vuelen. Basta ya de mentir al ciudadano, metiendo cizaña malintencionada.

Lo que sí es cierto, en definitiva, es que este señor Alcalde se inventó una tontería mayúscula, manipulando y envenenando el ambiente contra un animal sin responsabilidad alguna en los hechos, y restándosela conscientemente a los propios perros causantes de la desgracia.

El lobo siempre ha sido y será una especie animal ligada al acervo cultural del hombre, como lo son todos los competidores en cualquier aspecto de nuestra vida. Lo que no es competencia no te preocupa, lo que sí lo es, sí forma parte de tu día a día para bien o para mal. En la actualidad el lobo ya no es un verdadero competidor por los recursos propios de los humanos, por mucho que insistan en ello los voceros de siempre. De hecho, ha dejado de serlo hace muchísimo tiempo, siendo meramente anecdóticos los perjuicios que ocasiona en el conjunto de la ganadería. Pero habiendo dejado de serlo, se ha convertido a cambio en una herramienta de manipulación social. Se ha politizado. Y cuando la política manosea algo, beneficioso para ese algo no es. Claro ejemplo de esto que digo son las recientes declaraciones que se empiezan a oír y a leer cada vez más a menudo (de nuevo ese peligroso coctel de los dos ecosistemas que se mezclan en el ecotono) de que "con tanta sobrepoblación de lobos un día va a ocurrir una desgracia y se van a comer a un niño, o a atacar a una mujer". No es broma, cada vez se dice más a menudo ante la evidencia de que los daños a la ganadería son bastante poco importantes; el caso es mantener vivo el conflicto con el lobo, aunque sea a base de falacias. Con él unos ganan votos, y otros ventas.

Aquí va el último ejemplo, ocurrido igualmente durante mi ausencia en octubre. El también Sr. Alcalde, esta vez de un pueblo riojano, Castroviejo, editó un bando que decía en mayúsculas: AVISO IMPORTANTE, A TODOS LOS SENDERISTAS, CAZADORES, VISITANTES Y HABITANTES DE CASTROVIEJO, SE INFORMA DE LA PRESENCIA DE LOBOS EN LAS CERCANÍAS DEL PUEBLO, PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS ANIMALES PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO Y DE LAS PERSONAS PREVIAMENTE CITADAS.

Estupendo, chicos, la palabra "lobos" incluso aparecía resaltada en rojo por si no le quedaba claro a alguien de que dichos cánidos eran la causa de semejante amenaza a la integridad física de los vecinos y visitantes. Unos días antes algún diario se había hecho eco de la presencia de lobos en el término municipal y según declaraciones del alcalde al rotativo se podía leer que "... algún día tendremos que lamentar alguna desgracia".

En fin, el suma y sigue de la infamia. Recuerdo ahora el deleznable artículo de prensa de la revista Jara y Sedal en este mismo sentido titulado: "Un lobo entra en un pueblo y se lleva un perro: ¿Y si fuera un niño?", y del que ya me hice eco en este blog contestándoles en "Patética Jara y Sedal".

Seamos realistas. Usemos la cabeza, por favor. Tenemos una cosa de la que nos vanagloriamos que se llama cerebro y que nos permite llegar a la Luna y regresar, inventar internet y hasta predecir el clima en el futuro próximo. Pensemos, pues, y hagamos honor a ese apellido que llevamos en nuestro nombre científico como especie.

Vamos a ver, Sr. Alcalde de Castroviejo, le voy a dar una buena noticia, que sin duda le ayudará a dormir tranquilo por las noches: ni en España, ni en Europa, ni en Norteamérica hay registrado ningún ataque de lobo a persona alguna en los últimos siglos -de tiempos más remotos no se puede confirmar nada en un sentido u otro. Por el contrario, son bastantes normales los sucesos de personas mordidas por perros, y no pocos los casos en los que el afectado o afectada murió. Si hablamos solo de niños -porque en el caso de los menores sí hay estadísticas-, tendríamos que hablar del orden de 70.000 sucesos anuales en España, lo que supone 191 casos diarios en los que algún perro doméstico muerde, aunque sea de manera leve, a algún niño en nuestro país, según publica la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria en su estudio Mordeduras de perro. Análisis Epidemiológico (2011-2018) y Estrategias Preventivas. Así las cosas, pueden haber sucedido dos cosas para que usted publique dicho Bando Municipal. Una, que usted se incluya dentro del grupo de personas que desea el regreso de la caza del lobo, de los controles poblacionales, de la criminalización del cánido y de los réditos políticos exigiendo que salga ya del LESRPE, en cuyo caso traspiraría el hecho un cierto tufillo a manipulación malintencionada. O dos, que usted esté preocupado realmente, con sinceridad y buena fe, por la seguridad de las personas y animales domésticos en su término municipal. Yo espero, también sinceramente, que sea este segundo el caso, puesto que usted se habrá quedado ya mucho más tranquilo con la buena noticia que le indiqué al comienzo de este párrafo, siendo realmente otros los riesgos que de verdad pueden afectar a la integridad física de las personas que transiten por su municipio, y de los que le voy a dar alguna pista: 0 ataques de lobo a personas en la historia conocida, frente a 20-25 muertos anuales en nuestros país, más varios centenares de heridos de diversa consideración -algunos de ellos muy graves e irreversibles- por accidentes de caza. En los 8 primeros meses de 2020, fueron 51 los españoles muertos por este tipo de accidente, así que, créame, sería muchísimo más fácil que muriera una persona por un disparo en una de las tan solicitadas y añoradas acciones de caza / control del lobo, a que uno de estos cánidos representara alguna vez un mínimo peligro para alguien. 

Comparemos, pues, y luego hagamos uso de nuestra capacidad de pensar. 

Esto es la realidad de las estadísticas, y no las manipulaciones de políticos y medios de comunicación de tres al cuarto que ven en el lobo una herramienta arrojadiza perfecta para conseguir votos y ventas, polarizando y crispando a esta sociedad. Ha pasado ya casi un mes de estos sucesos, pero tras mi regreso al teclado no podía por menos de dejar constancia de mi consternación ante la evidencia de que decir la verdad es y seguirá siendo en el futuro una carrera de fondo.

Vergonzosa FCQ

Pues así es como yo calificaría, de vergonzosa, la posición de la todopoderosa Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) respecto del actual marco legal que por fin ampara la protección del lobo en nuestro país, en sintonía con el resto de países de nuestro entorno. Pero por mor de la verdad, no pueden sorprenderme mucho realmente sus últimas declaraciones, puesto que ya hace bastantes años mantenía una postura muy laxa (por decirlo suavemente) respecto de la gestión letal que en nuestro país se venía haciendo de la especie, modelo de gestión que no les parecía en absoluto mal para minimizar el uso del veneno en nuestros campos; el mismo veneno que, con seguridad, afectaría colateralmente a "SUS" quebrantahuesos. Y este era y parece que sigue siendo el quid de la cuestión: les preocupa que la lucha delictiva contra el lobo afecte a "SU" especie protegida, anteponiendo la conservación del quebrantahuesos a la del cánido. 

El 24 de agosto, hace apenas 3 días, la FCQ publicaba una nota de prensa en la que propone literalmente en su último párrafo que "-La constatación con carácter previo del cumplimiento de los requisitos posibilitará que, en los casos de ataques de lobo a dichas explotaciones, el pago de los daños y el control de las poblaciones de lobo se realicen de manera inmediata, ágil y eficiente". Un día antes el Diario de León publicaba el siguiente titular: "La FCQ considera que la actual protección del lobo deja desprotegida a la ganadería" y haciendo malabares linguísticos su Vicepresidente, el Sr. Gerardo Báguena, intentaba justificar que el lobo permanezca en el LESRPE al mismo tiempo que aconsejaba que "... el control no puede ser ni ambiguo ni laxo, tiene que ser concreto, claro y que se pueda ejecutar. Estamos trabajando legalmente para que el contenido del Lespre, sin cambiar el sentido de la norma, sí que se cambie el orden de las actuaciones de tal manera que las competencias y decisión última de actuar o no para eliminar un núcleo concreto que da problemas la tenga el Gobierno regional y no el Ministerio ... / ... pero vamos a ver cómo lo gestionamos. Cómo podemos autorizar batidas cuando corresponda y cómo podemos, de alguna manera, generar un documento útil que valga de verdad para gestionar y no solo proteger."

Pero vamos a ver si se entera esta fundación, por Dios, si una especie está estrictamente protegida por su inclusión en el listado NO SE LA PUEDE MATAR. Como no se pueden tirotear ejemplares del resto de especies que están incluidas en el mismo: colimbos, zampullines, petrel de bulwer, pardela cenicienta atlántica, paíños europeo y boreal, moritos, águilas culebrera y calzada, halcones peregrino y de eleonora, cernícalos varios, grullas, calamones, avutardas, lechuzas, búhos reales y cárabos, vencejos, carracas, pito negro, murciélagos, castor europeo, nutrias, armiños, gatos monteses, rorcuales tropicales, cachalotes enano y pigmeo, o delfines comunes y orcas, por indicar solo algunas de las 293 especies de aves y mamíferos que se encuentran incluidas actualmente en el LESRPE, y a cuyos taxones habría que sumar los correspondientes a flora, invertebrados, peces, anfibios y reptiles hasta un total de 629.

¿Quiere esta fundación pseudo-conservacionista explicar, por favor, qué encaje de bolillos pretende hacer para que el lobo sea la única especie de esta larga lista de taxones que sí pueda ser perseguida y matada? ¿Qué mente supuestamente conservacionista puede proponer semejante despropósito? ¿Podemos entonces ponernos a matar algunas de esas otras especies que he mencionado en el paréntesis previo?, ¿águilas calzadas, por ejemplo, porque se alimentan de especies cinegéticas de caza menor?, ¿avutardas, quizá, porque entran en los campos de alfalfa?, ¿o tal vez grullas porque se comen las bellotas que deberían engordar al ganado porcino?, ¿o acaso las eficientes nutrias porque se comen los peces que luego quieren pescar los humanos? ASCEL les deja meridianamente claro a los responsables de esta parodia de fundación que no es posible articular ninguna excepción con una especie concreta, además de dejar patente la gravedad de las declaraciones.

Según entiendo yo, para esta fundación hay especies de primera categoría y especies de segunda. Aunque para ellos probablemente de primera solo haya una, y ya habéis adivinado cuál puede ser, ¿no?. Sí, eso es, habéis acertado: "SU" quebrantahuesos. El resto parecen no existir, salvo que afecten de una manera u otra a esta maravillosa ave carroñera. Y por ello les preocupa la existencia del lobo, ya que enerva a la gente del campo y esta puede llegar a hacer uso del veneno para combatirlo, veneno que acabaría finalmente afectando a la recuperación del quebrantahuesos.

Ese es el pecado del lobo según ellos, y como la FCQ ya lo ha sentenciado culpable se ponen decididamente del lado de los ganaderos más extremistas y enfrente de la propia Ley, del movimiento conservacionista español, del sentido común y, por supuesto, de la propia dignidad de la fundación. Señores de la FCQ, si existe veneno en el campo -muy vinculado en general a los cotos de caza menor como método de eliminación de mesodepredadores (los mismos que controla el lobo de forma gratuita) y a la ganadería en regiones con presencia del lobo- a quien hay que controlar es al delincuente que lo esparce, no a las víctimas para quienes va dirigido. A ver si se vuelven conscientes de ello, es un delito ambiental muy grave que hay que perseguir, y responsabilizar de los problemas de la ganadería al depredador solo puede incrementarlo, por lo que es realmente grave y contraproducente su postura en este sentido.

¿De verdad proponen que para conservar al lobo debemos dejar en manos de los gobiernos autonómicos más lobicidas de la historia de España la decisión de matarlos o no matarlos?, ¿en su fuero interno se cree de verdad que para proteger a este depredador, fundamental en el equilibrio de los ecosistemas, hay que dejarlo en manos de las cuatro autonomías que siguen empeñadas en que el Ministerio les deje matar ejemplares, aún siendo una especie con un estado de conservación desfavorable?, ¿dejamos entonces la vida y hasta el futuro del lobo a la discreción de las mismas regiones que solicitan insistentemente extraerlo del mismo LESRPE para acribillarlo a tiros. Perdonad que yo alucine, ¿pero es que de verdad se puede cree la directiva de esta fundación que la ganadería española está en declive por la presencia de este depredador?, ¿también la ganadería en Cataluña, o en Aragón, o la Comunidad Valenciana, por ejemplo, o en Baleares o Extremadura, de cuyos territorios el lobo desapareció hace muchísimas décadas? Tenemos que recordar a estos señores que en todas las comunidades autónomas españolas sin excepción la ganadería tiene graves problemas estructurales independientemente de la existencia del depredador en ellas o de su ausencia, que en todas ellas son los mismos y que lo único que cambia es el porcentaje de afectación que unas u otras sufren. No existe ni la más mínima vinculación directa de la presencia del lobo con el tan cacareado mantra del "exterminio de la ganadería extensiva" como consecuencia de su protección. 

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos haría mucho bien a esta país si se limitara a hablar de la conservación del quebrantahuesos o, en el mejor de los casos, de la necesidad imperiosa de proteger la biodiversidad ibérica en su conjunto, SIN EXCEPCIONES, dejando de meter cizaña en la politizada bronca que rodea al lobo, que ya es de por sí bastante seria y difícil de resolver como para que venga ahora un actor nuevo a enrarecer más aún un ambiente que ya es de por sí extremadamente tenso? 

Obviamente este tipo de comunicados o actuaciones se lanzan a la arena pública para mantener de su lado al sector ganadero, para hacerles creer que ellos sí son sensibles a sus reivindicaciones, distanciándose del movimiento conservacionista español y, así, no ser metidos a granel en el mismo saco en el que nos meten a "esos ecologistas radicales, urbanitas y sin ningún conocimiento de la realidad rural", intentando minimizar la posibilidad de que se tomen la justicia por su mano -delinquiendo- y que esta pueda afectar al quebrantahuesos. Vamos, lo que viene siendo un "hacerles la pelota" de toda la vida, blanqueando su imagen ante ellos; puro y duro postureo, un tenderete en el que venden humo al sector ganadero, para tenerlos de su parte, simple y llanamente. Pero también es una más que evidente bajada de pantalones no reconocida ante los chantajes de quienes amenazan con seguir eliminando ejemplares transgrediendo las leyes proteccionistas y usando todos los métodos a su alcance, todos ellos actualmente ilegales contra el lobo.

Pero esta escenificación lo que hace al mismo tiempo es echar más leña al fuego de un conflicto que no necesita ya más combustible.

Por eso yo le pediría a esta fundación que deje de meter la pata diciendo barbaridades tan surrealistas como estas y se dedique exclusivamente a conservar "NUESTROS" quebrantahuesos, que no se los crea suyos de la misma manera que a los osos se los cree la Fundación Oso Pardo, y que, curiosamente, también tiene una afinidad grande con el sector ganadero y una postura poco o nada proteccionista para con el lobo por las mismas razones que la FCQ: si el ganadero se toma la justicia por su mano sembrando muerte en nuestros montes son los osos y los grandes carroñeros los primeros afectados. Son estas razones de fondo y no otras las que realmente marcan el posicionamiento de ambas fundaciones respecto a la gestión letal del lobo, mostrándose siempre manifiestamente favorables a los controles poblacionales de la especie. Pero con estas directrices se les cae la careta conservacionista detrás de la que se esconden ante esa parte de la sociedad que sí lo es realmente.

Lo dicho: VERGONZOSO.

¿Parque Nacional ... de los Picos de Europa?

O ¿Parque Ganadero de los Picos de Europa?

Hace solo tres días leía un artículo publicado en La Nueva España que llevaba el título de "Este es el sorprendente número de lobos muertos en los Picos de Europa en controles y batidas desde 1986". Solamente leer el encabezado ya sabía que no me iba a sorprender lo que pudiera descubrir en él, aunque reconozco que sentí enseguida una cierta urgencia por curiosear cuál sería el tratamiento general de la noticia. Y sabía que su contenido no me iba a pillar desprevenido porque es algo de sobra conocido entre los loberos que este mal llamado Parque Nacional representa una de las mayores vergüenzas ambientales de nuestro país.

Y la cosa no es de ahora, viene de lejos.

Ya en enero de 2013 publiqué aquí la entrada titulada "Picos de Europa entre bambalinas" a raíz del segundo lobo radiomarcado que ejecutaba la guardería de este espacio natural protegido compartido por Asturias, Cantabria y Castilla y León, una loba que portaba un collar emisor y que murió tiroteada por los agentes ambientales de esta última comunidad autónoma. El primer ejemplar con collar de seguimiento había caído unos meses antes, en el verano de 2012, de otro disparo efectuado por técnicos del propio parque nacional que lo había radiomarcado. La indecencia y bajeza no puede ser más evidente y asquerosa, cuando además sucede en un espacio natural que ostenta la figura legal de MÁXIMA PROTECCIÓN que tenemos en España, la de Parque Nacional, el primero que se declaró en este absurdo país de pistoleros, allá por julio de 1918. Pudiera haber quien piense que aquellos hechos funestos fueron puntuales, desafortunados accidentes que no eran pretendidos por los gestores de este sumidero de lobos. Pero cuando esto sucedía de manera continuada en el tiempo, la cosa cambia, y deja de parecer un suceso anecdótico y perdonable para pasar a ser entendido como lo que realmente es, un proceder despreciable y aborrecible.

¿Alguien puede olvidarse, por ejemplo, de que el biólogo del Parque Nacional Picos de Europa encargado de dirigir la gestión del lobo, un ser llamado Francisco de Borja Palacios Alberti, mató con sus propias manos -y con la ayuda de un Guardia Civil de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña- el 27 de mayo de 2004 a siete lobeznos de pocos días de edad, a golpes en la cabeza y sin contar con ninguna autorización?, ¿o se puede olvidar uno de que posteriormente la mismísima dirección del parque, lejos de despedirlo o expedientarlo, recompensó su "hazaña" con una mayor responsabilidad dentro del organigrama del parque (Secretario del Patronato), respaldando directamente así a su persona y a sus "proezas"?

No, ninguno podemos olvidarlo (1, 2). Por cierto, en el primer enlace del paréntesis anterior podéis ver una imagen de los siete cachorros de unos 15 días de edad muertos con una piedra en la cabeza, por si tenéis estómago para imaginaros la escena. Dan ganas de vomitar.

El caso llegó a los tribunales, pero se archivó unos pocos meses más tarde; ¡qué raro, ¿no?! 

El caso es que el Parque Nacional Picos de Europa estará marcado para siempre por estos repugnantes hechos y por la persecución infame que siempre ha mostrado contra el gran depredador (1, 2, 3, 4, 5). Empecinado en la persecución del lobo, el propio Francisco de Borja Palacios Alberti no se cortaba un pelo en 2018 y seguía defendiendo el exterminio del lobo, más como un sindicalista de ASAJA que como una persona que hubiera estudiado en algún momento de su vida la carrera de biología por amor a la naturaleza, la biodiversidad y por supuesto la fauna, siendo una verdadera vergüenza para el gremio (aunque tampoco penséis que es el único, sujetos de estos hay algún otro), como podréis intuir leyendo el último párrafo de este artículo, donde las protestas del sector ganadero congregaron también a este biólogo, siendo aclamado por los asistentes que dejaron dicho que "La grata sorpresa de la mañana la dio Borja Palacios, biólogo del Parque Nacional de los Picos de Europa, micrófono en mano, mostró su apoyo a las peticiones: controles efectivos de población de lobos en defensa del mundo rural".

Pero no caigamos en el error de creer que la actual dirección del parque se arrepiente de esa vileza execrable que no podemos olvidadar. O al menos nada nos hace creer hasta ahora que no añoren aquella gestión a tiro limpio anterior a la protección del lobo que le otorgó el listarlo dentro del LESRPE, como "en los viejos tiempos" del gatillo y el exterminio.

Pero sigamos con el informe al que hace referencia el artículo que origina este post. Según él, si atendemos solo a los casos conocidos, perdieron la vida  de forma legal (pero inmoral) dentro del parque nacional o en su periferia 197 lobos en 35 años -de 1986 a 2021, año en el que su protección se hizo firme tras la publicación definitiva en el BOE de su inclusión en el citado LESRPE. Esto implica que durante más de tres décadas cada año ajusticiaron una media de 5,6 lobos de entre los que campeaban por el único parque nacional que contaba entonces con presencia de la especie. Como les debía parecer poco y las protestas de los ganaderos muchas y muy ruidosas, desde 2003 en adelante la media aumentó a 8 lobos abatidos anualmente en el agujero negro en el que el Patronato convirtió a esta funeraria denominada parque nacional. Pero claro, si el propio biólogo del parque es tan bestia de matar a golpes una camada entera de cachorrillos, sin autorización alguna y extralimitándose en sus funciones, pero con el beneplácito y respaldo de la propia dirección del PNPE, no es muy difícil imaginar que el número oficioso de lobos masacrados ha sido terriblemente superior. No me cabe ninguna duda. Buen ejemplo de esta persecución, tanto institucionalizada como extraoficial, fue la masacre que tuvo lugar en los Picos de Europa cántabros cuando en dos batidas al jabalí celebradas en Camaleño en 2013 se eliminaron 9 miembros de un mismo grupo familiar, 3 el 27 de octubre y otros 6 más el 1 de diciembre, y en donde ¡¡¡uno de los lobos abatidos ilegalmente lo fue por un agente del SEPRONA!!!. La jueza archivó aquel caso también; otro más.

Es muy fácil inferir esa otra persecución furtiva si del propio informe nos creemos que haya 7 manadas que ocupen terrenos del PNPE, lo que supondría entre 28 y 35 ejemplares antes de los partos, estimando una media de 4-5 individuos por manada en esa época del año, internacionalmente aceptada para estimar las poblaciones de lobos en el mundo (aunque estos fulanos se empeñen en fantasear con cifras desorbitadas de 8-9 lobos por grupo). Si en todos estos años ellos mismos calculan que han nacido entre 417 y 556 cachorros, ¿pueden entonces explicar a la sociedad en dónde diablos están? Resulta más que necesario para entender la batalla de las cifras existente entre los matalobos y la ciencia seria que dediquéis un rato a leer el artículo titulado El lobo y el conflicto de las cifras, os será realmente útil para comprender qué hay detrás de esta cuestión crucial.

Del informe recién conocido estaría genial de la muerte que todos conociéramos, entre otras cosas, quién lo firma, puesto que ello ayudaría mucho a combatir ese oscurantismo y opacidad que rodea todo lo que las administraciones hacen alrededor de este depredador, al tiempo que nos ayudaría a relativizar o no lo que en él aparezca escrito, y así esquivar, o no, las fundadas sospechas de que puedan estar "dirigidos" en pos de unas conclusiones que ayuden a justificar las acciones letales que las administraciones matalobos siempre han usado como único medio de gestionar la especie (y de no perder los votos del entorno rural).

Me explico: parece más que obvio para cualquiera que quiera ser un poco objetivo que los informes, censos y estudios de las administraciones son, al menos parcialmente, tendenciosos, lo que se demuestra claramente cuando se empeñan una y otra vez en usar como cifra media de ejemplares por manada un número de individuos que a veces llega a duplicar los utilizados en todos los estudios internacionales, o cuando insisten en manejar la especie solo desde detrás de la mira telescópica y el gatillo. No existe otra propuesta, solo el rifle. Y todo en función de peritajes subjetivos en la determinación de la autoría de los daños, que se hacen en base a meras apreciaciones personales de la propia guardería, que a menudo tienen una formación muy desigual, cuando no escasa, y cuando en ocasiones subyace incluso un claro conflicto de intereses, dado que algunos de ellos son a su vez ganaderos. ¿Cómo es posible que el conflicto del lobo no se quiera solucionar de un plumazo utilizando definitivamente técnicas moleculares para conocer cuál es el alcance de la responsabilidad real del depredador, diferenciándola así de lo que pueda ser simple carroñeo, de un ataque de perro o directamente de un fraude alevoso del ganadero?

Todo nos lleva a pensar que si no se hacen estos estudios genéticos es porque desmentirían los resultados del actual modelo de peritaje utilizado, y conocer la cruda realidad pondría en pie de guerra (más aún) al sector "ganaduro", lo que les da miedo que se refleje luego en la urnas.

Que en este informe usen ese dato de la media de ejemplares por manada o que insista en que tras las muertes de lobos han descendido los daños al ganado, cuando diversos estudios nacionales e internacionales dicen precisamente todo lo contrario -como veremos al final-, resulta muy sospechoso, y parece dar una vez más la razón a quienes vemos como manipuladoras ciertas conclusiones. Que además el autor de las conclusiones vincule las muertes de un 19-20% de la población lobuna con el aumento de la misma a nadie se le puede escapar que es en sí mismo una perversión dialéctica intencionada -máxime cuando la relación la hace además en esa dirección (yo mato lobos = aumentan)-, dado que son dos hechos que no tienen relación directa alguna. De aumentar realmente, lo hará por otros factores diferentes, pero será "a pesar" de esa brutal eliminación de individuos. Este "quitarle hierro" a la matanza de lobos es algo que airean a menudo las administraciones regionales, llegando a decir que gracias a la caza deportiva ha crecido la población lobera. Hay que ser sinvergüenzas. Pues hijos míos, matemos quebrantahuesos, y osos, y linces, e imperiales, ... si ello no incide negativamente en la conservación de las citadas especies ... ¿qué problema hay? ya hubo un cocinero que llegó a insinuar que se dejara matar un número pequeño de osos para poder comer su carne. 

El eterno problema del lobo se sustenta siempre sobre las mismas inconsistencias, y este informe ahonda en ellas:

- Estudios científicos encargados ad hoc por las administraciones, y que entran en contradicción con otras investigaciones y otros investigadores, pareciendo ir dirigidos a justificar la gestión letal del depredador. Las conclusiones de este último que hemos conocido ahora vienen a demostrar una vez más esta hipótesis. 

- Peritajes de daños de una mediocridad abrumadora y completamente subjetivos.

- La autoría de los daños por lo tanto puesta siempre en entredicho.

- Fraudes sistémicos en las reclamaciones de daños mucho más generalizados de lo que se quiere admitir (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y un largo etc.).

- Exageración desorbitada, y a menudo MISERABLE, de los perjuicios y peligros que realmente representa la presencia del depredador para el sector agropecuario, cuya verdadera problemática es de otra índole: estructural, económica, ausencia de relevo generacional, olvido de las instituciones, atraso digital y tecnológico, pérdida de servicios sociales imprescindibles (sucursales bancarias, centros de salud, colegios,...), etc. 

- Politización de un conflicto artificial.

- Aumento de los daños a la ganadería provocado por la desestructuración de las manadas de lobos tras la persecución y muerte de algunos de sus integrantes, dificultando a los supervivientes la depredación sobre animales silvestres más complicados de capturar.

- Olvido de los servicios ecosistémicos que la presencia del lobo aporta al ganadero como cortafuegos de enfermedades transmisibles al ganado.

Este es el ecosistema social en el que se sustenta todo el conflicto del lobo en esta España majadera, lo que podemos comprender muy bien si analizamos con detenimiento el resumen que prologa el estudio publicado en PlosOne en marzo de 2016 titulado "Conflict Misleads Large Carnivore Management and Conservation: Brown Bears and Wolves in Spain". Al final del mismo podemos leer lo siguiente:

"Las quejas por depredación de lobo sobre el ganado no estuvieron relacionadas con las cabezas de ganado afectado; sin embargo, se correlacionaron positivamente con el número de ungulados silvestres capturados durante la temporada anterior, el número de manadas de lobos, y el número de lobos abatidos durante la temporada anterior. Las compensaciones por las quejas de daños provocados por el lobo fueron cinco veces superiores que las producidas por los osos, pero la cobertura mediática de los daños de lobo fue treinta veces superior. La cobertura mediática de los daños de lobo no estuvo relacionada con los costos reales de los daños de lobo, pero la cantidad de noticias se correlacionó positivamente con el número de lobos abatidos. Sin embargo, la eliminación de lobos fue seguida por un aumento de los daños compensados. Nuestros resultados muestran que la eliminación de lobos no logró el objetivo de reducir los daños, y sugieren que las decisiones en su gestión están al menos parcialmente mediadas por la cobertura de la prensa" (las partes en negrita y subrayadas las he resaltado yo, no apareciendo en el Abstract original).

Ahí es nada. Lo que dice este estudio firmado por Alberto Fernández-Gil, Javier Naves, Andrés Ordiz, Mario Quevedo, Eloy Revilla y Miguel Delibes viene a confirmar lo que hoy sabemos todos, solo que los gestores y políticos se lo callan malintencionadamente y nosotros nos desgañitamos sin que se nos escuche. Por cierto, este y otros muchos estudios sí tienen firmantes, gente que da la cara para defender sus investigaciones y planteamientos, algo de lo que deberían aprender las administraciones, siempre haciendo una gala inusitada de secretismo y oscurantismo que solo pueden llevar al ciudadano a la sospecha.

Pues bien, el Parque Nacional Picos de Europa fue el paradigma de este resumen. Se mataba oficialmente por matar, para contentar a los voceros del mundo rural, que voceaban para presionar a las administraciones, para obtener de estas beneficios en sus negocios privados, y se compensaban daños cuyo origen podía ser más que dudoso -cuando no directamente fraudulento-, para acallarlos, contentarlos y seguir obteniendo sus votos en las urnas, impregnando de política sucia la gestión de nuestro patrimonio natural. 

El nombre del Parque Nacional Picos de Europa permanecerá manchado para siempre por esta vergüenza histórica hasta que sus gestores reconozcan públicamente su indignidad y pidan perdón públicamente por la abyecta gestión ambiental que han llevado a cabo con el gran depredador del paleártico.