El goteo de lobos ibéricos (Canis lupus signatus) muertos ilegalmente siempre ha sido una lacra que demuestra la pobreza humana y cultural de nuestro país desde que un cambio de paradigma en nuestra relación con la naturaleza se fraguara en la segunda mitad del siglo pasado, cuando el mundo entero comprendió que se hacía necesario para nuestra propia supervivencia un cambio de sentido radical hacia la conservación de la naturaleza y el ecologismo. Sin embargo, medio siglo después de que las sociedades nos volviéramos más conscientes de la necesidad de cambiar nuestros patrones de conducta, la masacre de este depredador en nuestro país continúa a pesar de la cobertura legal con la que cuenta esta especie en la actualidad y gracias, probablemente, a la pestilente pasividad que demuestran tener en esta materia las administraciones autonómicas.
En la provincia de León se encontraron a lo largo de 2021, antes de su protección definitiva, no menos de 4 ejemplares muertos ilegalmente, 3 de ellos tiroteados y el cuarto envenenado.
El 1 de mayo de 2022 el cadáver del lobo ibérico que vemos en la siguiente imagen fue localizado en la comarca vallisoletana de Tierra de Campos:
También en la provincia de Valladolid, pero esta vez en Tierra de Medina, se encontró muerto el ejemplar que podemos ver a continuación, una loba probablemente envenenada a primeros de enero de este año:
En el mes de febrero aparece muerto un lobo radiomarcado en Leitariegos, Cangas de Narcea, en el "pseudo-Paraíso Natural" asturiano, cuyo eslogan mañido lleva toda la vida contradiciendo la penosa realidad que sufren allí nuestros lobos; de este suceso nos enteraremos en abril cuando sea localizado un segundo lobo radiomarcado muerto en esta región.
Y sin apenas tiempo de digerirlo, el 28 de febrero aparece otro más furtiveado desde una carretera en La Pernía, en pleno Parque Natural Montaña Palentina, sin duda alguna otro de los puntos más calientes en lo que a furtivismo se refiere en todo el norte de nuestro país.
El goteo incesante continúa. Unos días más tarde se encuentra a primeros de marzo la loba muerta que vemos debajo, presuntamente por disparo (se ve el orificio en la segunda imagen), en las Merindades (Burgos).
Y tan solo unos pocos días después, el 12 de marzo, unos excursionistas se topan con otro lobo muerto en Montenegro de Cameros (Soria).
Y es que nos encontramos ante un suma y sigue continuo de actos delictivos. El pasado sábado 15 de abril nos despertábamos con la noticia del segundo ejemplar radiomarcado muerto en 2023 por furtivos en la vergüenza del paraíso natural de Asturias, que se venía a sumar al encontrado en febrero, ya indicado unos párrafos más arriba. En esta ocasión el suceso tuvo lugar en Allande. En este sentido, debemos recordar que hace ahora aproximadamente un año, a finales de abril de 2022, ya se publicaba la noticia de que tres lobos radiomarcados habían sido furtiveados en esta comunidad autónoma, dos de ellos muertos en lazos ilegales y otro por disparo, aunque según ASCEL son ya al menos 6 los lobos contabilizados con collares de seguimiento GPS de los que se tienen noticias muertos en Asturias ilegalmente desde 2017, año en el que se puso en marcha un opaco proyecto de radiomarcaje intensivo de lobos sobre el que pesa la duda de la sospecha. Siendo estos los datos que acaban trascendiendo al secretismo que rodea el proyecto, es normal que preocupe el verdadero alcance de lobos radiomarcados que pueden haber sido muertos en realidad, y parece lógico que se analice si su persecución puede haber tenido algo que ver con el propio seguimiento o no.
Además, el propio Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) ya denunció hace dos años ante la Fiscalía la aparición repentina, y reiterada a partir de 2020, de diversos individuos de esta especie deambulando malheridos, con profundas heridas y restos de lazos trabados en el cuello -lo que no había sucedido con anterioridad en décadas de fototrampeo de la ONG- y con signos evidentes de haber sido atrapados por trampas de captura en vivo (ver este vídeo de apenas 1 minuto), en lo que relacionan con el trabajo de radiomarcaje masivo que lleva tiempo realizando el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo; estudio del que mucha gente sospecha que se trata de un proyecto encubierto para facilitar el control de la especie, sin ninguna voluntad científica con fines de conservación. Pero el FAPAS va un poco más allá y el 16 de este mismo mes publica un artículo en el que califica el radiomarcaje de lobos en Asturias como posiblemente el mayor fraude de la historia de la conservación en España, criticando el secretismo y la opacidad que rodea todo el proyecto durante sus años de desarrollo, y cuyos datos, sospechosamente, no se han incorporado a ningún documento técnico sobre el censo de la especie en la región. Región esta, Asturias, Paraíso Natural según dicen, donde el furtivismo campa a sus anchas en los Espacios Naturales Protegidos sin que el gobierno socialista de Adrián Barbón haga aparentemente nada por erradicarlo. Las ideologías progresistas pueden esperar si ellas te hacen perder votos en el medio rural, ¿verdad?. Así es, en materia de persecución del lobo, PP y PSOE van de la mano. Es más que preocupante que la administración asturiana desarrolle sigilosamente un proyecto de radiomarcaje que tiene visos de estar encaminado a la vigilancia y control del lobo en vez de a su conservación. No podemos por menos que preocuparnos cuando la información en tiempo real de la ubicación de los animales radiomarcados llega directamente, según afirma el FAPAS, al Servicio de Caza de la administración asturiana, que es el departamento que hasta la protección del cánido era el encargado del control letal de la especie. Da miedo, mucho miedo. Por si fuera poco, cada año, al concluir la temporada de caza y coincidiendo con las fechas previas a la subida del ganado doméstico a los pastos de altura, el veneno regresa a las montañas asturianas en la lucha medieval de algunos ganaderos delincuentes contra el lobo, sin que el gobierno del Principado haga mucho por perseguirlo.
Hay que ser muy conscientes de que el número total de individuos furtiveados en nuestro país ha de ser escalofriantemente superior a lo que finalmente trasciende a los medios de comunicación, puesto que los lobos muertos de los que tenemos conocimiento son solo los encontrados de manera casual cerca de caminos y senderos, a menudo por excursionistas y turistas que tienen, además, el civismo y los conocimientos suficientes como para poner el suceso en manos de las autoridades competentes. Nos podemos imaginar, pues, el número real de lobos que acabarán muriendo en lo más denso del matorral de nuestros montes, sin que ya nadie los encuentre nunca, o de los que no se den parte a las autoridades porque sean confundidos con perros. Pero además hay que ser realmente conscientes de lo que representa de problemática ambiental como especie apical controladora de herbívoros y mesodepredadores, de afectación biológica y genética para la propia especie y de aumento de la conflictividad con el sector ganadero el hecho de matar lobos.
El goteo de lobos muertos en nuestra piel de toro es, sin lugar a dudas, continuo; y así hasta los 400, 500 o 600 individuos muertos cada año por este tipo de delincuencia sin que las autoridades autonómicas aparentemente hagan nada para erradicarlo.
Ante el sangrante problema que impide a esta especie -ahora protegida por la ley- recuperarse y salir de su estado de conservación desfavorable, la sociedad se pegunta si las administraciones están poniendo todos los medios con que cuentan a su alcance para luchar contra esta lacra o si, por el contrario, continúan con la dejación de funciones que las ha caracterizado desde hace décadas en lo que respecta a la persecución de la muerte ilegal de lobos en España.
Podemos estimar que en nuestro país se venían matando en las dos o tres últimas décadas entre 450 y 600 lobos anuales de manera furtiva antes de su protección definitiva en septiembre de 2021. Y es que, señores míos, si no es con esas brutales cifras de furtivismo oculto no saldrían las cuentas. Si a equis número de manadas que se contabilizaban a finales de los 80 en la casilla de salida, con sus ejemplares adultos y subadultos, se le suman cada año una media de ejemplares supervivientes de entre los nuevos cachorros nacidos, inevitablemente la población española en casi tres décadas tendría que haberse multiplicado exponencialmente, tanto en números totales, como en grupos familiares, como en superficie geográfica ocupada. Y no lo ha hecho. El factor que ha estado limitando el número de ejemplares y clanes familiares durante 30 años nunca ha sido motivo de interés para ninguna administración autonómica o estatal, y muy escasamente para el colectivo científico, con honrosas excepciones como el llevado a cabo por Luis Mariano Barrientos que recogió datos de todas las muertes conocidas a lo largo de cuatro décadas en Valladolid y provincias aledañas. De todas las informaciones publicadas al respecto se dan detalles en Lobos, furtivismo y la cuenta la vieja, una entrada imprescindible para entender el alcance real del problema.
Dicho esto, también podemos muy bien asegurar sin temor a tergiversar la realidad, que las administraciones autónomicas no solo no persiguieron nunca el furtivismo que sufría la especie, sino que miraban directa y conscientemente para otro lado sobre este problema. Y una buena manera de demostrar esto que digo es comprobar que NUNCA realizaron estudios específicos que delataran el alcance real de las cifras anuales de lobos muertos ilegalmente en nuestro país, y que NUNCA tuvieron tampoco en cuenta las estimaciones aproximadas de muertes ilegales a la hora de establecer los cupos de las ejecuciones legales. Simplemente se calculaba el total de la población lobuna española (siempre sobreestimada además, por supuesto, ¡¡faltaba más!!) y se decidía en base a ella un porcentaje de ejemplares a matar que presumiblemente, según ellos, era asumible por la especie sin que esta llegara a sufrir una regresión poblacional. NUNCA se contabilizaron las muertes ilegales que soportaban por furtivismo nuestros lobos, lo que llevaba a que las cifras de esta delincuencia se sumaran cada año a las de muertes legales. El resultado final lo conocemos todos: la población española de Canis lupus signatus se estancó en las últimas décadas en aproximadamente 1.500 lobos antes de los partos, dejando de crecer y recuperarse: entre el censo de 1987-88 y el realizado 26 años después, entre 2012 y 2014, su población aumentó en solo 3 manadas y perdió 20.000 kms de geografía ocupada, aunque en los medios de comunicación y en boca de los políticos y sindicatos agrarios nunca se dejó de enturbiar el conflicto inventado mintiendo sobre la "terrible expansión" del cánido. Esta manera de manejar la especie viene a certificar que para las administraciones autonómicas el furtivismo era algo sobre lo que había que pasar de puntillas. Debían entender que ese problema no entraba en sus competencias.
Y lo deben seguir pensando no solo en Asturias, también en Castilla y León al menos (otra vez la inefable Junta de Castilla y León; alguien pensará, seguro, que tengo obsesión con ella: al menos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). El Viceconsejero de Medio Ambiente , Rubén Rodríguez Lucas, de esta comunidad declaró no hace mucho al respecto de los últimos hallazgos de ejemplares furtiveados en varias provincias de esta comunidad, que "Yo no voy a caer en el error de mezclar lo que puede ser constitutivo de un delito, y de lo que se tienen que encargar las fuerzas de seguridad del Estado, para averiguar lo que ha sucedido, con ese acto reivindicativo que hacemos desde todas las administraciones diciendo que se están produciendo daños enormes a la ganadería ... / ... hay que dejar trabajar a la Guardia Civil ...", aunque parece que se contradice a sí mismo al meter los dos conceptos en la misma frase.
Es más, las actuaciones de esta administración autonómica parecen desmentir esa buena predisposición a facilitar las investigaciones de estos sucesos, ahora ya posibles delitos al tratarse de una especie protegida. Lo primero que me llama la atención es ese indecente "tirar balones fuera" como si la persecución de estos hechos criminales no fueran competencia propia, y lo fuera en exclusiva del SEPRONA. Señor Viceconsejero, a ver si nos enteramos, la persecución del furtivismo es competencia clara e inequívoca de su departamento, que para eso tiene un régimen sancionador. En la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León se indica en el Capítulo I sobre Vigilancia e Inspección, del Título VI, que son competentes en esta materia tanto los funcionarios de la propia consejería (agentes medioambientales, agentes forestales y celadores de medioambiente), como la Guardia Civil y otros agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, así como otro personal oficialmente designado para realizar estas tareas de vigilancia e inspección -Artículo 121, punto 1, letras a), b) y c). En el punto 2 se les otorga la condición de agentes de la autoridad a todos ellos. Y en el Artículo 123 de la citada Ley se tipifica como infracciones muy graves las consideradas como tal en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, entre las que se considera -Artículo 80, sobre Tipificación y Clasificación de las Sanciones, letra n)- "La destrucción, muerte, deterioro, recolección, posesión, comercio o intercambio, captura ... / ... no autorizada de especies de flora y fauna incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial ...", caso del que nos estamos ocupando, el lobo.
Señor viceconsejero, permítame que le informe que perseguir y llevar penalmente ante la fiscalía o el juez estos hechos delictivos son TAMBIÉN competencia de la Junta de Castilla y León, no intente jugar al despiste con la ciudadanía en sus intervenciones públicas.
Lo segundo que me llama la atención de las declaraciones de este personaje que se olvida de buscar a los culpables y delega esta competencia únicamente en los agentes de la Guardia Civil es que, al mismo tiempo que esto sucede, dificulta al citado cuerpo de seguridad del Estado que realice las oportunas pesquisas con la diligencia que sería deseable para el esclarecimiento de los hechos. ¿Cómo? simplemente demorando los trabajos de recogida de animales, los traslados a los CRAS (Centros de Recuperación de Animales Silvestres) y la realización de las correspondientes necropsias. A la Junta no le corre ninguna prisa trasladar la información de las necropsias a la Guardia Civil o a sus funcionarios de medio ambiente porque simplemente le da igual que cada caso quede archivado en el olvido. Cuando un lobo es encontrado muerto por algún ciudadano, los agentes medioambientales o del SEPRONA que lo recojan lo trasladan a la oficina comarcal, donde será depositado en un arcón frigorífico antes de su traslado al CRAS de referencia, donde se le realizará la oportuna necropsia. La diligencia en todos estos pasos es fundamental para que los agentes de la Guardia Civil y de Medio Ambiente realicen las posteriores averiguaciones, conociendo las circunstancias reales en las que dicho animal murió. La celeridad en estos dos pasos son, por lo tanto, fundamentales si la administración deseara dar con el furtivo y atajar este tipo de delincuencia. Sin embargo, nos encontramos con que esa urgencia no existe en el caso del lobo. Un ejemplar puede permanecer en el arcón de una oficina comarcal demasiado tiempo y, aún después de ser trasladado el cuerpo a un CRAS, la necropsia puede al final demorarse todavía semanas y hasta meses antes de ser realizada. ¿De verdad la Junta de Castilla y León quiere dar con los delincuentes que matan lobos en nuestra comunidad? Es obvio que no. Le da tan igual en la actualidad, siendo ahora un animal protegido, como le dio antiguamente cuando no lo estaba.
Además, el nulo interés que aparenta tener la Junta de Castilla y León en la persecución del furtivismo que soporta el lobo lo demuestra también con la inexistencia de algo tan básico y sencillo de establecer como es un protocolo específico de recogida de cadáveres, así como de plazos en su traslado a los CRAS y de la realización de unas necropsias urgentes, dado que se trata de esclarecer un acto delictivo sobre una especie protegida. Esto es muy grave dado que en este supuesto concreto se une un factor que no se da con ninguna otra especie amparada por la legislación española: es un animal que, aun estando protegido por la ley, resulta ser muy perseguido y odiado por una parte concreta de la sociedad. ¿Alguien podría entender que se encontrara un oso, o un lince, o un águila imperial o perdicera muertos en el campo y la necropsia se tardara en realizar semanas o meses? Sería insultante, propio de una administración bananera y corrompida, que no desea hacer bien su trabajo. Pues con el lobo es lo que pasa.
¿Un protocolo de recogida de cadáveres de lobo, especie protegida a la que odio, y de plazos de necropsias?, ¡¡¡qué dices!!!!, ¿para qué? ¿para cazar a los furtivos que están haciendo el que hasta septiembre de 2021 era mi trabajo? ¡¡¡Ni de locos!!!
Dicho todo lo cual, a nadie le puede dejar de parecer muy sospecho que esta laxitud y apatía en perseguir este delito ambiental concreto, sea el modo de proceder habitual de la misma administración que se ha prodigado en el pasado en acosar con ahínco a la especie cuando ello era legal, y que continúa haciendo en la actualidad una dura campaña contra el cánido con todos los medios a su alcance (en los juzgados, en las instituciones europeas y en la prensa); como tampoco debe extrañarnos que en declaraciones a un medio de comunicación un viceconsejero de medio ambiente se ponga de perfil ante el furtivismo, deje su persecución para la Guardia Civil, olvidándose de la propia competencia de su departamento en la investigación de delitos contra la fauna protegida, y que además vincule siempre dicha lacra con la (para ellos) indeseada presencia del animal.
Habrá muchos ciudadanos que podamos pensar que las administraciones asturiana y castellano-leonesa miran, como mínimo, para otro lado ante la existencia de este gravísimo problema que masacra la población de una especie amparada por la ley, lo que unido al hecho de que estos gobiernos autonómicos en su vida hayan pretendido acabar con la muerte ilegal de lobos, pudiera tener, presuntamente, visos de ser realidad. Y si no es así, la sociedad les insta a que demuestren ya de una vez por todas que persiguen de verdad estos sucesos, con voluntad y firmeza. En realidad les instamos a que comiencen a hacerlo, como es su obligación con el cambio de cobertura legal que implicó su inclusión en el LESRPE. Mientras esto no ocurra, los ciudadanos seguiremos convenciéndonos de que las instituciones autonómicas continúan ninguneando esta lacra ambiental igual que hicieron en el pasado.
Cada cual que juzgue sobre los hechos.
