Así las cosas, la llegada del siglo XX ya apuntaba maneras, y la práctica totalidad del litoral mediterráneo había dejado de contar con la presencia estable del gran carnívoro del Paleártico. El hombre había puesto el pie en el acelerador y se generalizaba el uso del veneno como método de control de predadores, aunque ya históricamente se había usado untado en las puntas de flechas, saetas y lanzas, y regulado incluso en 1542 por las Cortes de Valladolid, durante el reinado de Carlos I, constituyendo su uso una excepción únicamente permitida para el abatimiento de lobos, quedando expresamente prohibida para cualquier otra especie, lo que da una idea del encono que de siempre ha sufrido este cánido. El uso generalizado del veneno fue autorizado finalmente por la Ley de Caza de 1879, uso que no se prohibió de manera total y definitiva hasta 1995!!!! a través del artículo 336 de la Ley Orgánica 10/1995 del 23 de noviembre del Código Penal. Un Reglamento de 3 julio de 1903 desarrollaba la Ley de Caza de1902, y en su sección VII enumeraba las especies dañinas a perseguir y la recompensa que se debía abonar a quien las abatiera. Por cada lobo macho los ayuntamientos debían abonar 15 pesetas, y 20 si era hembra; los lobeznos, por su parte, solo suponían 7,5 pts de bonificación, lo mismo que los zorros. Un lince, por ejemplo, se pagaba a 3,75 pts. El citado Reglamento obligaba a través del art. 67 a los Gobernadores Civiles a destinar partidas presupuestarias municipales para este fin ante las continuas quejas de muchos ciudadanos de que los ayuntamientos no reservaban dinero para estos pagos.
Se produjo entonces un cambio radical en la enconada persecución que del animal veníamos haciendo. El desembarco y generalización del uso del veneno desde décadas atrás como medio de exterminio, combinado con la proliferación y mejora de las armas de fuego consiguió que en las primeras décadas del nuevo siglo la superficie ocupada por el lobo en la península se hubiera reducido ya a menos de la mitad.
Y tan solo otros pocos años más fueron suficientes para acantonarlos en el cuadrante noroccidental de la península ibérica. Lo que había parecido imposible durante siglos de persecución ancestral, era una ansiada realidad para gran parte de la geografía ibérica. El acoso obsesivo del hombre hacia todos los depredadores, especialmente el lobo, marcó un antes y un después con la creación en 1953 de las Juntas Provinciales de Extinción de Alimañas y Protección de la Caza, organismo público dependiente del Ministerio de Agricultura franquista que se fundó para perseguir todo ser vivo que pudiera competir con el hombre por los recursos cinegéticos, y que durante ocho años hasta su disolución en 1962 permitió recompensar la muerte de 1.470 lobos, junto con 1.207 águilas reales, 22.861 ejemplares de otras rapaces, 153 linces, 3.479 gatos monteses o 53.754 zorros, por poner solo algunas cifras. La estricnina asociada a la gestión ganadera y cinegética hacía estragos, no solo entre los lobos, sino entre otras especies que fueron llevadas al borde mismo de la extinción, como en el caso del quebrantahuesos. Sin duda fueron décadas nefastas en nuestro país. Ya no eran necesarias las viejas y monumentales trampas loberas de fabulosos muros convergentes en un pozo, que movilizaron durante siglos y hasta mediados del siglo XX -que es cuando se tiene constancia de la última batida- a centenares de paisanos de los pueblos de la comarca batiendo el terreno para empujar al temido depredador a aquel callejón sin salida, algunas de ellas construidas y mantenidas en activo desde, por lo menos, la Edad Media. Loberos y alimañeros con un zurrón lleno de cebos envenenados sembraban de muerte nuestros campos. El uso indiscriminado y constante de las escopetas hicieron el resto.
Entonces se produjo un nuevo punto de inflexión en este desencuentro entre los dos grandes superdepredadores de Europa: un cambio de actitud y de mentalidad en la sociedad española, que se paralizaba absorta delante de los televisores cada semana, viendo y sintiendo los programas del Hombre y la Tierra. Nos enamoramos de lo que teníamos fuera de nuestras ciudades y pueblos, aquella naturaleza increíblemente bella y salvaje estaba ahí mismo, a nuestro lado. Los cinco capítulos dedicados al lobo ibérico consiguieron convencer a la España de la incipiente transición de que el lobo debía ser protegido y conservado. Este cambio de mentalidad consiguió que se cambiaran leyes (en 1970 se prohibió tímidamente la utilización "no autorizada" del veneno, al tiempo que el lobo pasa a ser considerado "especie cinegética" lo que prohibe por fin que se le pueda matar en todas las épocas del año, en cualquier circunstancia y con todos los métodos posibles, incluidos venenos, lazos, cepos, ...) y que el desenlace fatal del definitivo exterminio del lobo se alejara cuando su población debía rondar mínimos históricos, con unos escasos 200 lobos (Valverde, 1971) ocupando una superficie de apenas 80.000 kilómetros cuadrados de los casi 600.000 que tiene la Península Ibérica. El Decreto 2122/1972, de 21 de julio, que regulaba el empleo de veneno y la concesión de las preceptivas autorizaciones, no fue derogado hasta la llegada del Real Decreto 2179/1981, de 24 de julio, que publicaba el nuevo Reglamento de Armas. Sin embargo, se siguieron concediendo permisos para envenenar nuestros campos hasta 1983, último año en el que los Gobiernos Civiles otorgaron autorizaciones.
Es cierto que aunque sus efectivos y la salud general de su población han mejorado respecto de su momento más crítico, no es menos cierto tampoco que tras un período de tiempo de relativa recuperación, en las dos últimas décadas su área de distribución no ha mejorado sustancialmente. Entre el mapa que refleja el área aproximada ocupada por la especie en 2000 y el actual que vemos debajo no notamos apenas diferencia, excepto quizás el regreso a la Sierra de Gredos y el asentamiento definitivo en la provincia de Ávila, siendo prácticamente idénticos los censos nacionales de manadas publicados en 1990 y en 2015. Sin embargo, en contraposición a este estancamiento en los medios de comunicación no oímos más que noticias sensacionalistas que hacen referencia a la supuesta "alarmante expansión incontrolada" que está experimentando el lobo y a la necesidad de controlarla.
El segundo censo (estimación) nacional se llevó a cabo entre los años 2012 y 2014, es decir, un cuarto de siglo después, siendo contabilizadas en esta segunda oportunidad 297 manadas, que se repartían por 91.620 kilómetros cuadrados de nuestro país, pero con un número de lobos sin conocer públicamente ya que se hace imposible encontrar este dato o el de tamaño medio del grupo en informes públicos oficiales, lo que resulta muy sospechoso de cara a la transparencia que de la polémica gestión de esta especie está haciendo la administración. Artemisan, el lobby cinegético más poderoso de nuestro país, estima en base a lo que ellos denominan "... revisión de diferente bibliografía científica ...", pero que se cuidan mucho de no especificar, que hay entre 2.300 y 3.250 lobos (lo que sumaría de ser cierto una media de entre 7,7 y 10,9 individuos por cada núcleo familiar), suponemos que incluyendo también ese porcentaje que se conjetura en España de lobos flotantes. Según otros artículos en prensa esta cifra se reduce a 2.500 ejemplares, en cuyo caso el tamaño medio de manada sería de 8,4 individuos.
Los dos sencillos párrafos anteriores nos cuentan varias cosas realmente importantes. La primera, que durante las últimas décadas el número de manadas y de superficie ocupada por la especie no han variado un ápice, algo que se contradice con la tan reiterada expansión incontrolada del lobo, llegando a ser calificada en los medios de comunicación como de "plaga". Estos resultados solo se pueden interpretar de una única manera: la recuperación de la especie se ha frenado casi por completo y se encuentra en un proceso de estancamiento, lo que se podría calificar eufemísticamente de "estabilización". La segunda cuestión es tan obvia que da vergüenza ajena tener que hablar de ella: ¿cómo se explica de un modo científico y empírico que si el número de grupos reproductores y la superficie que ocupan no ha variado en más de dos décadas ahora hayamos pasado de golpe a tener una horquilla de entre 1.500-2.000 ejemplares a otra de 2.500 según algunas publicaciones o incluso de 2.300 a 3.250 según otras? Obviamente los redactores de las conclusiones del censo han decidido aumentar el número de ejemplares por grupo en base a unos criterios científicos, cuanto menos polémicos dado que son numerosos los expertos que valoran medias muy inferiores a las que aquí se están utilizando -y de las que luego hablaremos- en este segundo estudio nacional para calcular la población de lobos de nuestro país. ¿Por qué somos el único país del mundo que infla el número de ejemplares por manada?
La respuesta queda en el aire, aunque es fácil imaginar las implicaciones que esta decisión tiene a la hora de justificar, por una parte, los controles poblacionales al sur del Duero y los aprovechamientos cinegéticos al norte, a parte de las implicaciones profesionales que, por otro lado, pueden tener para los redactores del Segundo Estudio Nacional a la hora de recibir nuevos encargos por parte de esas administraciones que, no lo podemos olvidar, quieren gestionar la especie a golpe de acciones letales, bien como objeto de la mal llamada "caza deportiva", bien con la normalización de los "controles excepcionales", que tan habituales se han vuelto ya, para vergüenza de nuestras administraciones. La verdad es que se hace difícil no pensar en una premeditada manipulación del estudio con fines concretos. Otro ejemplo de esta manipulación torticera lo encontramos en el siguiente caso: en 2016 la titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Sra. Tejerina, solicitó a Europa que se permitiera la caza del lobo también al sur del Duero, basándose para ello en el informe publicado el 11 de marzo de 2016 por el Ministerio de Política Territorial explicando los resultados y metodología con que se realizó el Segundo Censo Nacional, participado por su Ministerio y las CCAA con presencia del cánido, y en el que se hace referencia a un supuesto "inventario" de 2007 -que como veremos enseguida no es tal- en el que se estiman 250 manadas únicamente. Dice textualmente este informe que "Hay que tener en cuenta que la estimación realizada en 2007 (Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres Españoles), aunque con diferente metodología, fue de 250 manadas." Sin embargo, el citado Atlas de Mamíferos Terrestres hace su estimación a partir de los censos de solo dos CCAA (Castilla y León, 2001, y Asturias, 2004), de otros informes dispersos y del primer censo nacional, pero sin aportar censos reales del resto de Comunidades Autónomas, lo que en modo alguno se puede comparar ni considerar como un inventario o censo en sentido estricto, y menos aún nacional. Sin embargo, pasar por alto los datos del primer Estudio Nacional le resultaba a la Ministra muy útil para apoyar la idea de que la población había aumentado mucho -en concreto de 250 manadas a 297-, aunque esa cifra de 250 grupos no fuera el resultado de ningún censo nacional, y ni se le pareciera. Desde luego le resultaba mucho más ventajoso para su pretensión que reconocer que en 26 años la población española de lobos había aumentado solo en 3 grupos.
Pero dejemos estas batallas, que me disperso, y regresemos al objeto de este post.
Escandinavia 5 - 5,9
Finlandia 5,4
Bialowiesza, Polonia 4 - 5,3
Cárpatos, Polonia 3,9 - 5,6
Eslovaquia 5,7
Francia 4,9
NW Croacia 4 - 5
S Croacia 5 - 7
Cansentinesi, Italia 4,2
Apeninos, Italia 3,7
Portugal 4,5
España (2012-2014) 7,7 - 10,9 / 8,4
Castilla y León (2000-2001) 8 - 10
Sobran las palabras, Spain its diferent.
Como estamos viendo, para conocer de un modo aproximado el tamaño de la población lobuna española o ibérica necesitamos conocer tres parámetros distintos: el número de grupos, el tamaño medio de las manadas durante el invierno (es fundamental que sea en esta época, como ya hemos visto) y el número de ejemplares flotantes. Pues bien en España los censos que se realizan tienen en cuenta las cifras de ejemplares por grupo en verano, al contrario de lo que internacionalmente se asume. ¿Por qué? Es innecesario exponer que, teniendo en cuenta que los cupos de "extracción" (término que eufemísticamente significa "muerte") que se realizan en nuestro país se basan en las cifras resultantes de estos pseudocensos, sobreestimar el número de lobos implica la muerte de un mayor número de ellos, lo que a medio y largo plazo puede resultar en un grave problema para la sostenibilidad y conservación de la población, lo que pudiera parecer el oscuro objetivo final de nuestras administraciones, muy al contrario de lo que se hartan en proclamar.
No se puede pretender desde las administraciones que el conflicto social entre los sectores conservacionistas y antilobo se solucionen si partimos de la base de que se juega irresponsablemente con las cartas trucadas. La manipulación objetiva de la realidad por parte de nuestras instituciones es patente y soezmente tendenciosa, comportándose de un modo insensato con la tergiversación que hacen de las cifras. El enfrentamiento entre detractores y defensores del lobo, por un lado, entre administraciones y afectados por los ataques, por otro, y finalmente entre ONGs e instituciones, no beneficia a nadie exceptuando a los medios de comunicación que no solo obtienen carnaza para sus artículos sensacionalistas, sino que se han convertido en parte del problema al amplificar demagogias y mentiras, y solo el uso de la verdad puede derivar en un, hoy en día hipotético, entendimiento entre todas las partes implicadas. Comencemos pues, por realizar estudios de las poblaciones ibéricas de lobo realistas, con base en estudios científicos rigurosos, independientes, con metodologías internacionalmente consensuadas, y sin manipulaciones posteriores de los resultados.
Se trata de algo tan sencillo y a la vez tan complicado como tener sentido de la responbsabilidad.