Un cuento de lobos, jueces y políticos

Este año 2020 lo hemos estrenado con una noticia agridulce: el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) da la razón una vez más a la movilización ciudadana y da un serio tirón de orejas a la Junta de Castilla y León (el enésimo varapalo judicial que recibe en materia de medioambiente) al anular el programa de Aprovechamientos Comarcarles de Lobo al Norte de Duero llevados a cabo en las temporadas 2016-17, 2017-18 y 2018-19, declarándolo ilegal, y le impone una multa de 1.602.153 € a fin de reparar el daño causado al lobo durante las dos primeras temporadas en las que se abatieron 173 lobos mediante un programa de conservación, recuperación y divulgación de la especie (la tercera y última temporada, en la que se pensaban abatir 143 ejemplares, fue suspendida como medida cautelar por la justicia, en otro revés judicial, y ya son tantos que perdemos la cuenta). Esta última sentencia da la razón a ASCEL que llevó la orden de aprovechamientos comarcarles de la junta ante los tribunales, y en ella se justifica el veredicto en base a que al citado plan cinegético de la Junta le falta "...información suficiente, objetiva, científica y actual", o dicho de otro modo la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, dirigida por Juan Carlos Suarez-Quiñones y Fernández, decide el número de ejemplares a eliminar sin ningún criterio científico que avale que semejante carnicería no vaya a afectar negativamente a la conservación de la especie en su conjunto.

Esta sentencia declara ilegal la muerte de los 173 lobos, pero para ellos y para la especie llega demasiado tarde; el daño causado ya es irreparable, como irremplazables son las vidas de esos animales muertos. La vergüenza es que los ineptos que gestionan el medio ambiente de Castilla y León no paguen de su peculio las multas y las costas de los procedimientos judiciales que se empeñan en perder con increíble asiduidad. Ellos recurren una y otra vez, hasta que el último estamento judicial confirma las sentencias anteriores; "total, las costas de estos procesos las pagan todos los ciudadanos, no nosotros", pensarán mientras se ríen en nuestra cara. Los continuos juicios perdidos por la Junta de Castilla y León respecto de su gestión cinegética y de la propia aniquilación del lobo ponen de manifiesto la patética categoría humana y profesional de estos señores que se aferran a sus sillones y a los que nunca vemos dimitir.

El actual Plan de Aprovechamientos Comarcarles de Lobo en los Terrenos Cinegéticos situados al Norte del Río Duero en Castilla y León para el trienio 2019-2022 debe ser suspendido de facto al ser un calco del anterior recién anulado, para que no suceda que el siguiente y seguro nuevo revés judicial llegue de nuevo tarde para decenas de animales a los que la Junta de Castilla y León pretende masacrar, y que les recordamos son patrimonio natural de todos los españoles. Hay que recordar que el mismísimo "Plan de Conservación y gestión del Lobo en Castilla y León" fue también anulado por una sentencia del TSJCyL y posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo a finales de 2018, y que los tres planes de aprovechamientos cinegéticos anteriores fueron igualmente suspendidos en instancias judiciales.

¿Cómo se podría entender que el Programa de Aprovechamientos Comarcarles que ahora pretende matar 339 lobos en las tres temporadas de caza venideras se pueda llevar a cabo? El manejo que la Junta de Castilla y León hace del lobo no puede calificarse más que de rotundamente nefasto, basado en el simple exterminio de ejemplares, y sin ningún principio o pauta dirigida a la conservación de la especie. Ni siquiera los planes de aprovechamientos cinegéticos están justificados por conflictividad social y daños a la ganadería, dado que se establecen con anterioridad en el tiempo. Se persigue sencillamente extirpar sus efectivos sin justificación de ningún tipo y, evidentemente, sin ninguna base de carácter científico. Es de hecho un modelo de gestión aciago y siniestro, perverso con las propias leyes de conservación de la naturaleza.

La Junta de Castilla y León -el verdadero caballo de Atila del medio ambiente de esta comunidad- decide los cupos en base a un censo inflado, duramente criticado por numerosos biólogos y conocedores de la especie, ya que por un lado estima en algunos casos un número de manadas sin que se llegue a constatar la reproducción (requisito internacionalmente admitido como indispensable para considerar la estructura de una manada como tal), por otro multiplica el número de ellas por un número de ejemplares completamente utópico para la realidad del lobo ibérico, notable y malintencionadamente inflado, y por último no cuenta la altísima tasa de mortalidad natural y no natural que soporta la especie. Para la Junta solo nacen lobos, lobos que suma (incluso suma los que no existen), y solo parecen morir aquellos que decide matar mediante cupos para la caza deportiva. Para la Junta no existe la mortalidad infantil, ni la natural por enfermedades o peleas entre individuos, ni por atropellos, ni por caza furtiva, ni por nada de nada que se le parezca; para la Junta solo nacen lobos.

Nuestra penosa administración regional aduce que con lo que ellos llaman eufemísticamente "cupos de extracción" de lobos -aunque es mucho más razonable hablar directamente de "exterminio"- pretende reducir la conflictividad social que genera la especie en el medio rural, pero tras años de masacrar ejemplares está sobradamente demostrado que esta conflictividad no solo no se ha reducido sino que ha aumentado (con la inestimable ayuda de medios de comunicación sensacionalistas y muy poco rigurosos). Esto demuestra que semejante justificación no solo no se basa en hechos reales, sino que parece ser una burda disculpa para seguir explotando económicamente la muerte por diversión (lo que algunos llaman también caza deportiva) de este carnívoro apical. Es más, un porcentaje importante de los cupos de lobo que se pretenden ejecutar en las próximas tres temporadas de caza se llevarán a cabo en cuatro reservas regionales de caza (Mampodre, Fuentes Carrionas, la Culebra y Riaño) donde los ataques al ganado son verdaderamente mínimos.

Esta es la única realidad: la conflictividad no se reducirá al matar lobos (como demuestran, por otra parte, diversos estudios), sino cuando desciendan los daños al ganado y cuando nuestra penosa Administración indemnice de verdad -suficientemente y con rapidez- a aquellos ganaderos que adopten medidas preventivas. Esto es lo que debería guiar las actuaciones y medidas de la Junta de Castilla y León, además de por mandato de la propia Unión Europea que así establece la prioridad de las medidas preventivas a las letales. La carnicería de animales mediante el tiro limpio se ha demostrado ampliamente ineficaz para reducir el conflicto social, como así lo han evidenciado los miles de lobos ejecutados en las últimas décadas. Por este mismo motivo hay que perseguir y sancionar la picaresca y el fraude que se extiende como una epidemia entre los que más alto vocean contra la especie, ya que incrementa y magnifica el conflicto artificialmente, achacando al lobo actuaciones que no le corresponden.

El Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el ya arriba nombrado Juan Carlos Suarez-Quiñones y Fernández, tiene la obligación moral de dimitir ante el enésimo revés que sufre en los juzgados su infausta, lamentable y sinietra política medioambiental, y desde esta página no podemos por menos de solicitar dicha dimisión.

NOTA: Agradecezco a Ascel la cesión de la primera imagen que nos muestra el trágico resultado final de la barbarie que continuamente tenemos que soportar en esta comunidad autónoma respecto de la gestión lobicida que llevan a término nuestros políticos y funcionarios. Esta vez ha sido un bello animal muerto al amparo de la Ley el que ha sufrido la cólera de la Administración, pero otros muchos acaban tiroteados furtivamente entre los matorrales de nuestros montes por la ira de una sociedad manipulada en el desconocimiento de su realidad, primero, e inducida al odio, después; de esos otros muchos lobos vehementemente furtiveados nunca sabremos nada, víctimas de una violencia humana gratuita. Con esta gestión es el odio al lobo el que vence.

Yo y la inmensa mayoría de la sociedad nos quedamos con la belleza del lobo vivo y con la imperiosa necesidad de contar con su presencia libre en la naturaleza.

El resto de imágenes están realizadas con ejemplares cautivos en el Centro del Lobo, en Zamora, cínicamente inaugurado para promocionar la figura de este hermoso animal y educar ambientalmente a la sociedad sobre la importancia de la especie en el equilibrio de los ecosistemas, por la misma Administración que solo sabe gestionarla a tiro limpio y que ha demostrado con reiterada cabezonería que no desea conservarla.